Debemos pensar ya en una nueva Constitución

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+ Momento crítico debe cambiar ruta de parches

 

En México debemos comenzar a considerar en serio la posibilidad de llamar a un Congreso Constituyente para que redacte una nueva Constitución. Son varias las circunstancias que hacen evidente esta necesidad, aunque ninguna otra es del tamaño de la crisis que hoy en día vive el Estado gracias a la corrupción, a la impunidad y a la ingobernabilidad que se ha promovido y tolerado desde el propio gobierno. Si el orden debe cambiar desde las bases, entonces es apremiante que dejemos de hacerle parches a la ley y vayamos a una revisión a fondo del texto constitucional.

En efecto, estamos a menos de tres años de que nuestra Constitución federal cumpla 100 años, y es bien sabido que de entonces a la fecha se le han hecho más de 600 modificaciones; que su contenido ha sido modificado sustancialmente en casi todos sus artículos; que si bien se han reforzado aspectos como el de los derechos fundamentales, también ha habido una carrera permanente porque cada gobierno deje huellas de sus particulares programas o intereses políticos en la Constitución. Y sobre todo, hoy es claro que la Constitución ha sido constantemente adecuada a la circunstancia, pero que ésta no siempre ha sido normada de manera eficaz por el mandato constitucional.

Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra Constitución: que frente a cada circunstancia se piensa en “cirugías mayores” que terminan siendo mamotretos ante la imposibilidad de discutir de fondo los temas que son fundamentales. Si hacemos un análisis de las reformas por periodo presidencial, fácilmente podremos corroborar que cada Presidente ha tratado de salvar su circunstancia política, y ha intentado pasar a la historia como un demócrata o un reformador, pero a costillas de una Constitución que por tener tantos rostros, parece que está acabando por perderlos todos.

Vayamos a dos ejemplos. Durante su gestión, el presidente Felipe Calderón reformó 110 de los 136 artículos que tiene la Constitución. Las modificaciones o adiciones fueron de lo más variado. Cada una de ellas —aunque no en conjunto— dependieron de la circunstancia o el asunto que debía salvar, y que demagógicamente se abordaba partiendo de reformas a la Constitución. Pero esas modificaciones no respondieron a un programa concreto de adecuación de la Constitución, a partir de una visión de conjunto o de un verdadero proyecto de Estado. Cada reforma tenía su propio origen y finalidad, que no necesariamente era concordante con las demás.

Ahora bien, hasta el pasado 7 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto había reformado 66 artículos de la Constitución, en cinco paquetes de reformas —energética, fiscal, de telecomunicaciones, de transparencia y educativa— que hoy en día vemos que tampoco han resuelto los temas que preocupan al ciudadano de a pie, y que de nuevo parecen ser la materialización del programa político de un partido en el gobierno.

¿De qué hablamos? De que ninguna de esas modificaciones —que han implicado modificar casi la mitad de todo el texto constitucional— ha aliviado las preocupaciones ciudadanas. Eran, concretamente, el programa de reformas del gobierno para darle viabilidad a un proyecto político que, demagógica y deliberadamente, ellos pretenden hacernos creer que es un proyecto de nación.

Pero tan no han resuelto los problemas que preocupan a la gente —como en su momento no lo hicieron las reformas a 110 artículos de la Constitución durante la gestión del presidente Calderón— que por eso hoy las exigencias son las mismas de antes: combate frontal a la corrupción, a la impunidad, a la violencia, a la ineficacia gubernamental, y a la ingobernabilidad. Esos temas siguen sin ser discutidos, y la autoridad sigue sin ofrecer una respuesta a la ciudadanía dentro del ámbito de sus atribuciones y de las instituciones existentes. Pero como en México la Constitución tiene la culpa de todo, entonces la receta que continúan aplicando los gobiernos es reformar en lugar de actuar, a ver si con eso se olvida o se lava la responsabilidad por lo que, en el terreno de los hechos, no se quiere o se puede realizar.

 

RESPUESTA INÚTIL

Hace dos semanas, el Presidente respondió a la exigencia de justicia, con una nueva promesa de acciones… una vez que se hagan reformas a la Constitución. Sí: que el programa de rescate del Estado de Derecho nuevamente pasa —según el gobierno federal— por la realización de una nueva “cirugía mayor” a la Constitución, como si no hubieran sido suficientes las modificaciones que hasta ahora se le han realizado.

La idea es, otra vez, que la Federación absorba facultades antes depositadas en estados y municipios; y que las que en otros tiempos fueron facultades “metaconstitucionales” del Presidente, ahora se institucionalicen para que el Ejecutivo federal ahora sea constitucionalmente más fuerte que los estados y los municipios del país.

Esto no puede seguir así. No, porque los mexicanos parecemos continuar jugando ese amargo juego de evadir la realidad, y tratar de que otros —la Constitución— paguen por los deberes que todos nos rehusamos a asumir. Y si se supone que hay temas en los que todos estamos de acuerdo porque son normas fundacionales de nuestra nación (los derechos humanos, la forma de gobierno, la división de poderes, el federalismo, y algunos otros… se supone), entonces lo que habría que discutir es la necesidad de hacer una nueva Constitución, en donde se plasmen todas esas aspiraciones y aspectos sustanciales de nuestra organización, y se eliminen las tentaciones de seguir elevando a rango constitucional los experimentos o los programas partidistas que se intentan plasmar en el texto fundamental, como si con eso solo se resolvieran mágicamente los problemas nacionales.

Vivimos hoy un momento inédito en la vida nacional. Debemos pensar, por eso, en escenarios que de verdad sirvan para revitalizar el imperio de la ley. ¿Por qué no buscar el refrendo nacional de una nueva Constitución, que se aleje de las frivolidades y los programas partidistas, y que de verdad refleje el ánimo de esos millones de personas que hoy no se sienten respaldados, incluidos y tutelados por ese documento, que se supone que justo para eso fue creado?

 

RATIFICACIONES

El peor escenario es seguir en la simulación, como la que constituyen mecanismos inútiles como el de la ratificación de los secretarios del gobierno estatal por el Congreso. Ello engloba todo un mar de contradicciones que perviven con el aval de diputados y gobernantes. Abundaremos.

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