+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Incidente Ugartechea-Marco Tulio no es hecho aislado

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+ Federación y Estado no respetan a Ediles

Más allá del escándalo y de los rencores personales y políticos que salieron a relucir, para lo que debería servir el incidente del lunes pasado en el que personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal impidió la entrada al presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, es para que hechos como éstos, en los que un ámbito de gobierno ningunea a otro como si entre uno y otro hubiera una relación de subordinación y no de igualdad, no vuelvan a ocurrir. Ese fue sólo un ejemplo, de muchos que ocurren a diario en la compleja relación entre funcionarios estatales y autoridades municipales. Porque todos los ven, pero nadie los reconoce.
En efecto, todo aquel que conoce el funcionamiento del aparato administrativo estatal, y las necesidades que tienen los municipios de Oaxaca, saben que la relación entre el Gobierno del Estado y los 570 municipios de la entidad, es intensa e inevitable. En este sentido, tanto la Constitución de la República, como la del Estado, disponen que los Municipios constituyen un verdadero ámbito de gobierno que, en esencia, no tiene mayor jerarquía que los otros dos ámbitos —el federal y el estatal— y que, en sentido contrario, tampoco tienen menor rango que éstos. Incluso, la fracción I del artículo 115 de la Constitución federal establece expresamente que no habrá autoridad intermedia alguna entre este [el municipio] y el Gobierno del Estado. Eso, sin embargo, no ocurre.
Y es que, en la realidad, son muy pocos los municipios que tienen capacidad para cumplir por sí mismos las funciones que les confieren la Constitución y las leyes, y en muchos de los casos los propios programas de operación, los presupuestos y las disposiciones de orden estatal o federal disponen que éstos deban trabajar coordinadamente con el gobierno estatal, o con el federal, para poder acceder a recursos que generen beneficios para sus habitantes o territorio. Ahí es donde comienza el vía crucis diario del ninguneo a las autoridades municipales. ¿Por qué?
Porque por razones políticas y administrativas, pero también por un grado altísimo de ignorancia y soberbia de las autoridades estatales (mucho más que las federales), éstas siempre han asumido que los órdenes de gobierno son en realidad “niveles”, y que por ende el “nivel” de gobierno estatal, se encuentra por encima del “nivel” de gobierno municipal.
Incluso, no faltan los torpes que enumeran cada uno de esos niveles, poniendo de inicio al federal como el “primer nivel” de gobierno, y dejando al municipal como el tercero. Esa idea, lleva a pensar a los obtusos que una autoridad municipal es de menor rango que una estatal, y que por esa razón en las dependencias estatales se pueden dar el lujo de ningunear, de obstruir, de discriminar y de invadir la investidura, las atribuciones y el respeto que le merecen a una autoridad municipal (hasta la del pueblo más alejado y más pobre de la capital) que, a diferencia de ellos —salvo el Gobernador del Estado, todos sus subordinados, hasta los Secretarios, son simples empleados administrativos—, es tiene un cargo de nivel constitucional.
Eso no lo han entendido. Por eso, en todas las dependencias en las que las autoridades municipales realizan gestiones, en todas, las faltas de respeto y las groserías son cosa de todos los días. De hecho, no bastaría más que con conversar con autoridades municipales (incluso las de municipios conurbados a la capital, que son grandes, importantes, poblados y con captación propia de recursos) para corroborar cómo todos, todos, han sido históricamente mal tratados en dependencias como la Secretaría de Finanzas, Gobierno, de Infraestructuras, pero también en casi todas las dependencias a las que llegan a realizar trámites para la obtención de recursos y beneficios que no les regalan los funcionarios, sino que el Estado y la Federación ponen a su disposición para provecho de sus habitantes.

FUNCIONARIOS ABUSIVOS
En este caso, el incidente entre el Edil de la capital oaxaqueña y personal de la SSPE, fue ocasión para las afrentas políticas. Luis Ugartechea exigió la renuncia del secretario Marco Tulio López Escamilla, quien hasta hoy parece no haber terminado de comprender que su cargo, además de operativo, es político y que por ende debe actuar como servidor público y como delegado directo que representa en primera instancia al Gobernador, y no sólo como un policía.
Empero, si ello es grave, lo es mucho más que el propio edil Ugartechea en casi tres años no haya aprendido a darle respeto a su investidura, y permitiera que un agente policiaco (el que directamente le impidió la entrada) haya sido capaz de mandarlo de regreso a su casa (no a él, sino al Presidente Municipal Constitucional), y que esa fuera la ocasión para que luego salieran terceros oficios (Jesús Martínez Álvarez, que da una pésima imagen resintiéndose públicamente cada que puede, del gobierno para el que trabajó) a tratar de defenderlo.
Según nuestra visión, el edil Ugartechea debió hacer valer, ahí en el Auditorio, su investidura y el respeto (no subordinación, pero tampoco pleitesía) que le merece a su cargo constitucional, el secretario López Escamilla, el gobernador Cué, e incluso el presidente Enrique Peña Nieto (si hubiera estado presente en el momento), para darle el trato de Anfitrión que siempre ha tenido el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez en la fiesta de los Lunes del Cerro.
No lo hizo, y por eso este hecho se convirtió en ocasión para los rencores que supura el grupo gobernante a su interior, pero no una oportunidad para reivindicar el poco o nulo respeto que los funcionarios estatales le dan a sus pares municipales. Esto es un problema que, si lo vemos en una perspectiva administrativa, atora y confronta a los dos ámbitos de gobierno, e impide que haya más acciones coordinadas en beneficio de los oaxaqueños.
Esto, lamentablemente, pasó de nueva cuenta desapercibido. Ugartechea, su suegro, y López Escamilla, entre otros, protagonizaron otro round de sombra (otro más…), que será estéril porque no permitirá el arreglo de ninguno de los temas sustantivos que, en situaciones como esta, involucran a las autoridades municipales con las estatales.

INVITADOS ESPECIALES
Por cierto, ¿hay algún programa en la Secretaría de Turismo, o en alguna otra dependencia estatal, para invitar a actores, conductores y “socialités” nacionales a los Lunes del Cerro? ¿Sus gastos son pagados con recursos públicos? ¿Qué utilidad podría tener eso para Oaxaca? Alguien debería explicarlo…

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