EPN no orden贸 las desapariciones, pero s铆 es responsable

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+ Los cr铆menes de lesa humanidad no admiten jerarqu铆as

A muchos sigue sin quedarles claro por qu茅 si el gobierno del presidente Enrique Pe帽a Nieto no orden贸, ni ejecut贸, ni consinti贸, las detenciones-desapariciones de los 43 normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, s铆 est谩 obligado a responder por esos cr铆menes que, al constituir la desaparici贸n forzada de personas, son de lesa humanidad. La respuesta a esa interrogante es m谩s t茅cnica que pol铆tica. Aunque parece que al principio ni al mismo gobierno federal le quedaba claro, y por eso tard贸 tanto en asumir esta postura.

En efecto, uno de los temas por los que m谩s se le ha criticado al presidente Pe帽a Nieto es por, primero, haber declarado inicialmente que la desaparici贸n de los normalistas era un tema que le correspond铆a 煤nicamente al gobierno municipal de Iguala, y al estatal de Guerrero; y segundo, por haber dejado pasar tanto tiempo antes de asumir que esos hechos eran tambi茅n corresponsabilidad del gobierno federal, y que habiendo tenido o no participaci贸n en los hechos, 茅ste deb铆a tambi茅n asumir una postura p煤blica y conducir las investigaciones que fueran necesarias.

Pues entre que pasaron los hechos y que el gobierno de la Rep煤blica decidi贸 intervenir en tema pasaron varios d铆as en los que el Presidente se lav贸 las manos, y el gobierno federal se abstuvo de participar del problema. Parece que, inicialmente, el gobierno del presidente Pe帽a dio por v谩lido el mismo cuestionamiento de much铆simas personas, que siguen sin comprender por qu茅 deb铆an ellos responder por un crimen que nadie en la Federaci贸n cometi贸, o en el que participara directa o indirectamente. S贸lo que chocaron con la realidad.

Y es que primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los 谩mbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, tambi茅n es necesario entender que en el 谩mbito de los derechos humanos no existe jerarqu铆a ni 谩mbitos de aplicaci贸n. Vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicaci贸n de por qu茅 el gobierno federal s铆 tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qu茅 s铆 es perfectamente v谩lido el cuestionamiento de por qu茅 tard贸 tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.

驴Por qu茅 la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San Jos茅, cuando en su art铆culo 28, dice lo siguiente: 鈥1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplir谩 todas las disposiciones de la presente Convenci贸n relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicci贸n legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicci贸n de las entidades componentes de la federaci贸n, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constituci贸n y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convenci贸n鈥.

驴Qu茅 significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales 鈥攃omo el gobierno federal, en el caso de la federaci贸n que es M茅xico鈥 es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convenci贸n; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan tambi茅n su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federaci贸n es uno solo.

Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convenci贸n. 驴Cu谩les? El derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal 鈥攓ue es uno de los directamente transgredidos aunque no el 煤nico, porque ese es un delito pluriofensivo鈥 (art. 7); derecho a la protecci贸n de la honra y la dignidad (art. 11), entre otros.

Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, s铆 tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debi贸 intervenir de inmediato, tomando en cuenta, adem谩s, que la Convenci贸n Interamericana sobre Desaparici贸n Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte 鈥擬茅xico es uno de ellos鈥 el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparici贸n forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepci贸n o suspensi贸n de garant铆as individuales. Valdr铆a la pena saber, en concreto, por qu茅 raz贸n el gobierno de M茅xico tard贸 tanto en entender la situaci贸n.

DH鈥橲, SIN JERARQU脥AS

Ahora bien, un segundo razonamiento relacionado con la responsabilidad del gobierno federal en este asunto, tiene que ver con que la propia Constituci贸n federal no distingue jerarqu铆as ni 谩mbitos de aplicaci贸n cuando se trata de derechos humanos. Concretamente, el segundo p谩rrafo del art铆culo 1 de la Constituci贸n dispone: 鈥淟as normas relativas a los derechos humanos se interpretar谩n de conformidad con esta Constituci贸n y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci贸n m谩s amplia鈥.

Al margen de otras consideraciones, lo que en este caso nos debe quedar claro es que en el 谩mbito de los derechos humanos no se puede alegar una cuesti贸n de competencias o de jerarqu铆as normativas, para no intervenir frente a una violaci贸n a derechos fundamentales que, adem谩s, no s贸lo es transgresora de los derechos fundamentales y del derecho penal interno, sino que constituye 鈥攃omo la desaparici贸n forzada de personas鈥 un delito de orden internacional que est谩 considerado como de lesa humanidad.

EL COSTO POL脥TICO

Al final, parece claro que el gobierno federal est谩 pagando, con intereses de agiotista, el costo pol铆tico de no haber asumido a tiempo estas cuestiones, y haber primero intentado que el tema se circunscribiera a Guerrero, cuando no pod铆a ser as铆. No se trata de estar a favor o en contra de la lucha o las razones de los normalistas, para comprender por qu茅 esto gener贸 de inmediato un rudo cuestionamiento internacional en contra de M茅xico: el pa铆s se hab铆a presentado no s贸lo como uno en donde ocurren estos hechos abominables, sino tambi茅n como un Estado de Derecho s贸lo aparente, en el que ni el gobierno federal alcanz贸 a entender la situaci贸n, y a actuar en consecuencia en el tiempo y la forma que deb铆a al menos para aceptar la parte de responsabilidad que le correspond铆a. Peor, no pod铆a ser.

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