+ Auditoría: ¿protección o ruptura de cívicos?
Es indispensable que la Auditoría Superior del Estado cumpla a cabalidad con la determinación de revisar a fondo los recursos públicos que ha ejercido el Congreso del Estado en los últimos años, pero también es necesario que lo haga de cara a todos los oaxaqueños y que en eso nadie permita engaños o simulaciones, e incluso venganzas entre grupos. Lo que debe prevalecer es la ley, aunque esa sea la premisa más desdeñada hoy en día.
En efecto, uno de los temas que queda en medio de todo es la relación de dependencia institucional y constitucional que tiene la ASE frente al Congreso; y la relación de dependencia personal y política que existe al interior del grupo que revisará y será revisado. Hay que clarificar, pues, con todo detalle la relación y los débitos que existen entre el hoy diputado federal Carol Altamirano con el auditor Carlos Altamirano Toledo, y entre éstos y Alejandro López Jarquín, actual secretario de Desarrollo Social y Humano, y presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la escandalosa y cuestionada LXI Legislatura.
Vayamos por partes. Pues queda claro que el primer escollo que presenta esta posible investigación, radica en que la Auditoría Superior es el órgano técnico de fiscalización, que tiene las atribuciones constitucionales de revisar el ejercicio de los recursos públicos que reciben los poderes del Estado. El problema es que la ASE tiene una autonomía limitada, que sólo se circunscribe a lo técnico y operativo, pero dependiendo del Poder Legislativo en sus alcances sustanciales. En esas condiciones, ¿qué garantías institucionales existen de que la ASE, que es subordinada al Poder Legislativo, podrá auditar con plena libertad, sin presiones y sin limitaciones, al propio Congreso?
En un primer momento podríamos suponer que como se trata de ejercicios pasados, y que como no son los mismos diputados quienes serán revisados y quienes integran hoy la LXII Legislatura, entonces no habría mayor problema en que la revisión fuera a fondo. Sin embargo, en medio de todo eso quedan dos cuestiones: primera, que dentro del Congreso, y en la actual Legislatura, ya hubo un acuerdo político para mantener al mismo personal que manejó los recursos en la Legislatura anterior; y segunda, que constitucionalmente la ASE tendría plena libertad de auditar sólo el último año de ejercicio de la LXI Legislatura, que es el que corresponde justamente al tiempo en el que López Jarquín fue presidente de la Junta de Coordinación y que por ende sería quien resultara con responsabilidad por el posible manejo indebido de recursos públicos.
En la primera de estas dos vertientes, el panorama es claro: dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura que antecedió a la actual.
Al parecer, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.
LOS ALTAMIRANO
Carol Antonio Altamirano es sobrino de Carlos Altamirano Toledo. El primero fue coordinador parlamentario de la LXI Legislatura desde su inicio (en noviembre de 2010), hasta los primeros meses de 2012, cuando solicitó licencia a su cargo de diputado local, para ocupar una curul federal. Él heredó en la coordinación de los diputados perredistas a Alejandro López Jarquín, fundamentalmente por pertenecer a su misma corriente política (o tribu) al interior del PRD, denominada Movimiento Cívico. Entre ellos está parte del problema actual por la auditoría exigida y prometida a la LXI Legislatura. ¿Por qué?
Porque el artículo 65 bis de la Constitución del Estado señala que en el desempeño de sus funciones, la ASE “contará con plena autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.” Estos principios, en términos sencillos, apuntan a que la ASE sólo puede revisar ejercicios anuales, pero que esa atribución se ejerce plenamente sólo en el año inmediato anterior al en que se realiza la revisión.
Ahí es donde se encuentra el problema para los Altamirano. Pues si el auditor Carlos Altamirano sostiene que el órgano revisor hará una auditoría al Congreso, ésta tendrá que comenzar por el año 2013. En ese periodo, de enero a noviembre, quien encabezó la Legislatura fue López Jarquín, que fue el “delegado” de Carol Antonio Altamirano en la LXI Legislatura mientras él se fue a ocupar una curul a la Cámara baja federal.
¿Qué significa esto? ¿Es un rompimiento al interior del grupo de los “cívicos” perredistas? ¿Es un error de cálculo obligado por las circunstancias? ¿O es parte de un pacto tácito para hacer una revisión poco profunda a las finanzas del Poder Legislativo, cerrarla con observaciones menores que no impliquen una responsabilidad trascendental a quienes encabezaron la LXI Legislatura, y dar con eso carpetazo al asunto bajo la premisa de que un mismo ejercicio anual, no puede ser legalmente revisado dos veces por el mismo órgano de fiscalización?
CRISIS DE LEGITIMIDAD
Dicen, hasta en tono de burla, en el Congreso, que hoy se vive un periodo de crisis institucional por la falta de acuerdos entre el PAN y el PRD, y la voracidad del Coordinador de los diputados priistas, que está aprovechando cada uno de los espacios para hacerse de más poder al interior del Congreso. En realidad, lo que se vive es una profunda crisis de legitimidad porque si ya de por sí los diputados tienen una credibilidad y una ascendencia bajísima frente a la ciudadanía, con estas acciones, acuerdos y complicidades, lo que están haciendo es agotar la poca legitimidad que tenía el Poder Legislativo en Oaxaca.
