+ Si hay pruebas, ¿Por qué no inician los desafueros?
Sumido en la crisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alberto Esteva Salinas comenzó a repartir culpas y a exhibir a sus adversarios, como si con ello consiguiera dar por terminado el conflicto. En los más de 10 días que llevan las inconformidades policiales, el Titular de la SSP ha repartido culpas y ha dado detalles sobre el presunto origen político del conflicto, pero sobre todo se enfrascó en señalamientos sobre responsabilidades y cuentas pendientes con la justicia de los diputados locales que, según Esteva, son los que han alentado esta crisis. Si tiene pruebas, ya deberían iniciar el proceso de desafuero de los diputados, y no insistir en lo que no tiene ninguna utilidad para los oaxaqueños.
En efecto, todo esto ha sido bien calificado como una auténtica guerra de lodo. Pues casi desde que inició la crisis policial, varios diputados locales se involucraron en el conflicto respaldando las acciones de los elementos inconformes, y exigiendo que diversas instancias del gobierno estatal atendieran las inconformidades, demandas y exigencias de los uniformados.
Mientras eso pasaba, el Titular de la SSP comenzó a señalar lo mismo que esta protesta había sido alentada por elementos afines a su antecesor, Marco Tulio López Escamilla, o que tenía como origen las intrigas de un ex gobernador que había ofrecido prebendas a los elementos para que alentaran la protesta. Y no conforme con su lluvia de versiones sobre el origen conspiratorio de las acciones de los elementos, Esteva luego dijo que todo esto había sido financiado por los propios diputados involucrados. Esto convirtió la protesta en un inútil lodazal protagonizado por Esteva y los diputados que, para defenderse, lo siguieron atacando.
De acuerdo con notas periodísticas que han dado seguimiento al tema, Esteva cuestionó al diputado Pérez Morales, por ejemplo, por haber impuesto a su hija Lizet Lluviely Pérez Durán como directora de Servicios Generales del Congreso del Estado, con sueldo de 70 mil pesos mensuales. Al diputado del PAN, Gerardo García Henestroza, lo señaló también de actos de corrupción cuando fue presidente municipal de la ciudad-puerto de Salina Cruz. Y luego continuó su ofensiva, vía Twitter, acusando al diputado Freddy Gil Pineda Gopar por haber creado grupo de Autodefensa cuando fue edil Nopala.
Esteva recibió respuesta a cada uno de sus cuestionamientos. El diputado García Henestroza lo llamó a madurar y a ganarse el respeto con trabajo. Pineda Gopar, por su parte, le respondió y reveló que Esteva Salinas le prometió patrullas para el Municipio de Santos Reyes Nopala, pero nunca cumplió. Al hacer esto, Esteva y los diputados involucrados sacaron a relucir una serie de acciones y faltantes que, sin embargo, no disculpan o minimizan, en nada, la grave situación por la que atraviesa la seguridad de los oaxaqueños, que sigue al garete por continuar los uniformados en su paro, y por no poder la SSP contener la situación que tiene prácticamente inmovilizados los servicios de seguridad pública en el Estado.
¿Qué sigue?, es la pregunta. Pues queda claro que lo que hasta hoy hemos visto es una artera escaramuza de señalamientos y contraofensivas que, sin embargo, no resuelven ni un ápice del problema. Lejos de ello, es la Secretaría General de Gobierno quien sigue buscando hallar la solución a un problema que debiera estar atendiendo el Titular y los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública; y en la guerra de declaraciones queda también claro el tamaño de la impunidad y las complicidades que existen entre los grupos políticos de la entidad.
¿Por qué si Esteva Salinas sabía de todas esas irregularidades y presunta comisión por parte de los diputados, no actuó desde un principio como buen ciudadano presentando las denuncias correspondientes, y exigiendo que hubiera un proceso de desafuero para cada uno de ellos, y así poder responder por sus cuentas pendientes con la justicia?
GUERRA DE IMPUNIDAD
No sería extraño saber que los diputados involucrados en la protesta de la SSP, u otros que ocuparon responsabilidades públicas antes de ostentar su cargo actual, hubieran participado en la comisión de ilícitos o en desvíos de recursos. Lejos de ser una novedad, esa es –lamentablemente- una situación constante que lleva, por ejemplo, a muchas autoridades municipales a buscar un cargo legislativo inmediatamente después de dejar su cargo edilicio, para que el fuero los proteja de posibles acciones de la justicia. Si vemos con detalle, ese es el común denominador de los señalamientos hechos por Esteva Salinas.
En el caso del diputado García Henestroza, como en el de Freddy Gil, la constante fue la de señalarlos por actos o faltantes presuntamente ocurridos durante el tiempo en el que éstos fueron autoridades municipales de Salina Cruz y Santos Reyes Nopala, respectivamente. Incluso, en algunos medios se intentó “revivir” información relacionada con el homicidio de una mujer, en el que presuntamente habría participado el diputado Pineda hace algunos años.
Era claro que, al margen de la veracidad o no de los señalamientos, la intención de Esteva era la de exhibir a sus adversarios y no hacer justicia, como intentó hacer creer en su falsa faceta de “buen ciudadano”. Si en otro escenario Esteva y los diputados no hubieran entrado en este choque de intereses, ¿entonces Esteva se hubiera abstenido de ventilar públicamente los antecedentes oscuros de esos legisladores?
Y es que al final la guerra de lodo no sirve para nada. Esteva lo que está haciendo es ceñirse a señalamientos que tienen como fin demostrar la ilegitimidad de sus adversarios, aunque esto no redunde ni en una acción verdadera de la justicia para indagar los hechos que señala, y tampoco en una posibilidad de solución al conflicto con los uniformados, que en los hechos lejos de resolverse se profundiza cada día más por culpa del lenguaraz Titular de la SSP.
SEGOB, CAJA DE PANDORA
Ayer, en declaraciones a la prensa, el vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, admitió que la mayoría de los normalistas recién egresados de las 11 normales de la entidad ya fueron contratados. La SEP lo niega. Pero lo que nadie sabe es qué ha negociado, y qué ha acordado en realidad, la Secretaría de Gobernación con el magisterio oaxaqueño. Esa es una auténtica caja de pandora. Parece que los ciudadanos no tenemos derecho a enterarnos qué acuerdan. ¿Por qué insiste el gobierno en seguirle regalando opacidad y silencio a los maestros en sus negociaciones?
