+ Gobierno debe dar los beneficios, sin discriminación
Qué visión tan corta tienen los empleados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, que no alcanzan a ver que el programa de dotación de útiles y uniformes escolares a los niños que estudian en instituciones públicas de educación básica, es un derecho y no una dádiva. Eso, que se aprecia a simple vista, lo confunden con sus aviesas lealtades con la Sección 22 del SNTE. Y en aras de querer sostener sus compromisos políticos, lo que provocan es la violación flagrante de los derechos de los niños que reciben instrucción con profesores de la Sección 59.
En efecto, ayer TIEMPO informaba que según el director del programa de dotación de uniformes y útiles escolares del gobierno estatal, Diego Rule Castro, los alumnos de los maestros de la Sección 59 “no recibirán uniformes y útiles escolares porque [la 59] no acreditó a sus alumnos ni están avalados por el Sistema Educativo de Oaxaca. Destacó que mientras no se compruebe debidamente que cada alumno instruido por maestros de la Sección 59 del SNTE ya cuenta con toda su documentación, los útiles y uniformes no se entregarán ‘porque no se podrá soportar cada entrega’”.
Veamos este asunto en perspectiva. En febrero de este año, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín, señalaba que con el programa de dotación gratuita de uniformes escolares a alumnos de educación pública, se distribuirán un millón 950 mil juegos de uniformes escolares a 975 mil alumnos, ejerciendo una inversión de 463 millones 156 mil 720 pesos; además, decía, se entregarán 500 mil paquetes de útiles escolares con una inversión de 76 millones 230 mil 960 pesos. La única condición que existe para que cada uno de esos niños reciba su dotación de uniforme y útiles escolares, es que se encuentre inscrito en una escuela pública en el Estado.
Ahora bien, lo que parece es que Rule Castro se encuentra extraviado entre los compromisos del gobierno con la Sección 22 —que no hizo él, pero que oficiosamente está siguiendo— y su corta visión como persona y como servidor público. Claramente es visible que no entiende que la entrega de útiles y uniformes a los menores constituye un derecho y no una prebenda; que su obligación como servidor público es velar porque los derechos de la niñez prevalezcan por encima de cualquier otra circunstancia; y que este conflicto entre la Sección 22, la 59 y el gobierno estatal, no es culpa de los menores, y por ende ellos no tienen por qué pagar las consecuencias.
En ese sentido, es evidente que su perspectiva limitada, impide a Rule Castro —y al obtuso Titular de la Sedesoh— entender que el problema entre las secciones sindicales y el gobierno estatal es finalmente producto de una disputa administrativa y política, en la que los menores no tienen nada que ver, y por ende sus derechos deben estar protegidos independientemente de las circunstancias políticas frente a las cuales ellos son víctimas y no actores.
Específicamente, el no reconocimiento de esos alumnos por el sistema educativo estatal es una cuestión administrativa, porque es una resistencia del IEEPO —motivada por cuestiones políticas, y por la presión que permanentemente ejerce la Sección 22 sobre ellos—, la que impide que los alumnos de educación pública básica que reciben instrucción por maestros afines a la 59, cuenten con toda su documentación en regla.
Además, es lamentable constatar que son los propios funcionarios estatales quienes presentan los programas sociales como una prebenda o una dádiva sólo para las personas que, al margen de que tengan la necesidad o el derecho de recibir este beneficio, sean quienes estén de acuerdo con el gobierno… o con sus aliados. Esto es abominable porque, además, el gobierno de Oaxaca mantiene sus programas sociales sostenidos únicamente como una concesión graciosa del gobierno, sin darles el carácter constitucional de derechos para la niñez, con lo cual se harían obligatorios de observar independientemente del tiempo y la circunstancia política.
VIOLAN DERECHOS
Además, si esto parece aún poco, quedan aún varias preguntas por responder. Una de ellas, fundamental, es la siguiente: ¿Qué no todos y cada uno de los servidores públicos del país están obligados a observar los derechos fundamentales, definidos y difusos, de las personas, independientemente de que se encuentren o no en una norma, pero existan en la realidad?
Pues hasta donde recordamos, el tercer párrafo del artículo 1 constitucional dice que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Al menos en este caso los servidores públicos involucrados están asumiendo una posición, aún en el ámbito de lo voluntario, que querer limitar un derecho mientras no se cumpla una condición administrativa que no está en manos de los afectados. Es decir, los alumnos no tienen la culpa del problema administrativo de la Sección 59, y ellos sí cumplen con el requisito de asistir a clases en una escuela pública, y por ese solo hecho ser merecedor de las prestaciones que les debe dar el Estado por ser parte de un programa social la dotación de útiles y uniformes.
No hacerlo de ese modo, sería tanto como aceptar que entonces el programa fue hecho sólo para los alumnos que reciben instrucción por parte de maestros de la Sección 22, y que está permitido llevar a cabo un acto abierto de discriminación por no acudir a una escuela de los “democráticos”.
Al final, queda claro que esto quebranta la afirmación de que el gobierno es para todos y que hay una verdadera actitud democrática. Lamentablemente, esta es la constatación de la alianza del sector oficial con el magisterio, que es llevada hasta la ignominia.
SOLIDARIDAD
Al margen de la circunstancia, y de los rejuegos e intereses políticos que hay alrededor de algunos medios locales, es inaceptable la sola intención de querer amedrentar a compañeros de medios informativos. El ataque al domicilio del director de Despertar, nuestro amigo Felipe Martínez López, debe ser indagado y esclarecido de inmediato por las autoridades estatales competentes. Rechazamos la violencia en contra de los medios y exigimos que se haga valer el Estado de Derecho.
