PTEO y gobierno: ¿cuál reforma educativa?

+ Cambiar relación gobierno-S/22-ciudadanía

Fácticamente, el Gobierno del Estado aceptó el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, aunque hoy es claro que eso ni tiene perspectivas de mejorar sustancialmente la educación, ni reestructura la relación política entre el gobierno y el magisterio democrático, ni genera puentes de entendimiento y concordia entre ambos (el gobierno y el sindicato) con la ciudadanía. ¿Qué podemos ganar entonces los oaxaqueños ante esta alianza entre el gobierno y los profesores de la Sección 22 del SNTE?
En efecto, el único punto de referencia que existe en nuestro país de una reforma de gran calado en esa materia, es lo que acaba de hacer el gobierno federal. Y, en ese sentido, lo único material que esencialmente ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es meter a prisión a la ex lideresa Elba Esther Gordillo Morales. Curiosamente, todos aplauden al Presidente, pero no porque la reforma educativa genere cambios en automático en la educación o porque mejore los índices educativos en el país. En el fondo, las loas parten del hecho de que el poder presidencial demostró su voluntad de cambio logrando dos hazañas que hasta hace poco parecían imposibles: uno, la reforma constitucional; y dos, el descabezamiento de la dirigencia sindical.
¿Por qué hacer el contraste entre el ámbito federal y Oaxaca? Porque fundamentalmente, el contraste de la reforma educativa que acaba de consolidar el gobierno del presidente Peña Nieto se encuentra aquí, donde la Sección sindical del magisterio plantea una visión alternativa de la mejora educativa. Se supone (porque esa es la justificación) que ambas visiones de la educación tienen como fin el brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, es harto contrastante la forma en cómo un gobierno y otro (el de Oaxaca y el federal) intentan generar esa mejora. ¿Por qué?
Porque el gobierno federal decidió dejar atrás los pactos de complicidad, y actuar. El solo hecho de consolidar una reforma educativa que no había sido dictada desde los escritorios del SNTE, para luego descabezar a la dirigencia que intentaba oponerse al cambio, permitirán al gobierno federal, en el mediano plazo, tener un margen holgado de movilidad para llevar a cabo los cambios graduales que requiere la educación pública (incluso, si en este momento el gobierno federal decidiera suspender todo movimiento alrededor de la educación, y no implementara ninguno de los cambios establecidos en la reforma constitucional, de todos modos pasaría a la historia por haber desmantelada la nociva hegemonía sindical en el ámbito educativo).
En cambio, ¿qué ha hecho el gobierno de Oaxaca? aquí se optó por el camino que, según quedó claro en la experiencia federal, es el equivocado. Pues aquí en Oaxaca lo único que queda perfectamente claro es que la alianza y la complicidad entre el gobierno y el sindicato es más fuerte, y por tanto rebasa por completo, cualquier perjuicio que esta alianza pueda ocasionar a la educación, a la ciudadanía, a la gobernabilidad e incluso al futuro de los niños y jóvenes oaxaqueños.
¿Por qué esta alianza es inamovible para el gobierno de Oaxaca? porque, según parece, ellos están claramente convencidos de que la Sección 22 integra el bando de los buenos; que ellos no pueden ni deben abandonar esa postura; y porque, del mismo modo, están convencidos de que sólo así podrán mantener la gobernabilidad.
Sin embargo, ante los hechos quedan muchas preguntas: ¿De veras la 22 integra a tal grado el bando de los buenos, aun cuando su apoyo social es francamente imposible de comparar con el que tuvo en otros tiempos, como los del conflicto magisterial de 2006? ¿De veras es posible seguir creyendo que ese es un camino para mantener la gobernabilidad, hoy que Oaxaca es una entidad más que nunca sometida a los caprichos e intereses de los maestros democráticos?

CAPACIDAD DE RESPUESTA
No perdamos el punto: en el ámbito federal el gobierno tuvo la capacidad de responder a los problemas que enfrentaban. Por eso apuraron la reforma constitucional y tomaron medidas con la profesora Gordillo. No es posible saber hoy cuál será el alcance material que tenga el nuevo contenido constitucional. Pero sí nos queda perfectamente claro que el gobierno consiguió poner sobre la mesa la certeza de que es el Estado quien dicta las normas, y que el margen de negociación tiene límites que no pueden traspasarse.
Eso es lo que en Oaxaca no existe. A la luz del público, el gobierno está completamente replegado a los intereses magisteriales y con eso ha dejado de atender el interés de la mayoría y los derechos de todos aquellos que nos convertimos en víctimas colaterales de una disputa en la que, como ciudadanos, tenemos todas las soluciones lejos de las manos. Por eso, para el grueso de los oaxaqueños el gobierno no sólo no está haciendo lo correcto alimentando la lucha magisterial, sino que incluso está dando la espalda a los oaxaqueños que quieren ver soluciones distintas a las que se plantean hasta el momento.
Se supone, entonces, que el gobierno y la Sección 22 intentan generar aceptación del PTEO y de su supuesta defensa de la educación pública, para que luego tengan la legitimidad de convertir todos esos planteamientos en ley. ¿Van por el camino correcto? Evidentemente no. Porque lejos de legitimar el contenido de su programa, o la justeza de su lucha, lo que están haciendo es socavar, hasta el fondo, cualquier apoyo ciudadano que pudieran tener,  minar por completo la aceptación de su plan alternativo, y también restar cualquier posibilidad de aceptación de cuestiones como el pase automático para los normalistas.
Por eso es imposible sostener de largo plazo la lucha magisterial en alianza con el gobierno. Éste último no podrá tener la capacidad de continuar guardando silencio frente a las acciones del magisterio, que hoy hace lo que quiere sin que haya fuerza o poder que le haga al menos moderar sus formas de lucha. Si la idea es que la ciudadanía acepte a los democráticos, van en un sentido exactamente contrario al que pretenden.

VAN POR LA REPRESIÓN
En enero de 2012, los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, provocaron un enfrentamiento sangriento a partir de la toma y secuestro de unidades de servicio público. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Los normalistas buscan romper el orden a otro nivel. Es imposible pensar en la represión, pero también lo es que el gobierno siga como su cómplice, sólo guardando silencio. Aguas.