+ Control se ejerce con fiscalización y fin de privilegios
Hace dos semanas el Congreso del Estado ratificó a tres funcionarios de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Esto ocurrió en un clima simuladamente democrático en el que los nombramientos del Ejecutivo son refrendados por el Legislativo, en un supuesto equilibrio de fuerzas. Este mecanismo es en realidad una farsa que debe cambiar si aspiramos a una mejor democracia, y a un mejor gobierno.
En efecto, el pasado 5 de diciembre la LXII Legislatura ratificó por mayoría los nombramientos de los nuevos titulares de Sevitra, Sedafpa y Sinfra, Carlos Moreno Alcántara, Jorge Octavio Carrasco Altamirano y Sergio Pimentel Coello, respectivamente. Esta ratificación se enmarca en los mecanismos democráticos que estableció la reforma de abril de 2011, en la que se estableció, como una apariencia de equilibrios, que los nombramientos del Ejecutivo debieran ser ratificados por el Congreso.
El problema es que esta disposición ni funciona, ni aporta a la democracia, ni ha hecho efectivo el supuesto equilibrio entre poderes que se supone que debe procurar. Las razones son materiales, pero también tienen que ver con la inadecuada ingeniería constitucional aplicada a la ley en Oaxaca. ¿De qué hablamos? De que establecer mecanismos relativamente cercanos al parlamentarismo, en un modelo dominado esencialmente por la predominancia del Ejecutivo, resulta inadecuado y hasta riesgoso para el funcionamiento del poder público.
Pues resulta que Oaxaca ha seguido el modelo constitucional federal, en donde se procura la existencia de un Poder Ejecutivo con atribuciones relativamente acotadas, pero con amplias capacidades para ejercer las que sí se encuentran en su ámbito de competencia. Un ejemplo de ello, es el hecho de que en el modelo federal son muy pocos los funcionarios que deben pasar por la ratificación del Congreso.
Esto responde al modelo clásico presidencialista, en el que el Titular del Ejecutivo puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores, porque él es el depositario único de la función administrativa, que sólo delega a sus funcionarios para tareas específicas. La contraparte de esta libertad, se centra en el hecho de que el buen o mal resultado de la gestión de los subordinados del Presidente son responsabilidad directa del Mandatario, que es quien al final responde por las acciones de gobierno ante el Poder Legislativo.
Lo opuesto a ese modelo tendría que ser alguno de los tipos de predominancia parlamentarista, en donde el Congreso tiene una participación de corresponsabilidad con el Ejecutivo en las tareas de gobierno, y también comparte los resultados de esa función pública. El problema es que, en este caso, en los sistemas en los que predomina la potestad del Ejecutivo, sus decisiones relacionadas con la administración pública y el nombramiento de sus subordinados, no pasa por el Congreso; y en los sistemas parlamentarios, resulta que los integrantes de los gabinetes de gobierno son también integrantes del parlamento, porque el mismo titular del Ejecutivo emanó de una decisión parlamentaria.
NI PARLAMENTARISMO, NI NADA
Ahora bien, si tratamos de ubicar nuestro modelo doméstico en alguno de los que hemos mencionado, nos será muy difícil conseguirlo. La razón es simple: si la administración pública recae en el Ejecutivo, ésta es su responsabilidad, y por ende no le debe pedir permiso al Congreso para nombrar o remover a quienes son depositarios secundarios de esa responsabilidad, que inicialmente es suya.
Eso no lo entendieron en Oaxaca, y por eso diputados y Gobernador decidieron hacer una reforma en ese sentido, que sólo sirve para simular una democracia colaborativa entre poderes, que en realidad no existe. ¿Por qué? Porque las modificaciones hechas a los artículos 59 fracción XXXIV y 88 de la Constitución local para establecer la ratificación de los integrantes del gabinete por parte del Congreso del Estado, sólo ha servido para ser una herramienta de negociación entre los integrantes de esos poderes, que en realidad no ha redundado ni en un ejercicio de control, ni en una mejor función pública. Las razones están a la vista.
Hasta hoy, el Congreso no le ha rechazado un solo nombramiento al Gobernador, incluso en los casos más polémicos como el del titular de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, que al momento de ser nombrado tenía tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse en su contra. En una democracia real, ese nombramiento habría sido intransitable en el Congreso, e incluso antes de eso habría sido moralmente insostenible por el propio Ejecutivo.
¿Pero qué pasó? Que se impuso la razón política; que el Ejecutivo se empecinó en su decisión; y finalmente el Congreso (quién sabe a partir de qué negociación) decidió ratificar a Esteva —que ya para entonces se había hecho impresentable— bajo el argumento de que si el Gobernador había decidido lo anterior, ellos le darían el beneficio de la duda a partir de que la administración pública es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Legislativo.
Eso fue lo mismo que ocurrió el 5 de diciembre, cuando el Congreso ratificó inopinadamente a los nuevos titulares de Sevitra, Sinfra y Sedafpa, sin siquiera considerar la conveniencia de sus nombramientos; la trayectoria profesional de cada uno de ellos, o sus antecedentes en la administración pública.
Por todo lo anterior, este “control” a través de la ratificación resulta una ominosa simulación. Y ello se suma a otros mecanismos ocupados ex profeso para el chantaje y no para el control, como la glosa del Informe, las comparecencias y la imposibilidad de llevar a cabo una verdadera fiscalización a la gestión de cada uno de los servidores públicos.
Eso es lo que en el fondo debía cambiar para tener una administración pública. Lastima al Estado que esos supuestos controles sean sólo poses para simular democracia, y que mientras los resultados sean indefendibles a la vista de la ciudadanía que hoy en día parece ir en una ruta franca de convencimiento de que nada diferente —y mejor— puede ocurrir.
¿SERÁ?
Dicen que desde la dirigencia del PRI andan haciendo, tarde, la labor de “pastoreo” de los que aspiran a las diputaciones federales. Todos llevan meses moviéndose en sus distritos, y ante el CEN, para afianzarse. Pero resulta que ahora el dirigente quiere que “le deban” el favor, y por eso dice que él los va a llevar ¡a donde ellos ya fueron hace meses! ¿Será que no hay quien le dé norte a esos despistados representantes del CDE del PRI?
