+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Santa Lucía: el lucro causa desencuentros

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+ Disputas por el poder, pesadilla recurrente

Si el conflicto postelectoral no se resuelve de forma legal y civilizada, a Santa Lucía del Camino le esperan tres años más de ingobernabilidad, de abandono, de ausencia total de servicios, y de codicias relacionadas con el poder político. Si de por sí es traumática la forma en cómo las reyertas perredistas devastaron el bastión que podría ser ese municipio como influencia para el poder en la capital oaxaqueña, lo es mucho más que luego de los comicios ese municipio se encuentre en la franca incertidumbre por un poder que sigue siendo disputado de la peor forma posible.
En efecto, hasta 2010 el municipio de Santa Lucía del Camino había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. En ese año, el Partido de la Revolución Democrática se hizo del poder gracias al efecto arrollador que tuvo la elección de Gobernador, a pesar de que tenía en Pedro Cabañas Santamaría a un candidato sin experiencia y sin capacidad de generar los espacios de interlocución con quienes se supone que eran sus aliados, tanto dentro del Cabildo, como con la administración estatal que en apariencia era su aliada por haber emanado de la misma Coalición.
No fue así, y por eso la supuesta unidad del Cabildo pronto quedó liquidada, y desde ahí las diversas facciones —enfrentadas— al interior de la administración estatal tomaron partido a favor de quienes querían que tomaran no el poder, sino el presupuesto de ese municipio. Cabañas fue enfrentado al interior por su compañero concejal Omar Blas Pacheco.
Y el desastroso manejo de la política interior al inicio de la administración estatal, generó que ahí se generaran dos gobiernos paralelos (uno y otro, encabezados por sendos personajes, en el mismo tiempo y en el mismo espacio) que en las apariencias de querer ejercer el poder con legalidad, comenzaron a disputarse los jugosos millones de pesos que constituyen las aportaciones y participaciones estatales y federales, los ingresos propios por concepto de impuestos y servicios y, sobre todo, el discrecional manejo de los “recursos extraordinarios” obtenidos fuera de toda fiscalización y registro por los casi 400 giros negros (cualquier cantidad de bares, cantinas, prostíbulos y congales que deliberadamente funcionan sin ningún tipo de regulación) que particularmente se han multiplicado en los últimos tres años.
Mientras eso pasaba —y los dos “gobiernos” se disputaban el presupuesto y el manejo del dinero de los giros negros—, la ciudadanía de aquel municipio comprobó lo que era no tener gobierno. A lo largo de todo este trienio no hubo obra ni beneficio tangible para la ciudadanía. Ninguna de las dos administraciones municipales pudo asegurar a plenitud la legalidad con la que decían funcionar, y por ende ninguna pudo otorgar los servicios y la certidumbre a la ciudadanía.
Mientras todo eso pasaba, el desastre servía para distraer a la ciudadanía, y para fingir que el gobierno estatal también se entretenía tratando de resolver las diferencias, lo que pasó en el fondo fue que los recursos de ese municipio fueron “ejercidos” y simplemente desaparecieron. A todos les convenía el caos, porque así no había forma posible de exigir resultados o cuentas de lo gastado. Todos se metieron en esa dinámica, quizá porque de esa forma todos podían hacerse parte de las ganancias.
Lo peor vino cuando el PRD —bajo el cobijo del senador Benjamín Robles Montoya— intentó, para continuar medrando, postular no a un personaje necesario para Santa Lucía sino a una familiar de Blas Pacheco. Ésta fue rechazada de la forma más tajante posible. Pero lo más triste es que eso no pudo terminar con las disputas y el caos que puede continuar en ese municipio, si las autoridades judiciales y las encargadas de la gobernabilidad siguen sin tomar en cuenta la importancia de ese municipio.

CRISIS E ILEGITIMIDAD
Hacía ya varios años que en Santa Lucía del Camino no se definían unos comicios en los que el ganador lo hiciera con alrededor de tres mil votos. Pero en la elección del pasado siete de julio, el resultado se terció y por esa razón el ganador lo hizo con esa cantidad de votos, seguido por un segundo lugar que casi lo igualó en sufragios captados, y por otros candidatos que aún en la derrota no tuvieron tan pocos votos como para suponer que fueron partidos o abanderados morralla. El problema es que si ya de por sí esa definición es problemática por la bajísima legitimidad que refleja, esto se grava ante las fallas de los Consejos Municipal y General del IEEPCO.
Y es que la diferencia en votos entre el candidato del PSD, José García, y del PRI, Galdino Huerta, fue mínima. Incluso, Huerta ha demostrado tajantemente que él fue quien ganó la elección, pero que el mal funcionamiento del IEEPCO, y la beligerancia del peesedista García, entramparon el conteo para terminar generando un halo de incertidumbre que sólo podrá ser resuelta por los Tribunales Electorales y por el Gobierno del Estado, si es que en algo valora la gobernabilidad y todo lo que representa ese municipio para la capital de Oaxaca.
Huerta ha demostrado que el conteo de votos no se hizo completo. Funcionarios del propio Instituto asentaron las irregularidades y las amenazas salidas de los seguidores de José García. Pero el Consejo General del IEEPCO se ciñó a su cuestionable criterio de no entrar en polémicas y permitir que sean los tribunales quienes decidan los temas problemáticos que ellos, para no meterse en más líos, han evitado abordar.
En ese escenario, lo único claro es que pase lo que pase, de todos modos no habrá arreglo terso. Pues si García fue capaz de ir a tirar camiones de escombros a las principales calles de ese municipio —que sirven de desahogo a la capital— cuando el PRI no lo consideró como él esperaba, después si los tribunales no le dan la razón, su reacción puede ser todavía peor.

MUNICIPIO INGOBERNABLE
Por eso, sea Huerta o García quien finalmente demuestre haber ganado en los votos, de todos modos el problema persistirá mientras no haya una solución de fondo, que permita una regulación más estricta y una recuperación del orden y la legalidad en ese municipio. Santa Lucía es codiciado por ser el paraíso de los giros negros a 10 minutos de la capital. La ruta del dinero lo explica todo. Pero el gobierno estatal ni mete orden en eso, ni hace algo para permitir que ahí se asiente un gobierno municipal fuerte, que ponga fin a estas desafortunadas disputas que han hecho de ese un lugar abandonado e ingobernable.

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