Congreso: los excesos deben ser frenados

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Administradores: se agotaron los 3 meses

No es suficiente que la Junta de Coordinación Política del Congreso local haya decidido suspender definitivamente la construcción de un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo. Es indispensable que el Congreso le informe a la ciudadanía todo lo relacionado con el costo de esa obra, y quién fue el beneficiario de ella, y bajo qué esquema se establecería el gimnasio y los equipos en otro sitio. Los diputados locales tienen mucho que informarle a la ciudadanía, incluyendo el tema —hoy olvidado— de los administradores municipales, a quienes según nombraron por tres meses, y ya llevan seis sin que haya informes de qué se ha hecho para normalizar la situación política de las comunidades en conflicto.
En efecto, ayer TIEMPO informaba que el Congreso del Estado decidió suspender la construcción del gimnasio dentro de las oficinas legislativas, y que probablemente los equipos y aparatos que se instalarían en la antigua cafetería del Palacio Legislativo, habrían de ser colocados en el parque deportivo El Tequio, o en algún otro centro recreativo para las familias oaxaqueñas.
Esa parece una primera decisión sensible y acertada que, sin embargo, no es suficiente. De hecho, lo de menos es que se haya decidido suspender la construcción del gimnasio legislativo, mientras siga estando en la opacidad todo el trasfondo económico: es decir, cuánto costaron en realidad los equipos y aparatos que ahí se instalarían; bajo qué esquema legal fueron adquiridos (licitación, compra directa, etcétera); a quién se lo compraron; cuánto dinero del total del presupuesto proyectado para esa obra ya se gastó y no podría reintegrarse; qué contratista fue el responsable de las adecuaciones que ya se habían hecho al inmueble; y sobre todo, quién fue el o los responsables directos de haber decidido llevar a cabo esa obra, y qué consecuencia tendrá esta decisión que ya fue revocada.
Suspender la construcción del gimnasio es apenas un acto de resarcimiento moral. Nadie creyó la versión dada por los legisladores respecto a que el gimnasio sería no para los diputados sino para los trabajadores del Poder Legislativo, y que la instalación de aparatos y equipos para hacer ejercicio tendría un costo mínimo para el presupuesto.
Desde el inicio, quedó claro que la construcción de ese gimnasio era producto de una decisión unilateral y carente de consensos, pues por eso hubo diputados de todas las fracciones parlamentarias que repudiaron esa decisión —que no había sido consultada ni informada a la gran mayoría de ellos—, e incluso —en un acto que bien podría ser calificado como una felonía por parte de Natividad Díaz y Anselmo Ortiz, en ese entonces— los propios integrantes de la Junta de Coordinación Política terminaron dejando solo al diputado Alejandro Avilés Álvarez, como si él hubiera sido el único responsable por la decisión y la ejecución de la obra, y como si él fuera el único que decide en el Poder Legislativo.
Por eso, al final la decisión de suspender la construcción del gimnasio frena el acto de desprecio que estaban en vísperas de cometer los diputados en contra de la gran mayoría de la ciudadanía (que piensa en subsistir antes que en frivolidades como el “fitness” que querían hacer, en su misma oficina, algunos de los diputados locales), pero no revierte el costo económico que tuvo esa decisión. ¿Por qué?
Porque ni Alejandro Avilés, ni nadie de la Jucopo, ni las oficinas administrativas del Poder Legislativo, han hecho público el costo real de ese gimnasio; tampoco han dicho claramente si los equipos y aparatos que ahí se colocarían fueron ya adquiridos y a quién; si la contratación de la obra se hizo bajo los esquemas y condiciones que señala la ley vigente; y qué consecuencias adicionales tendrá el hecho de que todos los aparatos adquiridos ya no se instalen en el recinto legislativo, y se vayan a otros espacios que no pertenecen al Congreso local.
Al final, el gimnasio era un negocio. Era, pues, ejecutar una obra para obtener las ganancias respectivas, y llenarla de equipos para ver qué porcentaje podrían obtener por la compraventa de los mismos. Frenar su construcción es una buena decisión. Pero si el negocio y la opacidad subsiste, entonces los oaxaqueños no tendremos más que conformarnos con una victoria moral, pero con el triunfo final de los bribones que de todos modos serían premiados por la obra.

¿Y LOS ADMINISTRADORES?
Cuando en enero pasado el pleno del Congreso le dio —ilegalmente— la facultad para la designación de administradores municipales, la Junta de Coordinación Política prometió que los cargos de administrador serían únicamente de tres meses, porque en ese tiempo se construirían las posibilidades de solución a los conflictos políticos que en varios municipios no permiten la realización de comicios conforme lo marca la ley.
Si recordamos ese penoso episodio, habremos de ver que, de nuevo, la Jucopo tomó una decisión según sus conveniencias y cálculos políticos, y que para ello no dudó en marear a sus integrantes y obligarlos a votar a favor de medidas que sólo beneficiarían a ellos a través de los esquemas ilegales de manejar el presupuesto público de comunidades en conflicto.
Han pasado seis meses desde el primer paquete de nombramientos de administradores hechos —ilegalmente— por la Jucopo, y resulta que hoy nadie habla de esos funcionarios, así como tampoco éstos informan sobre las condiciones reales que existen en esas comunidades como para que no haya comicios. Mucho menos podría hablarse de que en alguno de los municipios con conflictos políticos, éstos ya fueron resueltos y puede comenzar a contemplarse la reconstrucción del tejido social, para que haya comicios, así se normalice la vida política de esas comunidades, y entonces ellos dejen el cargo que les fue dado —ilegalmente— por la Junta de Coordinación Política.
Lejos de eso, y como siempre, los administradores están capoteando las crisis en la comunidad que les tocó, y sus diputados están administrando los problemas y aprovechando la pequeña mina de oro que tienen en los presupuestos de esos municipios, que son justificados pero que, seguro, nunca llegan a ellos.

ADMINISTRADORES, DE TRES AÑOS 
Ya va casi medio año y no hay para cuándo se termine la función de los administradores. Así, terminará ocurriendo que más allá de las promesas, esas personas que llegaron por tres meses se quedarán tres años. Claro, mientras les convenga a ellos y sus respectivos padrinos diputados.

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