Tribunal Popular en Guerrero, otro eco de Oaxaca

+ Intolerancia vs comunicadores: reedición del 2006

 El secuestro que perpetraron el sábado integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) en contra de un centenar de periodistas que se encontraban reunidos en aquella entidad en una convivencia privada, nuevamente pone de manifiesto que el actual conflicto en aquella entidad es una abierta reedición de la intolerancia y la barbarie ejercida por organizaciones sociales en el conflicto magisterial de Oaxaca, que en nombre de la lucha popular están dispuestos a arrodillar a quienes no son participantes sino relatores del momento.

En efecto, el sábado un grupo de periodistas se había reunido en la comunidad de Tlapa de Comonfort en una convivencia familiar, en la que se encontraban los informadores con sus familias. Notas de aquel día refieren que los integrantes del MPG llegaron hasta el lugar y los mantuvieron retenidos durante varias horas, al acusar a los reporteros de no ser imparciales y objetivos en su labor. Ya ayer, medios de la capital del país refirieron que los periodistas no sólo fueron retenidos, sino que fueron intimidados por hombres armados, y humillados por los integrantes del MPG, que establecieron una especie de tribunal popular, en el que intentaron juzgar la labor de los reporteros.

Así, por ejemplo, Milenio refería que los integrantes del MPG que retuvieron a más de 100 periodistas y sus familias el sábado pasado en Tlapa, estuvieron acompañados por hombres armados -uniformados como policías comunitarios- que amenazaron con “someter a proceso de reeducación” a los comunicadores presentes, a quienes criticaron por su supuesta falta de imparcialidad y honestidad en su oficio.

“Nos intimidaron con las armas en alto. Estábamos rodeados por estos hombres con rifles y uno de sus comandantes nos amenazó en el juicio con llevarnos a una de sus prisiones entre Marquelia y San Luis Acatlán para que hiciéramos labores comunitarias”, denunció a dicho diario Miguel Ángel Mata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero.

Ese diario, que refiere haber tenido acceso a un video de los hechos, corrobora que al menos tres hombres armados con rifles estuvieron presentes en el “juicio popular” al que fueron sometidos una decena de periodistas. Ahí, ante la presencia de los sujetos armados y con el temor de ser heridos, los periodistas fueron forzados a ofrecer “disculpas” y hacer confesiones falsas.

Incluso, a la par de esos abominables actos de intolerancia por parte de los integrantes del movimiento popular guerrerense, pesa otra acusación, que tampoco es nueva en Oaxaca, y que tiene que ver con la “oportunidad” que encuentran algunos representantes de medios, para cobrar afrentas a otros reporteros con los que tienen afrentas. Pues sobre la reportera de El Sur, Carmen González, se afirma que estuvo presente en los hechos, sentada junto al “tribunal popular”.

Sobre esto, existen dos versiones. Julio Ayala, columnista de la revista Suriana, sostiene que la periodista se integró al tribunal y ayudó a condenar al resto de los periodistas. Sin embargo, González refutó esas versiones y declaró: “yo estaba en mi capacidad de reportera, nada más. Me invitaron a sentarme, pero nada más y eso hice”. Asimismo, el director editorial de El Sur, Juan Angulo, defendió a la reportera y dijo desconocer por qué se le acusó de algo así y dejó en claro que si no se logró llevar la opinión de los periodistas agredidos es porque no hubo tiempo ya que el cierre de la edición estaba encima.

Todo esto tiene un claro hedor a Oaxaca.

TRIBUNAL POPULAR

Cualquiera que haya vivido el conflicto magisterial de Oaxaca en el 2006 —y más los editores, radiodifusores y trabajadores de la información— sabe que estas no son escenas inéditas, sino que más bien son un remake de lo aquí ocurrido durante aquel año.

En Oaxaca, en nombre del movimiento popular, los medios informativos fueron acosados de manera franca por integrantes de las organizaciones inconformes; las empresas de medios fueron hostigadas durante meses; y en varios momentos hubo amenazas abiertas de que integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca irían a “tomar” las instalaciones de las empresas informativas, con lo cual amagaron a los medios impresos, pero sí consumaron cuando arrebataron las instalaciones y equipos de las más importantes radiodifusoras locales por varios meses.

Además —y este es un elemento importante— durante el conflicto de Oaxaca los propios integrantes de las organizaciones inconformes ocuparon las señales de las estaciones radiofónicas que mantenían en su poder, para difundir datos personales, domicilios, ubicaciones, referencias familiares y hábitos de diversos periodistas que no concordaban con el movimiento popular; a éstos los calificaban como traidores, y con esos adjetivos intentaban generar odio e incitar agresiones en su contra. Incluso, en más de una ocasión amagaron con llevar a diversos comunicadores oaxaqueños al tribunal popular que la APPO había instalado en el zócalo de la capital oaxaqueña.

Por todo eso es preocupante lo que ocurre en Guerrero. Queda claro que al margen de la intención de dicho ataque, y su motivación política, lo que esto revela es que la vena de intolerancia del movimiento popular está intacta, y que ésta es capaz de poner en riesgo a todo aquel que no coincida con las acciones del movimiento popular.

Si esto ya es grave, lo es mucho más la versión de que entre los mismos reporteros, hubo quien aprovechó el momento para señalar a otros comunicadores, y convalidar una agresión inaceptable. Esto, en su propia circunstancia, también ocurrió en Oaxaca. Y al final no contribuyó sino a alimentar un encono estéril que sólo ha abonado al debilitamiento de todo el gremio periodístico, en favor de los grupos de poder.

ESA NO ES DEMOCRACIA

Incluso en el caso de que todos, o una parte mayoritaria de los comunicadores, fuera abiertamente contrario a los postulados del movimiento popular guerrerense o la CETEG, esto no autoriza a agredir, amedrentar, amagar o “reeducar” a nadie. La libertad de pensamiento y de expresión, se funda justamente en la necesidad de respetar todas las posturas —incluso las más descabelladas y las menos democráticas— porque cada quien tiene el derecho de pensar, coincidir y disentir de lo que se le dé la gana. Por eso, nada justifica estas agresiones en Guerrero, como nada disculpó los impunes actos contra los informadores en Oaxaca durante el conflicto de 2006.