La educación en Oaxaca debe recentralizarse

 

+ Feudo educativo, reflejo de anarquía local

 

En las condiciones actuales, el gobierno federal debe dar pasos firmes para retomar el control de la educación en las entidades federativas. Éste, que es un deber constitucionalmente concurrente de los tres órdenes de gobierno, en las condiciones actuales debe ser asumido con los mecanismos adecuados de Estado para que, como lo ha dicho el propio Presidente de la República, la rectoría educativa deje de estar en manos de poderes fácticos como el magisterio disidente. Si el tema Elba Esther Gordillo está resuelto, ahora deben hacer lo necesario con la disidencia magisterial que sigue tratando de someter al Estado.

En efecto, el artículo tercero de la Constitución General de la República establece que  todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y continúa disponiendo: “El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Y dos párrafos más adelante el precepto antes citado establece que “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

Aunque parezca un exceso decirlo, lo cierto es que la norma constitucional debe cumplirse. Hoy, la realidad está lejos de ser un reflejo más o menos firme de lo que establece el mandato de la norma constitucional. La mayor de las paradojas queda en evidencia, cuando se repara en el hecho de que en México no se cumple lo que dice la Constitución en materia educativa, pero no porque no haya recursos económicos o humanos suficientes, o porque los mexicanos se resistan a ser instruidos a través de los mejores materiales y métodos educativos, e incluso porque el Estado no pueda o quiera hacerlo, sino simple y sorprendentemente porque un radicalizado poder fáctico denominado magisterio (y hasta eso, es sólo un sector de él) pretende seguir sometiendo a la educación, a la Constitución, y al Estado, a sus intereses, proyectos políticos y necesidades económicas.

¿Qué debe hacer el Estado en su conjunto? Volver a tomar el control de la educación para rectificar lo que se ha torcido, pero también para hacer que lo que dice la Constitución se cumpla. Uno de esos pasos fundamentales fue justamente el de elevar a rango constitucional ciertos criterios relacionados con la evaluación y con los estándares de calidad que deben cumplir todos aquellos que están parados frente a un grupo de alumnos, así como también el establecimiento de los mecanismos para normar correctamente la vida y la evaluación de los profesores. El paso político que se dio en concordancia con ello fue el descabezamiento del gordillismo, que estaba maniobrando para generar focos de resistencia contra la reforma. Sin embargo, eso no es suficiente.

¿Por qué? Porque si la reforma constitucional fue nacional, el cumplimiento de la norma debe ser asimismo en todo el territorio mexicano. El gobierno de la República no puede desdecirse de lo que ya hizo, y aplicar el contenido de la reforma sólo en las entidades federativas donde no hay resistencia o donde los maestros están a favor de los nuevos estándares educativos. Particularmente, debe voltear los ojos a los estados que se han declarado en resistencia, y aplicar medidas efectivas en ellos. Esas medidas tendrían que ver, incluso, con la recentralización educativa.

 

VOLVER AL PASADO

Varios aspectos demuestran el fracaso del federalismo bajo el modelo mexicano, pero en entre ellos destaca el educativo. Hace poco más de dos décadas, el gobierno federal inició un proceso de descentralización de la administración y el manejo educativo, para transferirlo —junto con sus recursos económicos— a las entidades federativas. Oaxaca fue uno de esos estados, que a poco más de veinte años de distancia, ha demostrado su nivel de anarquía y el fracaso que significó dicha iniciativa.

¿Qué se buscaba cuando se llevó a cabo ese proceso? Se decía que con él, en general la educación tendría mayor apego a la realidad y las necesidades de cada entidad, y que sería más efectivo el manejo que pudiera darle el ámbito de gobierno que estaba más cerca de los problemas relacionados con la educación y con los maestros. El problema fue que en Oaxaca la educación, la autoridad y todo fue transferido en una proporción importante a los propios maestros. Esto, que parece ya un lugar común sobre el problema educativo de la entidad, en realidad fue el parteaguas de todo este problema que se vive actualmente.

Y es que con eso, la Federación se desentendió de muchos de los problemas relacionados con la educación y con los maestros, y los transfirió a las entidades federativas. Los gobiernos estatales fueron rápidamente rebasados, y el control magisterial de la administración de su propio gremio, y de la educación, creció a niveles insospechados. Y finalmente, el magisterio de varias entidades de la República —que ha tenido un manejo totalmente libre de sus recursos que, a la postre, los fortaleció, los organizó y los adoctrinó— se ha erigido en un auténtico poder fáctico que hoy es quien se niega a reconocer el nuevo contenido constitucional.

Lo reconozca o no el gobierno federal, con ese panorama la reforma educativa se vuelve a una farsa, y de nuevo queda inscrita en el ámbito de las buenas intenciones que no son posibles de cumplir. La mitad de esa toma de control del Estado sobre la educación quedó consolidada cuando lograron destronar a Elba Esther Gordillo y conseguir que la reforma educativa se elevara a rango constitucional. Pero la asignatura pendiente se encuentra en las entidades federativas en las que aún sigue habiendo resistencias que no sólo ponen en riesgo el mandato constitucional, sino que enturbian la vida y la educación de millones de personas en el sureste mexicano.

 

SOBRE LAS EÓLICAS

Que a nadie se le olvide el tema de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Dentro de poco tiempo podría haber noticias funestas sobre Mareña Renovables y el retiro de su inversión de Oaxaca. De concretarse, quedaría claro que el gobierno de Oaxaca fue incapaz de manejar esa situación; que la Federación sigue teniendo a nuestra entidad fuera de sus prioridades, y que finalmente ganaron las “20 personas” que se oponen a la instalación del parque eólico. Apúntenlo.