Aguirre debe irse, pero no queda claro por qué

 

+ Federalismo, a prueba; la moralidad, derrotada

 

Si el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero tuviera escrúpulos, ya habría dejado el cargo. Tendría que haberlo hecho por la simple razón de que sostenerse en el cargo de Gobernador, luego de la corroboración de que en Guerrero la seguridad pública es un mito, y que el territorio estatal se encuentra convertido en una gran fosa clandestina —además de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido con los normalistas— lo hace moral y éticamente insostenible en su cargo. El problema es que no se va. Y parece que quienes exigen su salida, lo hacen sin saber exactamente para qué.

En efecto, en los últimos días hemos escuchado declaraciones de políticos, representantes populares, dirigentes partidistas, funcionarios y líderes sociales, que sostienen que el gobernador Aguirre Rivero debe dejar el cargo de Gobernador. Algunos han sostenido la urgencia de someterlo a juicio político, y otros han manifestado su venia para iniciar el proceso de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Unos más sostienen que simplemente el Gobernador debe reconsiderar su decisión de mantenerse en el cargo, y optar por solicitar licencia de forma unilateral. Hasta hoy, nadie ha podido centrar sus ideas y explicar para qué quieren que el gobernador Aguirre se vaya.

Este no es un asunto menor: Ángel Aguirre, como todos los gobernadores en el país, llegó al cargo con el respaldo de un resultado electoral, y a pesar de quienes no los ven con agrado, en su gran mayoría gobiernan los estados teniendo de su lado grandes porciones de la democracia representativa. Esto es, que en México casi todos los Mandatarios gobiernan teniendo mayorías afines en el Congreso del Estado, y sin mayores cuestionamientos de sus respectivos poderes Judiciales y órganos constitucionalmente autónomos.

Además, ningún Gobernador ha sido sometido a una revocación de mandato. Y si hoy el federalismo ha dado alguna de sus tenues demostraciones de consolidación, esto se nota en el hecho de que los Gobernadores ya no se encuentran subordinados al poder presidencial y tampoco son apéndices del régimen de partido hegemónico en las entidades federativas. Estas son razones formales que, en los hechos, se encuentran a favor de todos los Gobernadores en México, incluyendo al impresentable mandatario Aguirre Rivero.

Ahora bien, tomando en cuenta esto, volvamos a la pregunta: ¿Para qué quieren que se vaya Ángel Aguirre? Porque en un país como el nuestro, no es común escuchar opiniones unánimes en partidos y grupos políticos contrarios entre sí, y es mucho más raro que esa opinión sea clara en expresar el qué, pero sin siquiera ocuparse de dar una explicación de sus porqués.

En ese sentido, hay algunos líderes y representantes partidistas que quieren que Aguirre Rivero deje el cargo, para disputárselo entre ellos. Hay otros que sólo se subieron al tren de lo políticamente correcto, y como hoy dicho canon sostiene que lo indicado y bien visto es pronunciarse a favor de la licencia del gobernador (o del juicio político, o de la desaparición de poderes), entonces lo están repitiendo sin saber exactamente qué alcances puede tener una decisión, o una presión, de esa magnitud, y sólo se quedan con los argumentos que otros sostienen por un interés o motivación política. Lamentablemente, son los menos —y debieran ser los más— quienes sostienen que el Gobernador debe irse por razones morales o para permitir el reordenamiento del poder en aquella entidad.

 

¿PARA QUÉ SE IRÍA?

Si algunos quieren que el Gobernador de Guerrero se vaya únicamente para que quienes se quedan se disputen el vacío que éste dejaría, entonces el remedio sería más grave que el problema mismo, pues esa sería una garantía de que de todos modos subsistirían los mismos problemas estructurales de gobierno por los que hoy Aguirre tiene un pie fuera del gobierno, y lejos de resolver cualquier conflicto, la disputa por el poder estatal generaría un nuevo problema que hoy no existe en Guerrero, y que irremediablemente pasaría por la inestabilidad en el Congreso y los poderes formales y fácticos.

Ahora bien, si es el gobierno federal quien abona a que el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo, lo que ya debería tener listo es un plan de intervención en Guerrero. ¿Qué significa esto? Un plan a través del cual pudiera tomar las riendas del Congreso de aquella entidad, y pudiera efectuar un control de daños en tiempo real de todas las posibles situaciones de riesgo para garantizar el arribo de un Gobernador afín a la federación, que además viniera acompañado desde el primer momento por un plan estructural para rescatar la seguridad y dar soluciones a los problemas que Aguirre no pudo resolver.

Eventualmente, esta sería una salida eficaz aunque evidentemente significaría la claudicación total del incipiente federalismo mexicano, que hoy en día apenas si da destellos de existencia, pero que justamente eso se refleja en la “estabilidad” política de los gobernadores en sus cargos.

¿Esas podrían ser todas las razones? Evidentemente, no. En realidad, la razón más consistente para orillar la salida de un gobernador como Aguirre, debiera estar en su imposibilidad moral para sostenerse en el cargo. Esto es: un gobernador a quien le explota en las manos un problema del tamaño del de la desaparición forzada de 43 normalistas, y al que además se le descubre que en los mismos tiempos de su gobierno su entidad se convirtió en una gran narcofosa, es evidentemente un mandatario fallido que debería dejar su cargo por una ineptitud manifiesta, además de la comisión por omisión de los delitos que llegaran a configurarse.

En una empresa privada, por ejemplo, un gerente inepto debe ser separado de su cargo inmediatamente después de que se le comprueban sus deficiencias, primero como consecuencia de su incapacidad, y segundo, para que no siga cometiendo errores que pongan en riesgo a toda la compañía.

 

FACILITAR LAS INVESTIGACIONES

Otra razón consistente, que se ha esgrimido realmente muy poco, es la relacionada con que el gobernador Aguirre debe dejar su cargo para facilitar las investigaciones de los normalistas desaparecidos, de las narcofosas y de la delincuencia galopante que impera en aquella entidad. Como quiera que sea, todos los funcionarios estatales son subordinados de Aguirre y las investigaciones pasan por la presunta comisión de un montón de delitos del fuero común que no podrán ser indagadas imparcialmente mientras el actual Gobernador continúe en su cargo.