Olvido es la condena de impunidad para Oaxaca

La Federación claudica: Guerrero es el indicador

Hasta hace pocas semanas no aparecía entre los escenarios posibles que el gobierno federal claudicara ante el poder fáctico que constituye la disidencia magisterial del sureste del país. La detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y el enojo nacional producto del conjunto de acontecimientos de los últimos setenta días cambiaron las variables, y pareciera que hoy el camino trazado lleva una ruta que, entre sus muchos efectos, va a sepultar a Oaxaca. Ello contradice el discurso oficial. Pero es más fuerte lo que parece que lo que se dice.
En efecto, desde hace varios días se enviaron señales en el Congreso local que de sigue latente la tentación —o la indicación— de ceder ante las exigencias de la Sección 22 del SNTE. El viernes pasado, diputados locales de varias fracciones sostuvieron un encuentro con representantes del magisterio, en el que el argumento fue uno solo: la exigencia abierta de la 22 para que los legisladores no consideren ninguna otra propuesta, y aprueben la iniciativa de Ley Estatal de Educación que ellos les entregaron en agosto pasado.
Sobre esta propuesta hay mucho ruido, pero un total ayuno en cuestión de análisis de fondo. Se dice, por ejemplo, que la propuesta elaborada en conjunto por el gobierno estatal, el Congreso y la 22 es el PTEO hecho iniciativa de ley; se dice también que esa propuesta promueve la evasión del sistema de evaluación a los maestros establecido en la legislación federal; se dice que se contrapone a la Constitución federal; y, en resumen, se dicen muchas cosas negativas de la propuesta. Pero sólo se dicen.
¿Cuál es la realidad? Que hasta hoy el Congreso no tiene un diagnóstico de fondo de cuál es el estatus de constitucionalidad real de las propuestas presentadas tanto por el Ejecutivo como por la Sección 22 del SNTE. De hecho, en la reunión antes señalada entre diputados y representantes de la Sección 22, fue patética la postura del presidente de la Comisión Permanente de Educación, el diputado Jesús López Rodríguez, de no tener claro ni siquiera cuál de las propuestas era la presentada por el magisterio y cuál la del Gobernador. Mucho menos sabía si alguna de ellas, o ambas, o ninguna, tiene en realidad —y al margen de fobias y filias respecto al magisterio— visos de inconstitucionalidad.
Uno de los temas más ruidosos, pero muy poco analizados, es el del establecimiento de un mecanismo de evaluación, en ambas iniciativas. El ruido —y la ignorancia— han apuntado a que ese mecanismo de evaluación busca evadir las disposiciones federales. Sin embargo, quien lee y comprende bien lo que dice la ley, puede comprobar que la ley federal y la estatal se refieren a evaluaciones distintas. ¿De qué hablamos?
De que mientras la legislación federal se refiere a la evaluación de los docentes, las dos propuestas de Ley Estatal de Educación (la del Gobernador, y la de la 22) se refieren a la evaluación de los programas de estudio. A esto nos referimos en nuestra entrega del 14 de agosto, cuando señalamos que lo que dispondría la ley educativa estatal, de ser aprobada cualquiera de las dos propuestas, son sólo procesos de “evaluación” no vinculatorios, que no deciden ni influyen sobre el ingreso, promoción, permanencia y remoción de los docentes, y que más bien van enfocados a crear una “cultura de la evaluación” a través de trabajos colectivos —según— de reflexión y mejora sobre lo ya realizado, que a simple vista, dijimos entonces, parecerían más una terapia de grupo que un verdadero proceso de evaluación del desempeño del magisterio.
Por esos mismos días, y habiendo ya analizado las propuestas, dijimos el 19 de agosto que en realidad el único viso de inconstitucionalidad llana que tenía la propuesta de la Sección 22, era el contenido del artículo 16 transitorio —que fue eliminado en la propuesta que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso, y que junto con la supresión de una disposición que establecía el deber del Ejecutivo de estimular económicamente a los mentores oaxaqueños, fue lo que encolerizó al magisterio y provocó que ellos fueran al Congreso a entregar la misma propuesta pero que incluía las disposiciones eliminadas por el gobierno—, que disponía la obligación de contratar automáticamente a los casi 950 normalistas que recién egresaron de las 11 normales del Estado.

CONTRATACIÓN AUTOMÁTICA ¿VA?
Ayer, en su columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Riva Palacio escribía, en relación a la posible autorización de la contratación automática de los normalistas en Oaxaca, lo siguiente: “En Oaxaca, [el subsecretario de Gobernación] Luis Miranda ya dispuso que avancen las instituciones estatales para entregarle formalmente el poder a la Sección 22 de la CNTE (…) ahora, Miranda aceleró la solución final. La semana pasada instruyó a las autoridades en Oaxaca a que aprueben la ley educativa que presentó la Sección 22. De una vez por todas, que la CNTE se apropie de la Reforma Educativa en los términos que desee”. Según Riva Palacio —y esto es evidente—, esto significaría la claudicación del Estado mexicano frente a la implementación de la reforma educativa.
Al final, esta versión viene a darle coherencia a todo lo que se ha dejado ver en el Congreso local: que las fracciones parlamentarias estarían dispuestas a aprobar la propuesta de Ley Estatal de Educación que presentó la Sección 22, porque es la que dispone la contratación automática de los normalistas, pero con la venia de Gobernación.
Esto, aunque no es propiamente un tema de fondo, sí sería el reconocimiento de que el magisterio venció al Estado. Pues, de hecho, toda la reforma educativa se hizo con la intención justamente de frenar la ausencia de mecanismos de control que permitían que el magisterio fuera juez y parte en la administración de la educación pública en el país.

PANORAMA DESOLADOR
No es para menos. Ayer mismo, Javier Solórzano decía en La Razón —y en concordancia con Riva Palacio— que Guerrero anda sobre los pasos de Oaxaca, y que pareciera que ahí a la ciudadanía no le queda más que irse acostumbrando a vivir en medio de la anarquía que provoca un gremio sin contrapesos ni límites. Qué tragedia para el sureste del país, que mientras el Presidente anuncia programas de rescate (las zonas económicas preferenciales) para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también le entrega la gobernabilidad a quienes desde ahora serán los enemigos de esos proyectos. Es continuar en la apuesta por el repudio al sureste del país.