+ Los crímenes de lesa humanidad no admiten jerarquías
A muchos sigue sin quedarles claro por qué si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ordenó, ni ejecutó, ni consintió, las detenciones-desapariciones de los 43 normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, sí está obligado a responder por esos crímenes que, al constituir la desaparición forzada de personas, son de lesa humanidad. La respuesta a esa interrogante es más técnica que política. Aunque parece que al principio ni al mismo gobierno federal le quedaba claro, y por eso tardó tanto en asumir esta postura.
En efecto, uno de los temas por los que más se le ha criticado al presidente Peña Nieto es por, primero, haber declarado inicialmente que la desaparición de los normalistas era un tema que le correspondía únicamente al gobierno municipal de Iguala, y al estatal de Guerrero; y segundo, por haber dejado pasar tanto tiempo antes de asumir que esos hechos eran también corresponsabilidad del gobierno federal, y que habiendo tenido o no participación en los hechos, éste debía también asumir una postura pública y conducir las investigaciones que fueran necesarias.
Pues entre que pasaron los hechos y que el gobierno de la República decidió intervenir en tema pasaron varios días en los que el Presidente se lavó las manos, y el gobierno federal se abstuvo de participar del problema. Parece que, inicialmente, el gobierno del presidente Peña dio por válido el mismo cuestionamiento de muchísimas personas, que siguen sin comprender por qué debían ellos responder por un crimen que nadie en la Federación cometió, o en el que participara directa o indirectamente. Sólo que chocaron con la realidad.
Y es que primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación. Vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.
¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.
¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.
Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? El derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11), entre otros.
Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Valdría la pena saber, en concreto, por qué razón el gobierno de México tardó tanto en entender la situación.
DH’S, SIN JERARQUÍAS
Ahora bien, un segundo razonamiento relacionado con la responsabilidad del gobierno federal en este asunto, tiene que ver con que la propia Constitución federal no distingue jerarquías ni ámbitos de aplicación cuando se trata de derechos humanos. Concretamente, el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución dispone: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Al margen de otras consideraciones, lo que en este caso nos debe quedar claro es que en el ámbito de los derechos humanos no se puede alegar una cuestión de competencias o de jerarquías normativas, para no intervenir frente a una violación a derechos fundamentales que, además, no sólo es transgresora de los derechos fundamentales y del derecho penal interno, sino que constituye —como la desaparición forzada de personas— un delito de orden internacional que está considerado como de lesa humanidad.
EL COSTO POLÍTICO
Al final, parece claro que el gobierno federal está pagando, con intereses de agiotista, el costo político de no haber asumido a tiempo estas cuestiones, y haber primero intentado que el tema se circunscribiera a Guerrero, cuando no podía ser así. No se trata de estar a favor o en contra de la lucha o las razones de los normalistas, para comprender por qué esto generó de inmediato un rudo cuestionamiento internacional en contra de México: el país se había presentado no sólo como uno en donde ocurren estos hechos abominables, sino también como un Estado de Derecho sólo aparente, en el que ni el gobierno federal alcanzó a entender la situación, y a actuar en consecuencia en el tiempo y la forma que debía al menos para aceptar la parte de responsabilidad que le correspondía. Peor, no podía ser.
