Crisis en el ámbito educativo, ¿por la armonización?; no, es por autoengaño

Ejecutivo y Legislativo deben asumir papel de Estado

Los poderes del Estado en Oaxaca caminan en arenas movedizas, y cada que intentan dar un paso o bracear, se hunden más. Ese fango se llama armonización de la legislación educativa, y quien todos los días alimenta la capacidad devoradora de esas arenas es la Sección 22 del SNTE. Sólo que hay un ingrediente que nadie quiere ver, pero que está ahí: la ingenuidad o incapacidad del Estado para reconocer a su adversario y evitar engañarse respecto a sus intenciones. Eso es lo que determina la crisis de la reforma educativa en la entidad.
En efecto, ayer el Congreso del Estado formalizó su retiro de la mesa redactora de la nueva Ley Estatal de Educación, y tácitamente desconoció el contenido de la declaración política que firmó el 10 de marzo pasado con la Sección 22 y el Poder Ejecutivo, para elaborar de manera conjunta la iniciativa bajo los plazos y reglas fijados por el magisterio democrático. Esto ocurría al tiempo que el gobernador Gabino Cué aseguraba que en realidad no existe un conflicto de fondo entre el magisterio y el Congreso, y que antes de que inicie el ciclo escolar habrá nueva ley educativa, acorde con los lineamientos establecidos por la Federación.
En el ámbito legislativo, ayer se suscitó un intenso debate relacionado con qué se debe hacer frente a la situación de crisis con el magisterio, y sobre quién recaen las responsabilidades por haber signado la declaración política y luego haber roto el acuerdo con la Sección 22. Los dimes y diretes no llegaron a ningún puerto concreto, salvo la decisión tomada por los legisladores de apartarse de los trabajos que lleva a cabo la Sección 22 junto con el Ejecutivo estatal para la construcción de la legislación educativa.
Frente a este conjunto de hechos, no pareciera estar de más preguntar quién es el villano y quién es el traidor. Pues para el magisterio el traidor es el Poder Legislativo, que incumplió el acuerdo, y ahora se está retirando de la mesa redactora de la iniciativa. Sin embargo, en el ámbito contrario, el villano podría ser el Ejecutivo, que a capa y espada está defendiendo su alianza con el magisterio, aún tomando distancia del Congreso.
¿Quién actúa bien y quién mal? No es fácil descifrarlo, a pesar de que en el fondo no estaban equivocados los diputados —y de hecho esto parece un intento tardío de recuperar su dignidad y soberanía— cuando decidieron apartarse del contenido y las condiciones de la declaración política, que a lo único que iba encaminada era a subordinar la capacidad de decisión del Legislativo a los caprichos del magisterio, y no a verdaderamente cumplir con los parámetros marcados por la Federación, que es el patrón real de los maestros, y es quien solventa sus salarios.
Empero, el problema es que hasta hoy nadie en el Congreso del Estado ha dado visos de tener una idea clara de qué hacer como alternativa al rompimiento con el magisterio y su retiro de la mesa redactora de la ley educativa. Definir esto es fundamental —y en esto hay un vacío enorme entre los diputados— porque queda claro que de mantener su postura no contarán con ningún aliado, y sí enfrentarán muchas presiones para que regresen al carril establecido por la Sección 22.
Mal que bien, el binomio magisterio-Ejecutivo tienen todos los elementos para poder integrar un proyecto de legislación más consensado —aún cuando ese consenso sea a favor del magisterio y en detrimento del interés público—, y no dudarán en presionar al Legislativo para que deponga su intención de actuar de manera independiente y volver al acuerdo con el magisterio.
Este es un escenario que tiene muchísimas posibilidades de convertirse en realidad. Y si eso ocurre, la LXII Legislatura terminaría doblemente humillada: primero, por haber tenido la osadía de desafiar al magisterio y perder el duelo, aún teniendo la razón; y segundo, por volver —arrastrado por las circunstancias, por la debilidad de sus integrantes, por la ausencia de un proyecto alternativo, por no tener el apoyo político de nadie, y hasta por la compra de conciencias— por la puerta de atrás a un pacto ominoso, en el que el único que había actuado correctamente era justamente el Congreso, pero que habría tenido que deponer sus intenciones en aras de un acuerdo basado en la tutela del interés del magisterio, y no de lo que necesita la educación y la mayoría de los oaxaqueños.

TODOS, EN EL FANGO
Hasta hoy, cada que alguno de los poderes ha intentado caminar en ese lodo ha salido salpicado, extraviado y atrapado en algo que no puede evitar ni superar. Y en esto falta el Poder Judicial, que hasta ahora no ha tenido ninguna actuación en el tema. ¿Qué va a pasar si alguno de los legitimados —el Gobernador del Estado, o el treinta por ciento de los legisladores locales— decide poner en marcha el mecanismo de control establecido en el apartado B, fracción IV, del artículo 106 de la Constitución del Estado? Será un paso más hacia dentro de ese callejón sin salida. ¿Por qué?
Porque ese precepto dice lo siguiente: “Corresponde a la Sala Constitucional, en los términos que señale la ley: IV.- Conocer de las peticiones formuladas por el Gobernador del Estado, por treinta por ciento de los Diputados al Congreso del Estado (…) sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o decreto aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver en un plazo máximo de quince días naturales, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros”.
Este es, a grandes rasgos, un mecanismo de control previo de la constitucionalidad de un proyecto, que posiblemente podrían poner en marcha una minoría legislativa inconforme con un proyecto ominoso de reforma a la legislación educativa. E irremediablemente —si es que algo tiene de garante de la constitucionalidad— el Tribunal Superior de Justicia terminaría declarando la inconstitucionalidad del decreto. ¿Y qué provocaría eso? Meterse más —aún— en esa ruta oscura de no poder equilibrar el interés público con el interés magisterial. Y aún con su declaratoria, es posible que el Poder Judicial termine también salpicado.

LO INCOMPRENDIDO
Todo esto está ocurriendo por hacer pactos de ingenuidad con el magisterio, que siempre declaró su intención de ir por todo. Ese “todo” es contrario a la legalidad. Y en el fondo tienen la culpa quienes pactaron con él, creyendo que la 22 sería legalista, comprometida y respetuosa de los acuerdos. No entendieron su naturaleza. Y estas son las consecuencias.