Diputados: zona de confort y frivolidad, alientan pasividad
Los diputados locales de Oaxaca deberían tener vergüenza de encontrarse inmersos en una crisis tan frívola como la de la disputa por la integración de la Mesa Directiva, y las vendettas relacionadas con la inasistencia de la bancada priista al cuarto informe del gobernador Gabino Cué, y —para comprobar que están a favor de la constitucionalidad, y del pueblo de Oaxaca— deberían aprovechar para aprobar una ley educativa que por lo menos quite a la entidad del incumplimiento total en sus deberes relacionados con la reforma educativa federal.
En efecto, los diputados coalicionistas parecen no estarse dando cuenta que con su albazo en la reintegración de la Mesa Directiva, se dieron —y le dieron al gobierno estatal, que es aliado de la Sección 22— un balazo en el pie; en la contraparte, los diputados locales priistas no han alcanzado a ver que, a pesar de su dolencia por haber sido sacados del órgano directivo del Congreso local, hoy tienen el mejor pretexto para reclamar una ley educativa que, como institución, el Poder Legislativo se ha resistido a abordar. Nadie se da cuenta de eso porque —aún siendo evidente la situación— su superficialidad y su ánimo por evadir toda intervención en los problemas públicos de Oaxaca, los tiene copados.
¿De qué hablamos? De que, en primer término, los tres Poderes de Oaxaca —pero más el Congreso local— se encuentran en un estado de total incumplimiento en su deber de impulsar la armonización de la ley educativa local con la nueva legislación federal; en segundo plano, se encuentra el hecho de que esa norma no ha sido aprobada aparentemente porque como ningún partido tiene la mayoría en el Congreso local, las fracciones parlamentarias —según— no se han podido poner de acuerdo en qué ley es la que habrán de aprobar (los coalicionistas buscan, también se supone, impulsar la ley propuesta por el Gobernador; y los del PRI dicen querer una armonización lisa y llana de la legislación local con la federal); y en un tercer momento, resulta que para aprobar esa ley controversial, se necesita sólo una mayoría de la mitad más uno, que se supone que un grupo de diputados locales ya tiene, y por eso pudo quitar a los priistas de la Mesa Directiva.
La pregunta, en esto, es ¿qué esperan? Pues tal y como lo apuntamos en otros momentos, el hecho de que Oaxaca no haya concluido el proceso de armonización de la ley educativa pone tanto al Gobernador del Estado, como a los integrantes del Congreso local, en la posibilidad —remota, pero no por ello imposible— de que sean acusados de violaciones graves a la Constitución, y que por ello los poderes federales les inicien, a cada uno de ellos, un juicio político que podría llevarlos a ser destituidos de sus cargos, a declarar su inhabilitación para ocupar nuevas responsabilidades en el sector público (Ver, entre otras, Al Margen 08.08.2014).
Ahora bien, el hecho de que los poderes locales se hayan negado a impulsar el proceso de armonización, se ha justificado en las circunstancias políticas de la entidad, pero ello no perdona la omisión legislativa. Sí, porque desde marzo que venció el término que las propias leyes federales dieron para que se llevara a cabo el proceso de armonización de las legislaciones locales, en Oaxaca se afirmó que se necesitaba una ley educativa consensada con todos los sectores de la sociedad, y por eso el Gobernador y representantes del Poder Legislativo firmaron con la Sección 22 una declaración política para construir la ley educativa que hoy todavía no existe en Oaxaca.
Sólo que esos acuerdos no fueron legales (no hubo un fundamento legal —ni podría haberlo— para que gobierno y diputados depusieran sus deberes en aras del acuerdo con la 22) y tampoco han sido funcionales: con todo y ellos Oaxaca sigue sin ley educativa, y a pesar de sus promesas, los legisladores locales ni siquiera han podido entrar al análisis y discusión de las propuestas de ley presentadas, para poder aprobar alguna de ellas o hacer una ley educativa retomando los aspectos relevantes de las distintas propuestas.
Su resistencia a hacer lo que les corresponde, ha sido justificada en buena medida en la falta de acuerdos y mayorías en el Congreso. Hoy ya la tienen. ¿Por qué todos siguen haciéndose los desentendidos?
MAYORÍA SIMPLE
La semana antepasada, el 13 de noviembre, fue electa la Mesa Directiva para el segundo año legislativo de la LXII Legislatura. Dos días después, se realizó el informe de gobierno y la fracción priista-verde no acudió a él. En venganza, los diputados del PAN, PRD, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y PUP (nueve panistas, diez perredistas, y uno del Panal, PT y PUP, respectivamente, que hacen un total de 22) sesionaron casi de inmediato con el solo objeto de destituir a los dos legisladores del PRI que habían sido electos para integrar la Mesa Directiva.
Esto provocó una crisis porque los diputados desplazados amagaron con la toma de la tribuna y con impedir los trabajos legislativos. Intentaron reventar la sesión del jueves pasado, y los diputados aliados tuvieron que sesionar —con la suma de Manuel Pérez Morales, del PSD, que entró en la negociación con las fracciones del PAN y PRD para no perder las posiciones administrativas que tiene en el Congreso, entre ellas la de su hija— casi a media noche a escondidas de los priistas. Esta maniobra terminó de poner al Congreso en una situación de ignominia, en la que estuvieron a punto de llevar al límite la labor parlamentaria por una disputa estéril, que no involucra ningún tema de interés para la gobernabilidad o para la mayoría de los oaxaqueños.
¿Qué es lo que siguen sin ver? Que, deliberadamente, pasan por alto que esa mayoría de 23 diputados que intenta reducir a la fracción priista, es la misma —y hasta les sobra un voto, porque se trata de una norma ordinaria— que necesitan para aprobar la ley educativa, y sacar cualquiera de las que se han presentado, incluyendo la propuesta inconstitucional que ha impulsado testarudamente la Sección 22 del SNTE.
CAMINO LARGO
Esto quitaría a Oaxaca de la situación en la que se encuentra, y en cualquiera de los escenarios, daría pie a una nueva intervención federal para reencauzar la situación legal de los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque una norma inconstitucional podría ser revisada a través de una Controversia Constitucional o de una Acción de Inconstitucionalidad. El problema es que los diputados prefieren esa ignominiosa zona de confort que tanto daño le ha hecho a Oaxaca.
