La justicia por el pasado, ¿qué más tocará?

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Lorenzo San Pablo, oculto crimen de Estado

Están equivocados quienes dan por hecho que con el encarcelamiento de Bulmaro Rito Salinas, se está haciendo justicia respecto a los hechos delictivos del pasado reciente en Oaxaca. La captura de Rito es, a lo mucho, una más de las venganzas entre grupos políticos que finalmente tendrá un arreglo en la misma arena de los intereses políticos, donde se decidió su captura. Pero si de verdad el gobierno estatal quiere dar una muestra de fondo de que está dispuesta a hacer justicia, debería desempolvar, investigar, y perseguir a los responsables, y afrontar las consecuencias institucionales, por el asesinato del activista Lorenzo San Pablo Cervantes.
En efecto, para entender cabalmente la trascendencia del homicidio de San Pablo Cervantes, vale la pena hacer memoria respecto a lo que pasaba en Oaxaca en agosto de 2006. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Si recordamos, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón, a finales de mayo; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.
En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.
En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.
Ese hecho, aunque —para bien o para mal, según sea el caso— hoy pase totalmente desapercibido, constituyó el inicio del periodo más violento por el que ha atravesado Oaxaca. Fue a raíz del asesinato de San Pablo Cervantes, que los grupos sociales —y demás organizaciones que acompañaron a la Sección 22 y la Asamblea Popular durante el conflicto magisterial— que apoyaban a la APPO, comenzaron a exigir que la población saliera a las calles a instalar el mayor número de barricadas posibles, y fue lo que generó un periodo de violencia social que nunca antes había ocurrido en Oaxaca, y en el país, en el cual mucha gente más salió violentada en su integridad o sus derechos fundamentales.

RESPONSABILIDAD DE ESTADO
Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.
¿Por qué entonces si hablamos de la justicia respecto a los excesos del pasado, nos alegramos —y quizá hasta nos demos por satisfechos— ante la aprehensión de Bulmaro Rito? Es muy posible que Rito, como varios otros integrantes del régimen anterior, haya cometido excesos y auténticos saqueos a las arcas estatales. Pero es insuficiente pensar que con ello quedan saldadas las cuentas del pasado, y que entonces ya se puede dar borrón y cuenta nueva a todo lo que ocurrió durante ese periodo.
Una cosa son los posibles delitos cometidos en el ejercicio de la función pública (como el peculado, o desvío de recursos, que hoy está tan de moda), y otros los delitos flagrantes —como el asesinato de San Pablo Cervantes, que fue atacado en desproporción, y que además estaba desarmado— que incluso pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad también pesaría sobre Ulises Ruiz y sus funcionarios.
Al final eso es lo que más restituiría a toda la sociedad: que el gobierno asumiera su responsabilidad, y por un lado decidiera investigar, a través de sus propias instancias de procuración de justicia —y al margen de las poses demagógicas de las “comisiones de la verdad”— para esclarecer esos auténticos crímenes cometidos en aquel periodo; y que por el otro extremo el gobierno asumiera su verdadera responsabilidad de Estado y buscara, voluntariamente, la reparación de los delitos cometidos, entendiendo esto no sólo en el ámbito de las restituciones económicas, sino estableciendo todo un esquema de reparación enfocado a que nunca más un crimen de esos volviera a cometerse en nuestro estado.
Esta última parte sí le correspondería asumir al gobierno de Gabino Cué. Lamentablemente los encargados de velar por los derechos humanos en este gobierno reducen el tema a activismo y lucha social, dejando cuestiones sustanciales, como las reparaciones, entre las cosas que no les generan interés promover.

ENTREVISTA EN PRISIÓN
¿Cómo está eso de que un reportero puede entrar a una penitenciaría a entrevistar a un recluso, con una grabadora digital o, aún más, con un teléfono celular con el que lo videograba? Por el morbo, muchos no repararon en el detalle, pero eso fue lo que pasó con Bulmaro Rito, que ya fue “entrevistado” dentro de Ixcotel. ¿Así de relajadas están las medidas de seguridad para ingresar al penal? ¿Quién lo permitió? Eso debe explicarlo el titular de la SSP, Alberto Esteva Salinas.

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