+ Soberbia lleva a maestros a entuertos sin sentido
Embriagados completamente por el poder que irresponsablemente le han dado los Poderes Ejecutivo y Legislativo, los profesores de la Sección 22 del SNTE rayan en el delirio, al demandar el desafuero de los 42 diputados locales por considerar que “traicionan al pueblo de Oaxaca”. Si de por sí los maestros no se caracterizan por ser muy cuerdos en sus demandas, lo que exigieron ante la crisis desatada por los foros educativos que organiza el Congreso, es una verdadera patraña.
En efecto, el lunes el Congreso del Estado llevaría a cabo el segundo de sus “Diálogos por la educación”, en la región de la Cañada. Profesores de la Sección 22 impidieron la realización del foro, y la dirigencia sindical repudió la realización de los mismos, al tiempo que demandaba el cumplimiento de los acuerdos firmados el 10 de marzo pasado. Frente a esto, el Poder Legislativo amagó con romper el acuerdo de construir la nueva Ley Estatal de Educación junto con los maestros, si la gremial continuaba impidiendo la realización de los foros. La respuesta magisterial fue pedir el desafuero de los legisladores. ¿Cómo y para qué quieren los profesores el desafuero de los 42 legisladores locales?
Ninguna de las dos preguntas es irrelevante. Más bien revelan, por un lado, el tamaño de la ignorancia de los profesores de la Sección 22 del SNTE; y por el otro, la desmedida soberbia que existe en su convencimiento de que ellos no son un poder fáctico y que, al contrario, ellos son “el pueblo de Oaxaca”. Sin embargo, para entender a cabalidad este asunto es necesario ir por partes.
Primero debemos comprender qué entienden los profesores de la Sección 22 por desafuero, y qué es en realidad. Pues al parecer, para el magisterio democrático el desafuero implica en automático la separación del cargo de los legisladores, o algo por el estilo, en razón de que son “traidores al pueblo de Oaxaca”, aunque en realidad lo único que quizá hayan traicionado es un acuerdo político con ellos. Esto es un error de principio a fin que, sin embargo, es tomado como cierto no sólo por los maestros, sino por muchas personas que confunden términos, o suponen efectos que en realidad no existen, o se dan por válidos argumentos manipulados. Veamos.
La Constitución de Oaxaca establece dos vertientes de responsabilidad para los representantes populares. Una es el juicio político, y la segunda es la declaratoria de procedencia. ¿Qué alcances tiene cada una de esas figuras?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procedimientos? Y, sobre todo, ¿ante quién se llevan a cabo?
Primero, el artículo 115 de la Constitución estatal dispone que los diputados tienen el carácter de servidores públicos. Luego, el artículo 117 establece que, en base a lo anterior, los diputados de la Legislatura local sí pueden ser sujetos del juicio político —que no es lo mismo que el desafuero—. Y luego establece: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
¿Cuándo procede el juicio político? Dice la fracción I del artículo 116 que se llevará a cabo y se impondrán las sanciones respectivas “cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
¿Y cómo se desahoga el juicio político? El mismo artículo 117 establece que “el Congreso del Estado integrará una comisión de Diputados (…) la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a emitir su dictamen. Conociendo el dictamen el Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.
LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA
Decíamos en párrafos anteriores que la segunda vertiente de la responsabilidad para los diputados, es la declaratoria de procedencia. Esto es lo que comúnmente conocemos como “desafuero”, y es con lo que seguramente los profesores se confundieron al querer demandar juicio político en contra de los legisladores locales.
¿Para qué sirve la declaratoria de procedencia? Dice el artículo 118 constitucional local que “para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado (…) por la comisión de delitos (ojo, la “traición al pueblo de Oaxaca” no es un delito, tipificado y sancionado en alguna norma) durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”. ¿Qué significa esto? Que esto, el desafuero, sirve para que el propio Congreso quite la inmunidad constitucional que protege a los legisladores para no ser procesados judicialmente durante su encargo, para que la autoridad pueda proceder en su contra por la comisión de un delito.
Sobre esto, dice el sexto párrafo del mismo artículo que “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal…”. Por ello nos atrevemos a decir que la exigencia de la 22 es la patraña más grande que han dicho en mucho tiempo. Confundieron el juicio político con el desafuero. Y queda claro que la posibilidad de que ello procediera es nula. ¿Por qué?
Porque sólo un mentecato podría creer que los 42 diputados —o al menos 27 de ellos, que constituyen las dos terceras partes del total de la Legislatura, que exige el artículo 117 para el juicio político— dispondrían en su propio perjuicio la separación del cargo y la inhabilitación de toda la Legislatura, provocando con ello, además, una disolución de facto del Poder Legislativo, lo cual —por si algo faltara— sería crítico para nuestra cuestionada democracia en Oaxaca. Quizá esto último sea lo que en realidad quieran los profesores que pase con el Congreso del Estado.
¿Y LA FEDERACIÓN?
Es lo que nos seguimos preguntando: ¿Dónde está la Federación en toda esta crisis? Pues ni el gobierno ni la 22 están contribuyendo a una solución sensata a este problema. Y los diputados van para ningún lado con la armonización de la norma educativa y, según parece, también con la política. Están lanzando graves signos de extravío e ignorancia que pueden provocar un estado todavía más profundo de crisis.
