Ley anti infiltración municipal: otra afrenta al federalismo en México

+ EPN no ve quién la hizo, sino quién se la paga

Dos de los aspectos más debatidos de las propuestas presentadas la semana pasada por el presidente Enrique Peña Nieto para recuperar el Estado de Derecho en México, es el de la creación de una ley contra la infiltración de las autoridades municipales por la delincuencia organizada, y la desaparición de las Policías Municipales para dejar sólo 32 policías estatales. Aunque parecen medidas de urgencia frente a la grave situación de violencia, en realidad también debe debatirse —y quizá hasta combatirse— ese nuevo y marcado embate presidencial al agonizante federalismo mexicano.
En efecto, el pasado jueves, el presidente anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, para que la federación asuma el control de los servicios municipales o se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios que está involucrada con la delincuencia organizada. Además explicó que se propondrá la creación obligatoria de policías estatales únicas en todos los estados de la República. “Pasaremos de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces”, dijo el Presidente.
¿Qué resalta de todo esto? Que, de nuevo, el gobierno federal pretende pasar por encima de los procedimientos ordinarios establecidos para el control recíproco de los ámbitos de gobierno, sin siquiera haberlos puesto en marcha; y porque además, en ese intento termina desacreditando a la autoridad federal, que es la que ha fallado de extremo a extremo en el ejercicio de sus atribuciones relacionadas con la delincuencia organizada y su penetración no sólo en las autoridades de muchísimos municipios del país, sino con toda la población. Vale la pena entender este asunto en una perspectiva amplia.
En primer término, el Presidente anunció una iniciativa de ley que, como lo apuntamos en líneas anteriores, buscaría o tomar el control de los servicios municipales, o desaparecer un Ayuntamiento, frente a indicios de que existen nexos con la delincuencia organizada. Eso pudiera sonar bien. El problema es que para una y otra posibilidad ya existen mecanismos establecidos en leyes vigentes, que son desacreditados por el gobierno federal sin antes haberlos puesto a prueba.
Esto porque la desaparición de ayuntamientos ya existe en las Constituciones estatales (en nuestra Constitución el procedimiento se encuentra en la fracción IX del artículo 59), e incluso también en la mayoría de los estados del país ya hay normas específicas que establecen los casos en los que el Gobernador puede asumir tareas como las de seguridad pública en los municipios de la entidad que gobierna, y también para normar el llamado mando único, que hoy pretende elevarse de nivel para desaparecer a las Policías Municipales y crear una sola corporación en cada entidad federativa.
En el caso de nuestra Constitución, por ejemplo, dice la fracción VII del artículo 113 dispone que “la Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos de la Ley de Seguridad Pública y reglamentos correspondientes. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
Frente a todo esto, sólo hay dos caminos posibles para que pudiera ser funcional la ley contra la infiltración de autoridades municipales que propone el Presidente, para tener el efecto de asumir los servicios públicos o desaparecer un Ayuntamiento. El primero de esos caminos, es que el procedimiento de esa norma pase por la desaparición de poderes establecida en las Constituciones locales (lo que no sólo no facilitaría el proceso, sino que le pondría más trabas, haciéndolo más largo y complejo). Y el segundo, es que el gobierno federal decrete la eliminación o modificación de las facultades que tienen los Congresos locales para desaparecer los Ayuntamientos, lo cual sería la antesala para el establecimiento de un Estado unitario, y la disolución del federalismo mexicano.

DEL MICHOACANAZO A IGUALA
La falta de autocrítica institucional del gobierno federal se refleja en esas iniciativas, que intentan que se olviden los dos extremos del fracaso federal en el ejercicio de sus atribuciones respecto a la delincuencia organizada. En uno de los extremos se encuentra el llamado “michoacanazo”, y en el otro la impunidad total del Edil de Iguala, hasta el momento en que ocurrió la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿De qué hablamos?
De que el “michoacanazo” implicó el ejercicio excesivo de las atribuciones federales sobre la delincuencia organizada, y por esa razón fueron a detener a casi treinta alcaldes del estado de Michoacán por posibles vínculos con la delincuencia organizada, y el posterior fracaso federal al no poder demostrar ante los tribunales federales que sus acusaciones eran ciertas. Un año después todos Alcaldes señalados estaban en libertad, y lo que quedó fue el cuestionamiento a las arbitrarias autoridades federales, que acusaban y se excedían sin justificación ni sustento.
Pero el otro extremo es Iguala. Ahí, existían al menos tres investigaciones federales en contra de José Luis Abarca Velásquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por sus nexos con bandas criminales, y nadie hizo nada. La investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada es una facultad federal (artículo 73 fracción XXI de la Constitución de la República); y si la PGR no hizo nada en contra de Abarca Velásquez y su esposa sino hasta después de la desaparición de los normalistas, fue por ineptitud, por indolencia o por complicidad con los criminales. En uno y otro caso, el gobierno federal ni siquiera intentó echar mano de los mecanismos ordinarios para la desaparición de Ayuntamientos al enfrentar esas situaciones. ¿Por qué ahora sí querría hacerlo?

FACULTADES A DEBATE
Es cierto que deben tomarse medidas excepcionales para combatir este mal que tiene de rodillas al país. Sin embargo, no es con atropellos o con venganzas a la forma de gobierno que ha mantenido el país por casi dos siglos, como va a resolverse este problema. Las iniciativas hasta hoy presentadas deben ser debatidas a fondo y en esto no debe haber partidismos ni sometimiento. Si las entidades federativas aún existen, deben oponerse con toda firmeza a estos embates que no resolverán de fondo los problemas actuales del país.