Federaci贸n, sin prisa por armonizaci贸n educativa

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Jerarqu铆a entre 谩mbitos de gobierno, determinante

El proceso de armonizaci贸n de la legislaci贸n educativa estatal con la federal, es importante para Oaxaca y para la Federaci贸n por las implicaciones pol铆ticas que tiene, pero no por las legales. Aunque en el 谩mbito pol铆tico, Oaxaca tiene una prueba de fuego ante la encrucijada que resulta por la necesidad de armonizaci贸n, junto con la oposici贸n de la Secci贸n 22 del SNTE a las nuevas reglas constitucionales 鈥攜 el apoyo del r茅gimen local al magisterio鈥, es claro que ello bien puede ser constitucionalmente intrascendente. Es importante entender por qu茅.
En efecto, la nueva legislaci贸n en materia educativa estableci贸 rubros que hasta ahora no exist铆an. El m谩s sensible de ellos es el establecimiento de todo un sistema de evaluaci贸n de la actividad docente, que es aplicable para todos los profesores de educaci贸n p煤blica b谩sica del pa铆s. Contra este sistema en concreto, es que los trabajadores afiliados a la Secci贸n 22 han manifestado su rechazo, y por esa raz贸n han desplegado un conjunto de acciones 鈥攓ue no hemos visto desplegado completamente, hasta ahora鈥 para tratar de impedir que la legislaci贸n federal baje al 谩mbito estatal.
En ese sentido, la 22 cree que con eso, y con la posible elevaci贸n de su Plan para la Transformaci贸n de la Educaci贸n en Oaxaca (PTEO) a rango de ley, podr谩 escabullirse de las nuevas reglas establecidas en la Constituci贸n de la Rep煤blica. Suponer eso es un error, pues a煤n impidiendo por completo la armonizaci贸n de las leyes estatales con las federales, de todos modos seguir谩n prevaleciendo las normas federales. Hay razones relacionadas con los principios de jerarqu铆a normativa, que son muy concretas y que fundamentan lo que afirmamos.
驴De qu茅 hablamos? De que necesitamos entender la trascendencia del art铆culo 124 constitucional, que a la letra dice: 鈥渓as facultades que no est谩n expresamente concedidas por esta Constituci贸n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados鈥. Este precepto deja ver la existencia de dos competencias: una originaria, que es la de las entidades federativas; y una derivada, que es la federal. Por eso ese art铆culo debe ser entendido a partir de las facultades que toma la Federaci贸n como 谩mbito de competencia, y todo el resto 鈥攏o enumerado鈥 que es lo que se queda en el 谩mbito de las entidades federativas para su libre reglamentaci贸n.
Entender la trascendencia de este art铆culo es fundamental por una raz贸n simple: hasta antes de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso de la Uni贸n no ten铆a la facultad de legislar en materia de evaluaci贸n docente. Y tomemos en cuenta que, primero, ese rubro no exist铆a en ning煤n ordenamiento legal, y que, acaso, la evaluaci贸n se quedaba en meros acuerdos administrativos sin base constitucional; y segundo, que de haber existido hasta antes de la reforma federal de 2013, ese sistema constitucional de evaluaci贸n debi贸 legislarse en los estados y no en la federaci贸n, porque las entidades federativas eran quienes ten铆an la libertad de legislarlos, a partir de que la Constituci贸n federal no le daba facultades al Congreso de la Uni贸n para emitir disposiciones legales en esa materia.
No obstante, tenemos que volver a este punto para comprender que al ya contemplar el art铆culo 73 de la Constituci贸n federal, en su fracci贸n XXV, la facultad para establecer un Servicio Profesional Docente que cumpla con lo dispuesto en el art铆culo tercero, entonces esas disposiciones son de observancia general en toda la Rep煤blica y el responsable de su aplicaci贸n es esencialmente el gobierno federal, independientemente de que sean o no acordes con las legislaciones estatales.

BATALLA POL脥TICA
Oaxaca se encuentra en una encrucijada, que no pone en riesgo, en el mediano y largo plazo, la vigencia de la reforma educativa federal. M谩s bien, la encrucijada se encuentra en la posible incapacidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para poder procesar la armonizaci贸n de las normas educativas en un marco de gobernabilidad y di谩logo con la Secci贸n 22, y en los efectos negativos que ese fracaso tendr铆a ante los ojos de la naci贸n, y del mundo, que a partir de ello terminar铆an de constatar que en la entidad no gobiernan los poderes constituidos, sino un poder f谩ctico llamado Secci贸n 22 del SNTE.
Ese fracaso, y el escarnio, tendr铆an su principal costo en el 谩mbito pol铆tico, pero no en el educativo. Pues queda claro que tanto la Secci贸n 22, como el mismo gobierno estatal y el Congreso local, pueden pasar todo el tiempo que deseen tratando de simular que trabajan en el proceso de armonizaci贸n educativa, sin demostrar resultados de nada, y de todos modos el 1 de enero del a帽o pr贸ximo el gobierno federal tomar谩 posesi贸n de los rubros m谩s importantes de la evaluaci贸n de los docentes en la entidad, y entonces comenzar谩 a recortar servicios y beneficios que tienen los profesores, y a normar todos los procesos que hoy se encuentran en manos de la Secci贸n 22 y que por mandato de la Constituci贸n federal, ahora deben ser regulados por la SEP.
As铆, por ejemplo, los profesores de la 22 podr谩n seguir obstaculizando la realizaci贸n de los ex谩menes de oposici贸n para la asignaci贸n de nuevas plazas, y lo que har谩 la Federaci贸n es reservar esos espacios para cuando haya condiciones, sea en un mes o a帽os despu茅s. Lo mismo ocurrir谩 con quienes no participen en el censo de docentes, o con quienes se nieguen a reconocer a la SEP como autoridad.
As铆, mientras no haya condiciones, la SEP no abrir谩 nuevas plazas; quien no participe en el censo, no cobrar谩 su salario, y quien se niegue a reconocer a la SEP, no ser谩 objeto de los servicios que 茅sta otorgue. En todos los casos, quien pierde es el magisterio, y no el gobierno federal, que a煤n en el caso de que no haya armonizaci贸n, de todos modos vendr谩 a tomar posesi贸n de lo que, por mandato de la Constituci贸n de la Rep煤blica, ya tiene atribuci贸n para comenzar a regular.

DO脩A LIZBETH
Un tema que no debe dejar de considerarse respecto a la persecuci贸n judicial de ex funcionarios, es que existen versiones de que a principios de 2011 la entonces titular de la ASE, Rosa Lizbeth Ca帽a Cadeza, entreg贸 a los principales integrantes del r茅gimen anterior, sendas cartas de liberaci贸n de responsabilidad por 鈥攕eg煤n鈥 haber solventado definitivamente la comprobaci贸n de sus respectivas funciones como servidores p煤blicos. De existir esos documentos liberatorios, ser铆a muy dif铆cil fincarles una responsabilidad actualmente. 驴Ser谩?

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