Presión magisterial, freno a democracia
Sostenidamente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca hacen dos aseveraciones respecto a su supuesta independencia de los poderes fácticos: por un lado, dicen que ninguna presión ejercida desde la sociedad es determinante para la toma de decisiones; y por el otro, sostienen que el Estado asume plenamente que parte de su vocación democrática radica en no responder a las provocaciones que grupos de presión como la Sección 22 del SNTE hacen a la autoridad, respecto al orden público y los derechos de terceros. ¿De verdad esas actitudes demuestran democracia e independencia en Oaxaca?
En efecto, hoy el Estado oaxaqueño se encuentra ante uno de sus dilemas más profundos frente a la necesidad de emitir una nueva legislación en materia educativa. Como bien lo sabemos, la reforma constitucional federal, y la promulgación de la reglamentación secundaria de ese nuevo contenido constitucional, obligaron a Oaxaca como entidad federativa a iniciar un proceso de armonización de su legislación, que hoy tiene a sociedad y gobierno frente a una situación en apariencia insalvable: la Sección 22 se ha opuesto con todo denuedo a que se lleve a cabo ese proceso, y sostienen que sólo estarán de acuerdo con una legislación educativa que responda a sus intereses, independientemente de que sea o no armónica con la Constitución de la República. Y ocupan el método de la presión social para tratar de conseguir lo que pretenden.
Frente a esto es que el Estado hace esas dos manifestaciones. Pues por un lado, gobierno y Congreso sostienen que son independientes y que no se dejan presionar por grupo alguno, aunque en los hechos ellos son los que se han visto obligados a postergar el momento de emitir la nueva legislación educativa, y a llevar al consenso con un poder fáctico (la Sección 22) el contenido de una ley, que en sí misma debiera ser la expresión de la independencia y soberanía de los poderes del Estado.
La justificación que hasta ahora han ofrecido el gobierno y el Congreso para llevar a cabo ese consenso, es la vocación democrática de quienes los integran. Esto es posible. Sin embargo, en un verdadero marco de democracia lo que tendría que haber ocurrido es que todos demostraran su voluntad por el consenso, cediendo en ciertas posiciones en aras de conseguir otras. Esto es, que tanto el gobierno y el Congreso concedieran ciertas posiciones a un poder fáctico como la Sección 22 (con quien de entrada no tienen el deber de negociar, aunque lo hacen por esa supuesta vocación democrática), para que a su vez ésta hiciera esa misma demostración. Sólo que eso no ha ocurrido, y posiblemente no ocurra nunca.
Todos sabemos que hasta hoy la 22 no ha cedido una sola de sus exigencias, porque sus órganos de dirección asumen la democracia como el deber del Estado de cumplir todo lo que ellos —como expresión del pueblo de Oaxaca— exigen, y no como el deber de todos los participantes en el consenso democrático de ceder ciertas posiciones en aras de conseguir otras.
Así, lo que en realidad están provocando los poderes del Estado con esa posición ambigua e inexplicable, es debilitar en su conjunto al Estado. Pues a pesar de que los Poderes estatales no aceptan que en realidad se encuentran profundamente presionados —y asustados— por las acciones y reacciones de la Sección 22, todos vemos que eso ocurre todos los días.
¿Cómo no pensar que hay presión infinita por parte de la Sección 22 en contra del gobierno y del Congreso, cuando los obligaron primero a firmar un pacto político que en sí mismo quebrantaba el mandato dado por el Poder Legislativo Federal para el periodo en que debía darse la armonización de las legislaciones locales con la norma federal? ¿Cómo no creerlo cuando después obligaron al Ejecutivo y Legislativo a conformar una comisión redactora conjunta, en la que prevaleció la visión de los profesores democráticos? ¿Y cómo no seguirlo creyendo, cuando ellos son quienes presionan todos los días a los diputados para que no discutan y aprueben otra legislación, que no sea la que ellos entregaron?
Si en ese marco de presiones —y de la reacción del gobierno y el Legislativo, que siempre responden cediendo a lo que quiere el magisterio—, todavía se atreven a afirmar que hay democracia e independencia del Estado, entonces no sabemos qué concepción tan distorsionada tienen de esos conceptos, que hoy en día no están ni cerca de materializar lo que hasta ahora hemos conocido como Estado de Derecho.
ESTADO DÉBIL
Ahora bien, ocurre exactamente lo mismo con el orden. El gobierno asume como deber inamovible no responder a las afrentas que reiteradamente ha hecho la Sección 22 en contra de la sociedad y el orden público, porque dice que actuar en su contra constituiría una demostración de represión, que va en contra de la vocación democrática del régimen gobernante.
No obstante, lo que ocurre en realidad es que con ello el Estado facilita su propio debilitamiento. ¿Por qué? Porque no sólo se trata de no actuar en contra de la Sección 22, sino también de lo que demuestra, y de los puntos de referencia que toman otras organizaciones. Hoy en día vemos que taxistas, camioneros, transportistas, vendedores ambulantes, integrantes de organizaciones gremiales, grupos de lucha social, y un larguísimo etcétera, toman las calles de Oaxaca libremente, como si en ellas no hubiera una norma mínima de convivencia, y como si no tuvieran el deber de respetar a los demás.
¿Por qué ocurre eso? No porque el magisterio sea muy numeroso y sea imposible actuar en su contra, sino más bien porque el Estado es quien puso la pauta de que todo podía hacerse sin tener consecuencia alguna, y por eso hoy cualquier grupo hace lo que quiere en la vía pública de la ciudad, o atacando bienes o derechos de la colectividad.
Esa es una muestra de debilidad profunda, que está confundida con una actitud democrática. Ésta última debía centrarse en actuar en un marco de tolerancia y civilidad. Pero el límite de esos dos valores debía darse en el momento en el que cualquiera de los dos extremos (la protesta o la civilidad) lastimaran los derechos de terceros.
¿Y LA SOCIEDAD?
Esa es la gran pregunta. Y la respuesta no se encuentra específicamente en la población, sino más bien en su desorganización. Los oaxaqueños no hemos podido pasar del lamento a la organización, entendida ésta última como la capacidad de aglutinarse para exigir derechos u oponerse a ciertas cuestiones. Nada de eso existe. Por eso, y por la debilidad del Estado, aquí impera la ley del más fuerte.
