Santa Lucía: el lucro causa desencuentros

+ Disputas por el poder, pesadilla recurrente

Si el conflicto postelectoral no se resuelve de forma legal y civilizada, a Santa Lucía del Camino le esperan tres años más de ingobernabilidad, de abandono, de ausencia total de servicios, y de codicias relacionadas con el poder político. Si de por sí es traumática la forma en cómo las reyertas perredistas devastaron el bastión que podría ser ese municipio como influencia para el poder en la capital oaxaqueña, lo es mucho más que luego de los comicios ese municipio se encuentre en la franca incertidumbre por un poder que sigue siendo disputado de la peor forma posible.
En efecto, hasta 2010 el municipio de Santa Lucía del Camino había sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. En ese año, el Partido de la Revolución Democrática se hizo del poder gracias al efecto arrollador que tuvo la elección de Gobernador, a pesar de que tenía en Pedro Cabañas Santamaría a un candidato sin experiencia y sin capacidad de generar los espacios de interlocución con quienes se supone que eran sus aliados, tanto dentro del Cabildo, como con la administración estatal que en apariencia era su aliada por haber emanado de la misma Coalición.
No fue así, y por eso la supuesta unidad del Cabildo pronto quedó liquidada, y desde ahí las diversas facciones —enfrentadas— al interior de la administración estatal tomaron partido a favor de quienes querían que tomaran no el poder, sino el presupuesto de ese municipio. Cabañas fue enfrentado al interior por su compañero concejal Omar Blas Pacheco.
Y el desastroso manejo de la política interior al inicio de la administración estatal, generó que ahí se generaran dos gobiernos paralelos (uno y otro, encabezados por sendos personajes, en el mismo tiempo y en el mismo espacio) que en las apariencias de querer ejercer el poder con legalidad, comenzaron a disputarse los jugosos millones de pesos que constituyen las aportaciones y participaciones estatales y federales, los ingresos propios por concepto de impuestos y servicios y, sobre todo, el discrecional manejo de los “recursos extraordinarios” obtenidos fuera de toda fiscalización y registro por los casi 400 giros negros (cualquier cantidad de bares, cantinas, prostíbulos y congales que deliberadamente funcionan sin ningún tipo de regulación) que particularmente se han multiplicado en los últimos tres años.
Mientras eso pasaba —y los dos “gobiernos” se disputaban el presupuesto y el manejo del dinero de los giros negros—, la ciudadanía de aquel municipio comprobó lo que era no tener gobierno. A lo largo de todo este trienio no hubo obra ni beneficio tangible para la ciudadanía. Ninguna de las dos administraciones municipales pudo asegurar a plenitud la legalidad con la que decían funcionar, y por ende ninguna pudo otorgar los servicios y la certidumbre a la ciudadanía.
Mientras todo eso pasaba, el desastre servía para distraer a la ciudadanía, y para fingir que el gobierno estatal también se entretenía tratando de resolver las diferencias, lo que pasó en el fondo fue que los recursos de ese municipio fueron “ejercidos” y simplemente desaparecieron. A todos les convenía el caos, porque así no había forma posible de exigir resultados o cuentas de lo gastado. Todos se metieron en esa dinámica, quizá porque de esa forma todos podían hacerse parte de las ganancias.
Lo peor vino cuando el PRD —bajo el cobijo del senador Benjamín Robles Montoya— intentó, para continuar medrando, postular no a un personaje necesario para Santa Lucía sino a una familiar de Blas Pacheco. Ésta fue rechazada de la forma más tajante posible. Pero lo más triste es que eso no pudo terminar con las disputas y el caos que puede continuar en ese municipio, si las autoridades judiciales y las encargadas de la gobernabilidad siguen sin tomar en cuenta la importancia de ese municipio.

CRISIS E ILEGITIMIDAD
Hacía ya varios años que en Santa Lucía del Camino no se definían unos comicios en los que el ganador lo hiciera con alrededor de tres mil votos. Pero en la elección del pasado siete de julio, el resultado se terció y por esa razón el ganador lo hizo con esa cantidad de votos, seguido por un segundo lugar que casi lo igualó en sufragios captados, y por otros candidatos que aún en la derrota no tuvieron tan pocos votos como para suponer que fueron partidos o abanderados morralla. El problema es que si ya de por sí esa definición es problemática por la bajísima legitimidad que refleja, esto se grava ante las fallas de los Consejos Municipal y General del IEEPCO.
Y es que la diferencia en votos entre el candidato del PSD, José García, y del PRI, Galdino Huerta, fue mínima. Incluso, Huerta ha demostrado tajantemente que él fue quien ganó la elección, pero que el mal funcionamiento del IEEPCO, y la beligerancia del peesedista García, entramparon el conteo para terminar generando un halo de incertidumbre que sólo podrá ser resuelta por los Tribunales Electorales y por el Gobierno del Estado, si es que en algo valora la gobernabilidad y todo lo que representa ese municipio para la capital de Oaxaca.
Huerta ha demostrado que el conteo de votos no se hizo completo. Funcionarios del propio Instituto asentaron las irregularidades y las amenazas salidas de los seguidores de José García. Pero el Consejo General del IEEPCO se ciñó a su cuestionable criterio de no entrar en polémicas y permitir que sean los tribunales quienes decidan los temas problemáticos que ellos, para no meterse en más líos, han evitado abordar.
En ese escenario, lo único claro es que pase lo que pase, de todos modos no habrá arreglo terso. Pues si García fue capaz de ir a tirar camiones de escombros a las principales calles de ese municipio —que sirven de desahogo a la capital— cuando el PRI no lo consideró como él esperaba, después si los tribunales no le dan la razón, su reacción puede ser todavía peor.

MUNICIPIO INGOBERNABLE
Por eso, sea Huerta o García quien finalmente demuestre haber ganado en los votos, de todos modos el problema persistirá mientras no haya una solución de fondo, que permita una regulación más estricta y una recuperación del orden y la legalidad en ese municipio. Santa Lucía es codiciado por ser el paraíso de los giros negros a 10 minutos de la capital. La ruta del dinero lo explica todo. Pero el gobierno estatal ni mete orden en eso, ni hace algo para permitir que ahí se asiente un gobierno municipal fuerte, que ponga fin a estas desafortunadas disputas que han hecho de ese un lugar abandonado e ingobernable.