Comisión de la Verdad… a medias

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Sólo hay simulación y parcialidad

Hace 14 meses, cuando se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, los Poderes del Estado enviaron el mensaje tácito de que como no confiaban en las instituciones que dependen de ellos mismos, era entonces necesario crear una instancia especial para que indague hechos que, además de ser delitos, posiblemente habrían sido constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Si eso es ya de por sí grave, lo es mucho más que, en aras de una decisión política, hayan condenado a esa Comisión a proveernos de una verdad a medias.
En efecto, cuando el 25 de septiembre del año pasado la agonizante LXI Legislatura aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, dijo que esa decisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”.
Si asumimos la creación de la Comisión de la Verdad como respuesta a ese conjunto de demandas, lo que podemos corroborar, es que en realidad no existe el ánimo de llegar a la verdad frente a todo un conjunto de hechos —como lo fue el conflicto magisterial de 2006 y su secuelas del año siguiente— sino que más bien esa Comisión fue creada más bien con la intención de ser un tribunal especial, más que un instrumento para esclarecer un periodo histórico de nuestro estado.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán. En concreto, esa es, y ha sido, la finalidad de las comisiones de la verdad que han existido en otros países frente a situaciones tanto o más graves como las ocurridas hace ocho años en Oaxaca, tales como dictaduras militares, regímenes totalitarios y —esos sí— crímenes de Estado cometidos como conductas sistemáticas en contra de sectores determinados de la población.

LA COMISIÓN (Y LOS PODERES
LOCALES) SE DESACREDITAN SOLOS
Hay dos cuestiones de fondo que vale la pena considerar: primera, que la creación de una Comisión de la Verdad en el marco institucional actual de Oaxaca (en el que las instancias de procuración e impartición de justicia luchan a diario por acreditarse y ganar credibilidad frente a la sociedad) implica aceptar que las instituciones estatales son incapaces para conocer y determinar responsabilidades frente a esos hechos; y segunda, que su sola conformación deja más certezas sobre la parcialidad y la predecibilidad de las conclusiones de dicha Comisión, que sobre la posibilidad de conocer verdaderamente la verdad.
Sobre la primera de las cuestiones, hoy en día instancias como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, deberían fijar una posición sobre la aceptación de las deficiencias estructurales que les impiden tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo declarativas sino incluso vinculatorias para quienes resulten responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos.
En ese sentido, si el objetivo es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que de verdad se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no sea sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.
Ahora bien, sobre la segunda de las cuestiones, ayer mismo un editorial de El Oriente ( HYPERLINK “http://bit.ly/1HF7OwS” http://bit.ly/1HF7OwS) señalaba con toda oportunidad lo siguiente: “En el peor de los momentos posibles, ha trascendido en diversos medios de comunicación que el Gobierno de Oaxaca conformó la Comisión de la Verdad para la Investigación de los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007 (…) La conformarán el sacerdote Alejandro Solalinde (presidente); el reportero Diego Enrique Osorno; y la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez. Decimos en el peor de los momentos porque (…) la Comisión abre una discusión jurídica y política completamente innecesaria para un contexto de alta crispación social como el que actualmente vive Oaxaca.
“Discusión jurídica puesto que el propio Decreto de la Legislatura puede sin problemas ser cuestionado por violar principios constitucionales (…) inclusive el de imparcialidad —pues lo único seguro es que los recién nombrados comisionados carecen de ella de manera simple y llana. Con lo anterior, no se descalifica ni la ideología ni la trayectoria de ninguno de ello. Pero hay perfiles para ciertas tareas específicas. Y en este caso, los mediadores no lo cumplen en tanto su parcialidad histórica”.

DUDAS
No se conoce, por si algo faltara, qué metodología utiliza la Comisión para desarrollar su trabajo, y tampoco cuándo comenzó a funcionar. Además de su parcialidad y su endeble sustento jurídico, hay mucha oscuridad en su labor. Esto, en el fondo, más bien parece un elemento más de la revancha oficial al priismo local, que el 15 de noviembre se negó a acudir al IV Informe de Gobierno. Seguramente, las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2015… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales.

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