Y si los ciudadanos en Oaxaca no nos sentimos representados, ¿qué?

Los mecanismos de participación ciudadana, olvidados

Una de las razones por las que en nuestra sociedad se repite muchas veces un escenario que la mayoría repudia, es porque no hemos aprendido a quejarnos ni a conocer y poner en práctica los mecanismos que establecen las leyes que nos rigen. Cada seis años —y no necesariamente en los tiempos electorales, sino mucho antes— los oaxaqueños nos declaramos hartos de nuestros gobernantes. Pero lo único que hacemos es lloriquear, pero sin hacer nada verdaderamente efectivo como para remediar la situación que nos aqueja. No es que un gobernante deba ser necesariamente la cruz de sus gobernados. Es que con nuestra conducta nosotros así lo decidimos.
En efecto, hoy en día —como cada periodo de gobierno— hay mucha gente que se dice harta del gobierno en turno, sea municipal o estatal, porque la expectativa que generó al inicio de la gestión no fue cumplida, o porque el gobernante en concreto no era la persona, o el político, o el administrador que la ciudadanía esperaba, o los problemas públicos ameritaban. Cuando eso ocurre, irremediablemente comienzan los lloriqueos de la ciudadanía, que muchas veces se traducen en desánimo o en una desaprobación verbal del gobierno en turno. El problema es que no pasamos de ahí.
¿A poco no hoy en día es común escuchar a mucha gente, que hace apenas cuatro años era ferviente seguidora de quienes hoy nos gobiernan, repudiar airada y públicamente a las personas por las que votaron y por las que incluso trabajaron en campañas para captar votos a su favor? Cuando esa conducta aparentemente crítica se pone en marcha, el ciudadano común asume que con eso la afrenta del mal gobierno está lavada, compensada o hasta vengada, y con ello concluye su faceta detractora al gobierno en turno. Nunca, ni los grupos organizados en Oaxaca —y mucho menos la ciudadanía—, ha tomado acciones verdaderamente contundentes para ir políticamente en contra de un gobernante en funciones, así como en algún momento la Sección 22 del SNTE quiso tomar acciones pero por la equivocada vía de las calles.
Esas posibles acciones para ir políticamente en contra del gobernante en funciones, o al menos para exigirle directamente los resultados que se esperan de él o que previamente fueron prometidos, tienen que ver no sólo con tener una actitud valiente, beligerante o contestataria. En el fondo de lo que se trata es de conocer la ley, pero además de estar convencido de que lo que dicta la norma es lo correcto y que además es el mecanismo idóneo para sancionar a un gobernante que no cumple lo que promete.
Sin embargo, frente a esta situación lo que es claro es que los oaxaqueños, y los mexicanos en general, desconocemos las normas que nos rigen, y por eso para la gran mayoría de nosotros ciertos instrumentos fundamentales para la vida en comunidad —como la Constitución de la República, o la Constitución local—, son más bien objetos lejanos, repugnantes, repulsivos e incomprensibles.
Esto parte, en gran medida, de que conocer la ley no es parte de nuestra cultura. Y que contrario a lo que ocurre en países verdaderamente democráticos —en los que conocer la Constitución es parte de la educación básica que recibe cualquier niño en la escuela primaria—, aquí prácticamente nos enseñan a repudiar, a desconocer y a desestimar a la Constitución o las normas jurídicas en general como instrumentos efectivos para cambiar o mejorar el estado de cosas.
En el caso de Oaxaca, resulta que existen en la Constitución mecanismos específicos para sancionar, para exigir resultados y obligar a un gobernante a que escuche a la ciudadanía; o para poner a discusión las decisiones que toma, e incluso para revocarle el mandato; pero también resulta que a pesar del supuesto hartazgo nadie pone en práctica dichos mecanismos ni hace algo más que quejarse.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Contrario a lo que se piensa, la ley sí contempla esos mecanismos para obligar a un gobernante a hacer mejor su trabajo. El problema es que el grueso de la población no los conoce. Y al gobierno en turno —sea del color que sea— lo que más le conviene es precisamente mantener “ocultos” esos mecanismos para que nadie les exija hacer lo que tienen el deber de cumplir.
¿De qué hablamos? De que la Constitución de Oaxaca establece por lo menos seis mecanismos de participación ciudadana, que son letra muerta. Éstos son el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la audiencia pública, el cabildo en sesión abierta, y los consejos consultivos. Quizá en nuestra vida cotidiana el único que más o menos conocemos son las audiencias públicas. Pero hoy en día también sabemos que éstas, en la práctica, sirven para muy poco —si no es que para nada.
¿Qué son? El plebiscito, dice la Constitución local, es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio, pueden objetar las decisiones administrativas del Gobernador del Estado. El referéndum, por su parte, es la consulta a los ciudadanos del Estado que se realiza por medio del sufragio, para que expresen su voluntad sobre la creación o reforma de normas generales y/o de normas secundarias.
Por su parte, la revocación de mandato está sujeta a reglas que establece la propia Constitución, pero procede cuando, cumpliendo los requisitos de procedibilidad que señala la ley, un número determinado de ciudadanos logra someter al propio Gobernador a un proceso de ratificación o revocación de su mandato, una vez que haya transcurrido cuando menos la mitad de la gestión para la que fue electo.
Luego, sobre las audiencias públicas, la Constitución dice que las autoridades administrativas estatales y municipales, deberán realizar audiencias públicas y periódicas para que los ciudadanos del Estado, de manera directa, les planteen asuntos de interés público. El problema es que no establece ningún mecanismo o deber para canalizar esas inquietudes, y por ello este mecanismo ha degenerado en un mero acto para la foto, sin mayor capacidad de respuesta o de incidencia en los problemas de la gente.

¿Y LOS OTROS MECANISMOS?
¿Alguien conoce algún municipio que haya puesto en práctica el mecanismo de Cabildo en Sesión Abierta? Como ese sería un mecanismo más deliberativo, parece que no es alentado por las autoridades municipales. Al final, queda claro que nos perdemos en el lamento pero no hemos aprendido, como ciudadanos, a utilizar la ley a favor de nuestras supuestas inconformidades.