Lucha social y delincuencia obtienen sus dividendos
Contrario a lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto, Guerrero y la crisis que hoy vive el país no son una oportunidad sino un paradigma de la muy posible quiebra del Estado. La combinación de condiciones para esta situación de incertidumbre estaban anunciadas prácticamente desde que ocurrieron los hechos de Iguala –y quizá desde antes—, pero el soberbio gobierno lo minimizó y hoy paga las consecuencias. La combinación de la lucha social, con la delincuencia y las mezquinas conveniencias de algunos partidos, generaron un peligroso coctel que puede llegar a límites insospechados.
En efecto, hoy en día vale la pena repasar el contexto de esta crisis que aparentemente se desató por las detenciones-desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Aunque ese fue el detonante, en realidad los elementos explosivos que se combinaron para generar esta situación, claramente fueron dos. El primero, tiene que ver con la relación —que hoy se niega, pero que no por ello deja de ser perceptible— entre sectores del magisterio y grupos de la delincuencia organizada.
Y por el otro, de la expectativa de algunas organizaciones de lucha social —que ya estaban ahí, esperando, cuando ocurrieron los crímenes de Iguala—, y que han aprovechado a la perfección esta coyuntura para tratar de generar una crisis social. Es cierto que hoy no existe la violencia que muchos hubieran esperado. Pero lo que sí han conseguido es direccionar toda la inconformidad hacia el gobierno federal para tratar no de que cambie el orden jurídico, sino de llevarse una victoria moral con la renuncia del Presidente.
En este sentido, lo primero que debe quedarnos claro es que ambas eran situaciones fueron producto de cálculos perfectamente estructurados para generar la convulsión que finalmente han provocado. Sobre esas relaciones entre el magisterio y grupos relacionados con la delincuencia organizada, y su posible relación con los crímenes de Iguala, en otros momentos apuntamos (ver Al Margen 01.10.2014) que este ataque, directo y artero, parecía tener varias finalidades.
Una, encaminada claramente a enrarecer el ambiente político de Guerrero, demostrando que poderes fácticos como los grupos del crimen organizado tienen tanta presencia en el territorio de ese estado, que son capaces de manipular a fuerzas policiacas para que sean éstas quienes, desde las instituciones, ataquen a balazos a población civil, que en proporción no estaba cometiendo conductas que requirieran ese nivel de fuerza y violencia con la que actuaron los policías.
Junto a esto, apuntábamos que era imposible no considerar el hecho de que una segunda finalidad, también muy clara, era la de no sólo atentar contra población civil, sino específicamente ir a lastimar a un grupo político —el de los maestros de la CNTE, y sus hijos los normalistas, en un espacio neurálgico para el radicalismo magisterial como lo ha sido históricamente la Normal de Ayotzinapa— que en los últimos años ha sido de los más activos en la lucha social en el sureste del país, y que lo mismo ha demostrado ser lo suficientemente radical como para actuar contra sus adversarios sin cuestionamientos ni límites internos, y lo suficientemente disciplinado y contundente como para poner de cabeza a cualquier gobierno que intentara confrontarlo.
Por eso, dijimos aquí desde el primer momento, el ataque contra normalistas en Guerrero parece todo, menos un acto fortuito. Se aprecia, en realidad como una conjunción macabra, en la que un grupo bien organizado decidió actuar para demostrar su nivel de penetración en los tejidos institucionales de los municipios y el estado en aquella entidad, pero también para obligar a que el magisterio tome parte involuntaria de esa necesidad de convulsión, que evidentemente están buscando.
Hoy, casi 80 días después, podemos ver que sí se logró ese objetivo de arrastrar al magisterio —y a todo el país, a partir del segundo elemento, que analizaremos a continuación— a una inconformidad que hoy tiene en vilo —y no es exageración— a las instituciones del país.
GOBERNABILIDAD, EN VILO
Preocupados, el 3 de octubre nos preguntábamos en este espacio por qué se descomponía aceleradamente la gobernabilidad del país. Y preveíamos lo que finalmente está ocurriendo: que los hechos de aquellos días en Guerrero en contra de los normalistas y los simpatizantes de la CNTE apuntaban claramente a generar una situación de inestabilidad que derive en un levantamiento popular.
En el fondo, decíamos, parece que la intención es la de generar condiciones para una crisis en la que vuelvan a hermanarse las secciones magisteriales simpatizantes de la Coordinadora en varios estados, y hagan un solo frente de lucha en contra de la violencia, de las reformas, de la homogenización legal, y de todos los temas en los que históricamente han intervenido los profesores democráticos.
Y aunque es larga la cita, vale la pena releer lo que aquí mismo se dijo en aquel momento: Al final, la pregunta que debe quedar, y a la que todos debemos acudir, es la de qué intereses son los que en el fondo están tratando de generar estas condiciones de insurrección. Los grupos subversivos afirmaron en su momento (en el año 2010) que ese no era un año crucial para ellos, pero reiteradamente advirtieron que esperarían pacientemente a la construcción de las condiciones para un levantamiento masivo.
Lo grave es que estos pueden ser también intentos de otros grupos (la delincuencia organizada, quizá) que en el fondo estén aprovechando ciertas condiciones de hartazgo ciudadano, para generar conflictos aprovechándose de la ira popular. Todo esto lo debemos considerar. Desde hace varios años, la gobernabilidad en México pende de hilos, y no se necesitan grandes condiciones para romper el soporte que aún sujeta la paz social (ver Al Margen 03.10.2014).
COMBINACIÓN “PERFECTA”
Hoy podemos ver la respuesta a esas interrogantes: sí, el magisterio reaccionó a la agresión que no cometió el Estado, pero que sí es su responsabilidad. Sí, a los grupos sociales inconformes los están alentando otros, que buscan el río revuelto para tratar de obtener ganancias (impunidad, territorios, cacicazgos). Y sí, el vehículo ha sido la manipulación de la ira popular, unos para cobrarle las afrentas al partido en el gobierno (el PRI) y otros para ensayar los escenarios de la revolución que tanto han anhelado. Al final, esta combinación perfecta —pero ominosa— parece estar dando resultado.
