Cotaipo: la transparencia sigue sometida

 

+ Pugnas, por el control, no por legalidad

 

En Oaxaca, las pugnas al interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo), son directamente proporcionales a la falta de legitimidad y la inoperancia que ha demostrado la nueva integración de ese órgano autónomo. Hoy, a menos de seis meses de gestión, los conflictos internos son evidentes, pero lo es más la debilidad profesional y política de todos los que protagonizan la trifulca.

En efecto, la Cotaipo inició sus actividades en diciembre pasado, cuando fueron electos como consejeros Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, Esteban López José y Eréndira Fuentes Robles. Sólo que detrás de esos nombramientos, hubo un desaseado proceso de reparto entre las principales fracciones legislativas, quienes no sólo tomaron el control del Consejo General de la Comisión, sino también de la estructura administrativa. A los diputados no les importó que ninguno de ellos cumpliera con los parámetros que establece la Constitución local para estar en posibilidades de ser electos, y que los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como de pluralidad, paridad de género, apartidismo y no discriminación, no se cumplieran.

Hoy esas deficiencias son visibles: la Cotaipo inició sus labores de forma meramente inercial, pero sin tener claro sus integrantes cuáles serían sus metas, sin contar con un proyecto concreto para dar un funcionamiento de avanzada a la nueva Comisión, y sin tener nociones sobre cuáles eran las necesidades de transparencia en la —se supone— “segunda época” de un órgano garante del derecho de acceso a la información.

Una razón básica para tanta inoperancia puede verse en el hecho de que, aún cuando la Ley de Acceso a la Información establece como requisito básico para ser integrante del Consejo General, que la persona demuestre haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con las materias relacionadas, esto en realidad no ocurre. Veamos por qué.

Esteban López José, el consejero Presidente, no es experto en las materias relacionadas con la Cotaipo, y ni siquiera demuestra tener conocimientos generales sobre esos temas. Según la versión pública curricular que de él se ofrece en la página web de la Cotaipo, es Contador Público y cuenta con una maestría en Impuestos. Nada de esto es en sí mismo desdeñable. Pero es claro que esas materias nada, nada, tienen que ver con la transparencia.

Lo mismo ocurre con Eréndira Fuentes Robles. Ella es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Privado. Su currículum indica que tiene más experiencia en temas relacionados con la terapia y las constelaciones familiares, que con la transparencia. Acaso dice tener un diplomado en temas relacionados. Pero miente, al igual que López José, cuando asegura que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información.

Algo similar ocurre, para variar, con Ramírez Ricárdez. Ella es también licenciada en Derecho, y dice haber cursado una maestría en Derecho Privado. Pero nada más. Para variar, también miente cuando dice que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información, porque ni tiene obra publicada, ni tiene estudios específicos en la materia, ni demuestra experiencia o conocimientos prácticos, defendibles, en esa materia.

Fuera de ellos, toda la integración de la Cotaipo está asignada por cuotas a las fracciones legislativas. Del solo directorio, se desprende que gran parte de la estructura administrativa fue impuesta desde el Congreso. Y por si ello fuera poco, el Consejo Consultivo —un órgano de adorno— también está lleno de asesores de actuales diputados, que por ese solo hecho fueron incluidos, y que saben de todo menos de una materia tan novedosa y especializada como el derecho de acceso a la información.

 

UNA BURLA

Sí, es una burla que los integrantes del Consejo Consultivo digan que van por la cabeza de Ramírez. Si fueran honestos y de verdad congruentes, deberían ir por los tres integrantes del Consejo General de la Cotaipo. Razones para eso hay de sobra. Pero ellos actúan en base a un interés faccioso y para atender las necesidades del panista Esteban López José. Veamos por qué.

Los consejeros ciudadanos Juan Iván Miguel, Alejandro Cruz Pimentel, Manuel Victoria, y Claudia Suárez, justificaron que como parte de un “ejercicio de auditoría social” que realizan, encontraron diversas inconsistencias en la elección de Ramírez, y dicen además que basan su demanda de Juicio Político en el hecho de que la Consejera no demostró tener conocimientos relacionados con el derecho de acceso a la información.

En lo primero posiblemente tengan razón. Y es que la Corte ha establecido que cuando existen derechos y deberes recíprocos entre empleado y empleador, la sola renuncia al cargo no es suficiente, sino que es necesario que haya aceptación expresa de la solicitud de separación del cargo. Si ese criterio llegara a aplicarse, entonces Ramírez no estaría separada de su cargo de suplente de Consejero Electoral… aunque en los hechos una suplencia y nada, son exactamente lo mismo.

Pero en lo segundo, los “consejeros ciudadanos” intentan hacerse pasar por “congruentes” ante la ciudadanía, pero en realidad no hacen más que servir de comparsa a López José. Y es que Ramírez Ricárdez y Fuentes Robles no sirven a los intereses del Consejero Presidente. Por eso, valiéndose de las ventajas de ser el titular de la Cotaipo, López echó por delante al Consejo Ciudadano para que ellos torpedeen a las Consejeras e intenten quitarlas de la Comisión.

 

TODOS MAL

Por eso hoy van contra Gema Sheyla argumentando que no cumple con el requisito de especialización que exigía la convocatoria. El problema es que si la demanda de Juicio Político procediera, y por esa razón le revocaran el cargo a ella, los diputados tendrían también que hacer lo mismo con López José y con Fuentes Robles, porque ninguno de los tres puede demostrar conocimientos académicos relacionados con la transparencia, y por eso no son idóneos para esos cargos. Además, López José es militante activo del PAN, y por eso incumple con el principio de apartidismo que también establece la Constitución. Al final, esta es una pugna estéril que, por eso mismo, cancela la posibilidad de un funcionamiento de avanzada del órgano de transparencia, y revela el bajísimo nivel y las nulas expectativas de que quienes la integran hagan algo productivo por el derecho de acceso a la información.