¿Qué pasa si los diputados oaxaqueños no armonizan?

Date:

Sanción: el descrédito de poderes locales

A pesar de los avances en la negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del SNTE, en Oaxaca continúa la duda en diversos sectores de qué pasaría si al final el Congreso del Estado decide simplemente no entrar al análisis de las iniciativas de ley educativa que pudieran presentarse para concluir el proceso de armonización con las normas federales, o si llega a darse el caso de que legalice el PTEO de la Sección 22.
En efecto, hoy en día todavía no existe certeza en Oaxaca de lo que pueda pasar. Reiteradamente, el gobernador Gabino Cué ha manifestado que antes de que inicie el próximo ciclo escolar —es decir, en menos de dos semanas— estará concluido el proceso de armonización de la legislación educativa local; y aunque con cierto recato, algunas voces en el Congreso local han comenzado a hacer afirmaciones en el mismo sentido.
El problema es que hasta hoy no se ha cumplido el punto clave del supuesto consenso que existe entre el magisterio y los poderes ejecutivo y legislativo: es decir, que no existe una iniciativa de reforma que sea la materialización del acuerdo entre el magisterio y los poderes, y que sea el reflejo de lo que todos quieren, sin romper con la Constitución federal. Hasta ayer, lo que había en el Congreso eran iniciativas presentadas por legisladores o por partidos en lo individual, pero no una iniciativa que fuese producto del pacto político del 10 de marzo firmado entre el Gobernador, la 22 y representantes del Congreso.
Esa incertidumbre, y la beligerancia del magisterio, es lo que ha alimentado la posibilidad de que de que finalmente el mentado proceso de armonización pudiera no ocurrir. Todos se ven presionados, pero en realidad no hay total claridad sobre qué efectos jurídicos concretos pueden tener quienes incurran, o perpetúen, la omisión legislativa del Congreso local. Podemos, sin embargo, inferir algunos escenarios. Veamos.
Si los diputados simplemente no hacen nada, estarían consolidando la omisión legislativa por la que el Ejecutivo federal ya presentó una controversia constitucional. La sentencia de esa controversia constitucional, seguramente tendría algunos de los efectos siguientes: condenar al Poder Legislativo a llevar a cabo la armonización en un plazo establecido; establecer las normas, o los criterios, que deberían aplicarse supletoriamente a los temas que debía abordar la ley sobre la que hay omisión; fijar una sanción específica a la autoridad administrativa ante el incumplimiento de su sentencia; y también fijar la consecuencia que podrían enfrentar los diputados ante la omisión legislativa.
En este último punto, vale la pena reflexionar sobre esa consecuencia que podrían enfrentar los diputados. Pues lo que a primera vista parece, es que esa consecuencia natural debía centrarse en el juicio político, ya que al omitir la armonización estarían cometiendo una violación directa a la Constitución. A su vez, el juicio político tiene como efecto que el servidor público que es hallado culpable, debe ser destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión pública durante un periodo determinado.
Y, frente a esto, vale la pena releer lo que, en el ámbito federal, establece la Constitución de la República. Ésta dice, en el tercer párrafo del artículo 110: “los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal y comunicada al Poder local que es integrado por ellos mismos, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

ARMONIZACIÓN INCONSTITUCIONAL
Ahora bien, ¿qué pasa si llegaran a convertir el PTEO en ley? Que habría una segunda controversia constitucional presentada también por el gobierno federal, a través de la cual lo que buscarían es la declaratoria de la Suprema Corte de que ciertos artículos, o toda la ley, fueran declarados inconstitucionales. Esto podrían lograrlo sin problemas. ¿Y después?
Seguramente lo que vendría es que la misma Corte, en su sentencia, establecería los parámetros de aplicación de las normas que supletoriamente debían regir las cuestiones en las que la ley educativa local habría sido declarada inconstitucional, o aún yendo más allá, establecería en la propia sentencia lo que debiera ser el marco de aplicación de reglas ante la inconstitucionalidad de la norma.
Todo esto vale la pena comenzar a considerarlo porque cualquier cosa puede pasar. Aunque hay promesas de que la ley educativa quedará lista el 18 de agosto, o antes, nada garantiza que eso pase, y mucho menos que lo aprobado sea armónico con la Constitución de la República.

LEGISLADORES IMPRUDENTES…
Quizá recuerden que fue un diputado federal oaxaqueño quien, en un arranque de valentía, en 2010 se atrevió a calificar como “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón. Quizá también se recuerde que dos diputadas federales fueron el hazmerreir del país cuando intentaron golpear, frente a las cámaras de televisión, a su homólogo, el extinto Guillermo Zavaleta. En ese mismo nivel, aunque un poquito peor, se encuentra el senador Benjamín Robles, quien al carecer de argumentos en el debate de la reforma energética intentó acusar de desvíos al fallecido padre del senador David Penchyna. Fue un poquito peor, porque a Robles lo calló el Presidente del Senado, lo vapulearon todos sus compañeros legisladores, y luego el propio Coordinador de la bancada perredista tuvo que ofrecer una disculpa por el exabrupto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Acción legal contra Semovi

Carlos R. Aguilar Jiménez No soy abogado, pero si lo...

Un inicio que promete 

Paréntesis Música. Cine. Entretenimiento. Tendencias.  Ismael Ortiz Romero Cuevas  En octubre de...

¿Y el libramiento norte?

Carlos R. Aguilar Jiménez Años van, décadas vienen y desde...

CONTRAFUEGO || Ninguneo al Legislativo

Aurelio Ramos Méndez Suena muy democrático, pero entraña un lamentable...