Lista, preliminar; ¿es posible que haya cambios?
En la sesión de hoy martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral conocerá y definirá la propuesta de integración final del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Oaxaca. Esta es la última oportunidad que tiene la autoridad para demostrar que la reforma constitucional federal sirvió para ciudadanizar a los órganos electorales, y para constatar que esto no fue otra demostración de gatopardismo.
En efecto, todos conocemos la historia de Gatopardo, que como culminación de su capacidad de adaptarse a las circunstancias para mantener a flote sus intereses, concluye que para que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esto, en México, ha sido reiterado en infinidad de ocasiones en las que se justifican cambios, medidas y reformas para —según— corregir situaciones de hecho que son perjudiciales para el interés público por la influencia desbordada de ciertos poderes fácticos, aunque al final esas correcciones no se materializan porque los mismos poderes fácticos manipulan los cambios para que se modifiquen ciertas situaciones pero sin llegar al fondo del problema, que es donde se encuentran resguardados sus intereses.
Esto es lo que ha pasado con los partidos políticos y las normas electorales. Desde 1994 la sociedad mexicana ha exigido vigorosamente que las normas constitucionales limiten la influencia de los partidos y grupos políticos en la aplicación de las leyes en materia electoral, y sólo a partir de eso se entiende la llamada “ciudadanización” de las autoridades y procesos electorales con la creación primero del IFE, y luego de sus múltiples y variadas reformas, dar paso al INE.
Se supone que esta última reforma —que es la sexta reforma electoral de gran calado en nuestro sistema jurídico contemporáneo— habría de consolidar la ciudadanización de los órganos electorales. Pero hoy el INE tiene la prueba del ácido con la decisión relacionada a la integración de los órganos electorales locales, a los que recientemente absorbió justamente bajo la premisa de que en el tiempo en que estuvieron bajo la potestad de los poderes locales, éstos no fueron capaces de garantizar la independencia de los integrantes de la autoridad y los órganos jurisdiccionales en materia electoral.
Se supone que para brindar certeza en las nuevas reglas de integración de los OPLEs, la Constitución le dio al INE un conjunto de herramientas cualitativas para decidir cómo integrará los órganos que fungirán como autoridad electoral en las entidades federativas. Concretamente, se estableció que sería a través de un mecanismo abierto, de evaluación de conocimientos y habilidades en materia electoral, y de no dependencia a partidos o grupos de poder, como se garantizaría que fueran auténticos ciudadanos no ligados a partidos e intereses políticos quienes finalmente integraran los órganos electorales.
Pero lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora, es no sólo la insistencia de los partidos y grupos políticos de tratar de entrometerse en el proceso de integración de los OPLEs, sino también la voluntad de éstos —junto con la tibieza del INE, que nunca les marcó un alto— por aparentar que estaban involucrados en la integración y en la propuesta de aspirantes, para tener espacios dentro del órgano que funge como autoridad electoral.
Al menos eso fue lo que pasó en Oaxaca. Y lo que estamos viendo es un proceso deslegitimado desde el inicio (por la realidad o por las apariencias) en el que nuevamente parece que están ganando los intereses por encima del aparente sentido de la norma a favor de la ciudadanización de las autoridades electorales.
¿CIUDADANIZACIÓN?
La propuesta que conocerá y decidirá hoy el INE está integrada por Gustavo Meixueiro, que tiene el padrinazgo de José Antonio Hernández Fraguas; Gerardo García Marroquín (familiar del diputado federal Ricardo Monreal), Filiberto Chávez Méndez (ex director de prerrogativas en el IEEPCO) y Rita Bell López Vences, esposa de un ex candidato panista a diputado federal, como Consejeros electorales por un periodo de seis años. Asimismo Nora Hilda Urdiales Sánchez (consejera electoral en la primera etapa de José Luis Echeverría y cobijada por el PAN), Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García (actual funcionario del IEEPCO, ex secretario general del órgano electoral local encabezado por Alberto García Criollo) para un periodo de tres años.
¿Cuál es el común denominador de esa lista? Primero, que de nuevo no se aparenta la ciudadanización que se prometió. Y segundo, que tampoco se está convalidando el proceso cualitativo por el que se supone que fueron depuradas esas personas como las más idóneas para ocupar el cargo de consejeros electorales. Lamentablemente, pareciera que de nuevo se están imponiendo los criterios e intereses políticos por encima de las promesas de ciudadanización bajo las cuales se llevó a cabo la reciente reforma electoral nacional, que absorbió a favor del INE casi todas las facultades en materia electoral que antes eran de las entidades federativas.
Y es que de nuevo se cumplió el vaticinio que hicimos en nuestra entrega del pasado 28 de agosto. En aquel momento apuntamos: “En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.”
BOTONES DE MUESTRA
Para mal de todos los ciudadanos, esa previsión se cumplió y si algo extraordinario no ocurre hoy —es decir, si el INE no modifica la propuesta final de integración—, se perpetuará. Nos explicamos: cuando en 2010 se integró la actual conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la mejor evaluada de todos los aspirantes, fue la maestra Araceli Pinelo López, a quien los diputados ni siquiera consideraron para integrar las ternas que someterían a votación del pleno de la LXI Legislatura. Y hoy ocurre lo mismo con la colega Rosa Ofelia Ramales, que también fue excluida a pesar de haber sido la mejor evaluada y cumplir con todos los requisitos que exigía este proceso.
