+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

En Oaxaca las autoridades no tienen vergüenza

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+ Sin negligencia, porque no hay responsabilidad

¿Usted se ha preguntado qué pasaría si, independientemente del día, la hora o el lugar, en un hospital público de los Estados Unidos se negara la atención médica a una mujer que está a punto de dar a luz? Lo menos que podría ocurrir es la imposición de una severa sanción a los médicos y personal del hospital, que incluso podría llegar a la pérdida de la patente para el ejercicio profesional de la medicina, la enfermería y las demás actividades realizadas por los involucrados. Pero lo más importante, y lo que más preocuparía a todos, es que al Estado le generaría una fuerte responsabilidad económica tendiente a la reparación del daño y al establecimiento de medidas para que algo así no volviera a ocurrir. ¿Qué se hace aquí ante la negligencia?
En efecto, esa es una pregunta que en Oaxaca, y en nuestro país, parece ya no preocuparnos. Pareciera que, en general, a los mexicanos ya no nos preocupa ni la alta incidencia de actuaciones negligentes por parte de la autoridad, y mucho menos la posibilidad de que esas deficiencias tuvieran las sanciones y las reparaciones correspondientes, así como que se tomaran las medidas para que un asunto similar no volviera a ocurrir.
Sólo a partir de eso podemos explicarnos que frente a un caso tan evidentemente negligente y cargado de responsabilidades, como el de la mujer indígena mazateca Irma López Aurelio, que hace unas semanas dio a luz a su tercer hijo en los jardines del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, ante la negativa del personal médico y enfermeras a atenderla por no ser horas hábiles para brindar atención médica a la población. El hecho fue registrado a través de una simple fotografía, que ya dio la vuelta al mundo, y que al margen de la negligencia del personal de la clínica y de la indolencia de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, ha venido a recordarnos que México sigue teniendo hechos propios del llamado Tercer Mundo, aunque las autoridades digan lo contrario.
¿Qué ha pasado frente a ese hecho? Nada. Y cuando se afirma que nada, es nada. Lejos de avergonzarse por el hecho, y por buscar una reparación efectiva tanto a la mujer y el menor directamente involucrados, y por tomar medidas para que un hecho incalificable como ese no vuelva a ocurrir, nunca, en un Centro de Salud rural o urbano, las negligentes autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca han intentado justificarse bajo el argumento evasivo, superficial, e impropio para una situación como ésta, de que a la mujer se le revictimizó con la publicación de la imagen, y que por ende se violaron sus derechos fundamentales.
Si ponderamos los derechos violados, ¿cuál es más lesivo: el de la publicación de una imagen, que permitió que la sociedad conociera el hecho, o el de la negativa en la prestación de un servicio de salud básico, urgente e inherente a la vida, la integridad y la dignidad humana? Si un hecho como éste hubiera ocurrido por negligencia en los Estados Unidos, seguramente las autoridades federales de salud habrían tomado medidas de gran calado tanto para destituir a todos los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley tanto en lo administrativo, como en lo profesional e incluso en lo penal, como también para garantizar que el derecho de las personas a un servicio de salud tan básico como el de la maternidad quedara tutelado de forma total por parte del Estado.
Ahora veamos qué ocurre en México: que lejos de mostrar vergüenza por el hecho, el inepto secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos ha intentado justificar la situación, a través de un inaceptable argumento administrativo y de burocracia, que sólo termina de revelar la gravísima situación por la que atraviesan los servicios de salud, y la poca vergüenza y temor que tienen las autoridades por los actos que realizan, y por las consecuencias que pueden tener estos cuando lesionan derechos de terceros.
Si otro fuera nuestro país, el secretario Germán Tenorio, el responsable de la jurisdicción sanitaria de la Cuenca, Carlos Cruz, y todo el personal directamente responsable por el hecho en el Centro de Salud de la comunidad, ya habrían sido separados definitivamente de sus responsabilidades, y se encontraran en proceso de ser sancionados. Pero como en México la función pública no tiene vergüenza, todos esos personajes están preocupados pero por evadir las responsabilidades, por justificar la corrupción y la negligencia, y por sostener su chamba aún a costa de dejar pasar situaciones abominables como ésta.
Y en el fondo, la razón de que nada pase es que el mismo Estado no se ha hecho responsable, ni ha responsabilizado a sus funcionarios, por sus negligencias y errores. Por eso, cual niños malcriados, están acostumbrados a romper, a lastimar, y a ni siquiera tener el pudor mínimo para asumir sus responsabilidades y para ofrecer una disculpa.

OTRO EJEMPLO
Vale reflexionar a partir de otro ejemplo: ¿usted sabe qué pasa en Oaxaca si, por un bache, hoyanco o fosa no reparada en una carretera, las llantas de su vehículo de motor sufren desperfectos? Aquí, a pesar de que eso es responsabilidad de la autoridad y de que la negligencia y la omisión también generan responsabilidad, simplemente no pasa nada.
Si ha pasado por una situación así, haga la prueba: luego del hecho, acuda con la autoridad para que le repare el daño y verá qué le dice: que para que pueda pagarle el daño a su vehículo, necesita primero demandar administrativamente a la autoridad; que el tribunal hace una investigación que –anticipan- es muy compleja, y que en todos los casos similares que han ocurrido en el pasado, ninguno, sí, ninguno, ha culminado con el reconocimiento de que la autoridad es la responsable por no reparar un bache, y que por ende es quien tiene que pagar los daños que esa negligencia provoca a los bienes (los vehículos) de los particulares.

NO TIENEN ESCRÚPULOS
Sí. Con toda la naturalidad del mundo una autoridad puede atreverse en Oaxaca a afirmar lo anterior, porque además de que no tienen responsabilidad, tampoco tienen vergüenza ni escrúpulos. Sólo así puede entenderse que, lejos de asumir su responsabilidad, digan que el único camino que queda libre es el de la denuncia pública. Sí. Denunciar. Aunque sabemos de antemano que como su propia dignidad no les importa, prefieren no leer los diarios ni escuchar lo que opina de ellos la ciudadanía, para simplemente seguir haciendo como que trabajan y seguir haciendo todo sólo por conservar la chamba.

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