Organizaciones: ¿sorprenden recursos o los ataques?

+ Gobierno siempre ha dado dinero; hoy lo desperdicia

A nadie debería sorprender que cada año el gobierno estatal entregue recursos económicos millonarios a organizaciones sociales afines a su causa: lo que sorprende es que a pesar de que esos montos son destinados a proyectos productivos que no siempre se realizan, o que en muchos de los casos son destinados a fondo perdido, de todos modos el gobierno hoy en día esté sometido no sólo al peor chantaje por parte del magisterio, sino de esas mismas organizaciones sociales que hacen y deshacen a placer, y exigen como si no recibieran nada y como si no tuvieran beneficios y trato envidiable frente a cualquier gobierno en toda la República. Eso, y no el propagandismo de los últimos días, es lo que debería sorprender.
En efecto, el fin de semana medios informativos de la capital del país como Reforma y Proceso, daban cuenta de que en los últimos tres años, el Gobierno del Estado ha entregado más de mil millones de pesos a distintas organizaciones sociales, varias de las cuales han demostrado tener como práctica común la realización de bloqueos, marchas, manifestaciones y paros, además del constante ejercicio de la violencia y el chantaje como medios de negociación.
Según lo que publicaban esos medios, entre las agrupaciones beneficiadas, según una investigación de Reforma, están corrientes pertenecientes a la Sección 22 y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyendo las que realizan el plantón en la Ciudad de México desde julio pasado. La nota resaltaba que a sólo 15 organizaciones el gobierno estatal les entregó los mil millones de pesos en cuestión, y que el senador perredista Benjamín Robles Montoya es el promotor político de 10 de las 15 agrupaciones indígenas, obreras, campesinas y de transportistas que han sido beneficiadas por el gobierno.
Incluso señalaba que dos de las 15 agrupaciones civiles actúan en la Sección 22. La más radical es el Frente Popular Revolucionario (FPR), a la cual el gobierno oaxaqueño asignó casi sesenta millones de pesos en los últimos dos años, “aun cuando considera [el propio gobierno] que practica el secuestro de funcionarios y el bloqueo de instalaciones públicas, como estrategia de lucha”.
Otras de las organizaciones beneficiadas son Antorcha Campesina, el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y el Frente Amplio de Lucha Popular, que en los últimos años ha cobrado fuerza por su capacidad de movilización, por la diversificación de sus actividades hacia temas como el mototaxismo y el autotransporte irregular, el comercio ambulante y la invasión de tierras, también conocida como paracaidismo, en distintas regiones del Estado.
En este sentido, es claro que la intención de lo publicado el fin de semana era desacreditar al gobierno respecto al supuesto financiamiento de actividades ilícitas, dejando ver que el gobierno de Oaxaca paga a organizaciones que están adheridas a la Sección 22 del SNTE y a grupos beligerantes como el Ejército Popular Revolucionario.
El fondo del asunto se encuentra en generar presión en el hecho (incalificable, e inadmisible, en sí mismo) de que los cuatro profesores que se encuentran recluidos en un reclusorio de la capital del país, acusados del secuestro de dos menores, hijos de un empresario local y sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, han tenido una feroz defensa por parte del magisterio democrático, quien en la misma Ciudad de México ha puesto como uno de los temas determinantes para la negociación relacionada con la implementación de la reforma educativa, que esos profesores (a los que incluso califican como “presos políticos”) sean liberados.
Y según ha filtrado el gobierno federal en los últimos meses, esos cuatro profesores presuntamente pertenecen a una banda delictiva, ligada a un grupo guerrillero (que en este caso sería el EPR), que practica el secuestro como una forma política de “recuperación” o de “confiscación” a personas que ellos califican como oligarcas, o como capitalistas, o simplemente como enemigos del movimiento popular.

LO SORPRENDENTE ES EL CHANTAJE
Si bien es clara la intención de la información, y más por el hecho de que coloquialmente se dice que el Frente Popular Revolucionario es el brazo político y la cara visible del Ejército Popular Revolucionario, lo cierto es que en realidad es poco posible que puedan vincularse las actividades de esas organizaciones, con el funcionamiento de la Sección 22 o el EPR (que tienen su propia estructura, funcionamiento, autonomía de decisión, y fuentes de financiamiento, de las que hemos hablado ampliamente en este espacio).
Lejos de lo que se pretende, lo que debería sorprender —e indignar a todos los oaxaqueños— es el hecho de que a pesar de que esas organizaciones reciben cantidades millonarias de dinero cada año —que en muchos casos no pueden ser ni siquiera fiscalizables—, esa entrega surge de compromisos y padrinazgos políticos que además ni siquiera redundan en una mejor gobernabilidad o cuando menos en algo de paz social y respeto a la ley en Oaxaca.
Veamos el asunto en perspectiva: hoy en día, esas organizaciones reciben más dinero que nunca, pero también presionan más que nunca a la autoridad. Sólo la semana pasada, la Sección 22 recuperó violentamente dos instalaciones educativas, apoyada por los grupos de choque pertenecientes al FPR. Del mismo modo, el FALP (otro de los grupos de lucha social beneficiados, el cual es encabezado por Jesús López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local) protagonizó este fin de semana —y eso también ha sido recurrente— hechos violentos en municipios conurbados a la capital oaxaqueña, relacionados con la invasión y defensa de predios irregulares, o rutas de transporte, sobre los que ellos tienen control.

DINERO, A LA BASURA
Lejos del estruendo, deberíamos preguntarnos y preguntarle al gobierno estatal: ¿esos recursos, esos mil millones de pesos, entregados para proyectos productivos y en ayuda de programas sociales, pueden ser fiscalizables, y el gobierno puede dar cuenta de su destino? Si esos dineros los entrega a cambio de paz social, ¿entonces por qué de todos modos Oaxaca sigue siendo una entidad ingobernable, determinada por las reglas y los chantajes de organizaciones de lucha social, que son cobijadas y alentadas desde el mismo gobierno, pero que lo tienen de rodillas? El senador Robles Montoya debía también explicar lo anterior porque en gran medida esos beneficios se obtienen por su gestión, y en su nombre.