Reforma educativa: ¿de veras nos beneficia?

 

+ Sin respaldo federal, Oaxaca padecerá más

 

En Oaxaca debemos ser muy cautos al suponer que la reforma constitucional en materia educativa, y las leyes secundarias que se han aprobado recientemente, pueden terminar con el problema que representa para la gobernabilidad, para la educación y para el presupuesto estatal, la hegemonía de la Sección 22 del SNTE. Sin las medidas adecuadas, y un respaldo federal decidido, este problema no sólo no se resolverá, sino que terminará generando más conflictos en la entidad.

En efecto, ayer mismo en este espacio señalábamos que, frente al abanico de posibilidades que se abren ante la reforma educativa, es fundamental que la Federación blinde a las entidades federativas reasumiendo más responsabilidades en el manejo educativo. Es claro –apuntábamos– que de no hacerlo lo que terminará ocurriendo es que los maestros volverán a refugiarse en la debilidad de los gobiernos estatales, y los seguirán presionando para que sean ellos quienes les den los recursos que no les otorga la Federación, y los sigan solapando (por la vía del chantaje, la presión y todas las acciones de las que siempre han hecho gala) en sus resistencias por ser evaluados, por ser sometidos a la ley, o por tener que cumplir con ciertos parámetros con los que ellos no están de acuerdo.

En todo esto, la gran incógnita radicaba en saber exactamente qué contiene la famosa Ley General del Servicio Profesional Docente y, sobre todo, cómo reparte las responsabilidad entre la Federación y las entidades federativas en el proceso de evaluación y situación laboral de los profesores del país. Esa duda, comienza a ser despejada por quienes ya tuvieron acceso al dictamen que aprobó la cámara baja y que ayer mismo sería discutido en el Senado de la República.

En ese sentido, el portal de noticias Animal Político ayer daba cuenta de este panorama educativo que, de antemano, no es tan halagüeño para entidades federativas como Oaxaca. Y es que al dar a conocer el contenido de la nueva legislación, señalaban que la ley [del Servicio Profesional Docente] establece que las autoridades educativas locales llevarán a cabo la selección de los evaluadores de los docentes de su estado y que establecerán los parámetros para que nuevos maestros puedan formar parte del sistema educativo del país, recibir un ascenso o continuar en el cargo; lo que para especialistas en el tema es uno de los principales problemas de la legislación.

Siguiendo la nota (que puede ser consultada en http://bit.ly/1cDHkLO), el investigador Ricardo Raphael aseguraba que la nueva ley “modifica la manera en la que se asignan las plazas, se otorgan las posiciones y se entregan los reconocimientos para los maestros del país, sin duda ese es el principal beneficio que vino desde la reforma constitucional y que esta ley secundaria confirma; pero le entrega a los gobiernos estatales la gestión de la carrera profesional de los profesores que el país”.

 

En ese mismo sentido consideraba el tema la investigadora del CIDE, Blanca Heredia, quien apuntaba que “se deja demasiado sueltos a los gobernadores en toda la parte de la instrumentación del servicio profesional docente. Ellos fundamentalmente tienen en sus manos las reglas del juego sobre quién puede ser maestro, qué se requiere para ello, tener una plaza fija, qué requisitos hay que cumplir para obtenerla, ascender o en su caso ser separado”. Según lo dicho, la ley también establece que las autoridades locales administrarán “la asignación de plazas” según el puntaje obtenido por los profesores de nuevo ingreso y establecer los mecanismos para la participación de organizaciones civiles y de padres de familia en los procesos de evaluación de maestros.

Estas no son buenas noticias para Oaxaca. ¿Por qué?

 

¿GOBIERNO REHÉN?

No son buenas noticias porque, desde que se creó el IEEPO y el gobierno de Heladio Ramírez López entregó todo a la Sección 22, el magisterio democrático convirtió en práctica común el chantaje al gobierno y la presión a la ciudadanía como una forma de cancelar, de facto, todas las normas y disposiciones que no les convienen. ¿Quieren ejemplos?

Primer ejemplo. Desde que en 2007 se puso en marcha la Alianza por la Calidad en la Educación, firmada entre el SNTE y el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en Oaxaca se decretó su rechazo absoluto y desde entonces el Gobierno del Estado ha maniobrado de todas las formas posibles para esquivar a la Federación respecto de la no aplicación de los mecanismos establecidos en dicho acuerdo. Los profesores oaxaqueños, por ejemplo, han visto detenido el proceso de mejoras salariales contenidos en la antigua carrera magisterial. Pero consiguieron, de todo a todo, que no se les aplicaran los nuevos criterios únicamente a través de la presión al gobierno estatal, que no ha tenido la capacidad (ni en la gestión actual, ni en la anterior, ni nunca) para hacer frente al magisterio e imponer su potestad ante las presiones sindicales.

Segundo ejemplo. Los maestros de Oaxaca han venido construyendo el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. El famoso PTEO es un plan alternativo sobre el cual el gobierno estatal elaboró, incluso, una iniciativa de ley que en mayo pasado fue a presentar a las cámaras federales, para que fuera tomada en cuenta en la elaboración de la legislación secundaria en materia educativa. No sabemos qué pasó con esa iniciativa en la capital del país. Pero lo que sí sabemos es que el magisterio de Oaxaca tiene como opción venir a presionar aquí a los Poderes del Estado para que, aún siendo inconstitucional en el ámbito federal, aquí reformen la legislación existente y apliquen el PTEO sólo para su beneficio.

¿Cuál es la opción ante todo eso? Que la Federación no le dé la responsabilidad a entidades débiles y sometidas por el magisterio, como la nuestra. Hacerlo sería únicamente volver a transferir la responsabilidad de un tema que es de primera prioridad en el ámbito nacional, y duplicar la condena que ya tiene Oaxaca desde hace décadas de seguir sometido a un magisterio beligerante, que está acostumbrado a tomar las cosas por la fuerza a arrebatar lo que considera suyo.

 

EL FRACASO…

De no hacer eso lo único que pasará es el fracaso, dentro de un año, dos, cinco o diez, de la que hoy se vende como la gran reforma educativa. Es duro aceptarlo, pero Oaxaca no tendrá la capacidad ni las condiciones políticas y de gobernabilidad, mínimas, para echar a andar un tema como ese…