Reformas estructurales: juntas, desmovilizan

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+ Energía, educación, telecom: junto, ya quedó

 

Dejando de lado la perspectiva local, ayer se concretó el conjunto de cambios que eran pavorosos para ciertos núcleos de la población, y que en otras circunstancias habrían sido motivo suficiente para incendiar al país. Al iniciar la semana, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó y mandó a publicar las leyes que constituyen el paquete de normas reglamentarias en materia de energéticos. Con ello queda consolidado el periodo de las llamadas “reformas estructurales”, que si una lección dejan es que tuvieron la capacidad de desmovilizar al país, para ubicarlo en rebeliones mínimas, y así poder sacar adelante este nuevo proyecto de nación que no sabemos qué tan benéfico o perjudicial será para el país.

En efecto, al finalizar la semana anterior el Congreso de la Unión dio por terminada la parte del proceso legislativo que les corresponde, y envió las 27 iniciativas de leyes en materia de energéticos ya aprobadas, para que el Ejecutivo continuara con el proceso y cumplir con el deber de promulgarlas, sancionarlas y mandarlas a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Todo ocurrió —incluyendo el acto protocolario de ayer— sin ningún contratiempo, sin ninguna protesta, y sin ningún incendio nacional. Todas las amenazas quedaron conjuradas a partir de la estrategia de focalizar las resistencias y no permitir que éstas se unieran.

Y es que a pesar de todo lo que se diga a favor o en contra del proyecto reformador del presidente Peña Nieto, lo único que hoy tenemos escasamente claro es que todo fue planeado de tal forma que se buscó la desmovilización y la imposibilidad de que todos los grupos disidentes al proyecto presidencial, unieran sus luchas. Pues resulta que los cambios hechos en el entramado institucional en su conjunto son enormes (en materia educativa, fiscal, en telecomunicaciones, en transparencia, en energéticos, y demás). Y a pesar de ello no hay mayores focos de resistencia que lo poco que queda en Oaxaca, y en algunas manifestaciones relacionadas con el impulso a una consulta popular para la reforma energética.

Este no es el escenario que se preveía hace dos años, cuando se anunció la intención de ir por un conjunto de reformas que eran particularmente sensibles para algunos grupos. Cuando se dijo, por ejemplo, que la reforma educativa sería un motivo para que los profesores incendiaran el país, no se tenía la claridad de qué era lo que se debía hacer para evitarlo. Al asumir el gobierno del presidente Peña Nieto, se tomó la decisión única de cortarle al SNTE su principal arteria política, con la detención de la profesora Elba Esther Gordillo. Pero prevaleció la inquietud porque el gobierno federal parecía despreocupado por dejar viva la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La preocupación no era ociosa. Hasta entonces, la Coordinadora era no sólo cabeza de la disidencia magisterial en el sureste de México, sino que fungía también uno de los principales vasos comunicantes entre todas las corrientes disidentes al gobierno federal desde inicios de la década anterior. La gran pregunta, entonces, era: ¿Qué hará el gobierno de la república si llegado el momento la inconformidad de la CNTE por la reforma educativa, se combina y se une con quienes se opongan a la reforma energética, y a su vez con quienes no estén de acuerdo, y salgan a las calles a manifestarlo, con las demás reformas?

¿Qué pasará —muchos se preguntaban, y con razón— si al final todos esos brotes se unen y conforman un solo frente que intente desestabilizar al país?

 

LA CIRCUNSTANCIA DE LOS TIEMPOS

La CNTE ha sido uno de los principales faros de la oposición en el país en los últimos tiempos. En 2006 apareció como un grupo robusto, organizado, suficiente y capaz de mantener en jaque a todo un gobierno, y de enfrentarse incluso a una maquinaria policiaca federal, a través de la fuerza del respaldo popular. Eso fue lo que demostraron cuando lograron el liderazgo indiscutible en el conflicto magisterial y popular de ese año en Oaxaca, y fue lo que todos los grupos le reconocieron en el ámbito nacional como auténticos líderes de la oposición en el país.

De ahí partía el riesgo en la actualidad. La CNTE, por ejemplo, habría sido uno de esos pocos grupos capaz de aglutinar a distintas vertientes de la izquierda mexicana —hasta las más radicales, incluso— si de lo que se trataba era de sostener una sola lucha en contra de las reformas estructurales en conjunto. No lo pudieron hacer porque el solo paso del tiempo, y el “timing” de las reformas estructurales, los obligó a claudicar en sus postulados democráticos y a centrarse en defender el feudo que les quedaba en Oaxaca, como un asunto ya no de fuerza política, sino de supervivencia.

En este escenario, resulta trágico que los grupos disidentes del país no tuvieran capacidad de unirse. Que, en el caso del magisterio de Oaxaca, el solo transcurso de los tiempos y las reformas, los obligaran a refugiarse en el territorio del estado para defender lo poco que les queda de un feudo que les fue arrebatado. Es trágico, primero porque en esas condiciones no hubo oportunidad de presentar una oposición efectiva a un conjunto de reformas que muy pocos saben y pueden entender qué tan favorables o dañinas pueden ser para el país.

Y esto es doblemente trágico porque, ya metidos en esa vorágine, los mismos grupos disidentes —y la CNTE en específico— no tuvo la claridad suficiente como para ser razonable, en tiempos en los que el mejor escenario para sus adversarios era que optara por la irracionabilidad —como finalmente lo está haciendo— para entonces descalificarlo de antemano y evitarle la posibilidad de ser un interlocutor capaz de dar una visión distinta a la que presentó, e impuso, el gobierno federal.

 

ARRINCONADOS

Ahora falta ver qué pasa con la ruta crítica de la reforma educativa en Oaxaca. El proceso es, en realidad, irrelevante: de todos modos, se armonice o no, se le cumpla o no el capricho a la Sección 22, de todos modos en enero entrará en vigor todo el conjunto de disposiciones en materia educativa, que de todos modos sujetarán al profesorado oaxaqueño y lo someterá a las nuevas reglas. Eso es irremediable. Más bien, y como lo apuntábamos desde hace tiempo, este proceso está sirviendo para dejar ver el tamaño de la debilidad institucional que tienen gobiernos estatales como el de Oaxaca.

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