+ Toma de la tribuna, acción degradante de priistas
Ayer el Congreso local vivió otra de esas jornadas para olvidar. Desde la noche del miércoles un grupo de porros liderados por el diputado Freddy Gil Pineda Gopar tomó las instalaciones del Recinto Legislativo en San Raymundo Jalpan. Sin mediar razones ni civilidad, trataron de generar nuevamente una crisis entre los diputados, cuando era apremiante la aprobación del paquete económico para el 2015. ¿Por qué continúan ocurriendo libremente hechos degradantes de esta naturaleza en el Congreso local? Vale la pena analizarlo.
En efecto, diversos medios informativos daban cuenta que estando al frente de un grupo de porros y seguidores, posiblemente armados, el diputado local priista Pineda Gopar tomó las instalaciones del Congreso del Estado, supuestamente para apoyar a trabajadores de confianza que serían despedidos por la Junta de Coordinación Política al finalizar el presente año. Otros medios aseguraban que la toma había ocurrido en protesta porque en el Presupuesto de Egresos no se habían incluido diversas “gestiones” de recursos que los diputados tricolores habían planteado para el año siguiente. Una tercera versión, incluso, sostenía que en realidad la toma de la tribuna era para forzar una negociación privada con las demás fracciones y con el gobierno estatal.
Un primer problema, frente a todo esto, radica en el hecho de que nadie explicó claramente ni por qué ocurrió la toma de la tribuna, ni cómo se arregló este problema. Ayer, al filo de las tres de la tarde, simplemente se informó que los porros del diputado Pineda Gopar habían desocupado las instalaciones tomadas, y que se normalizaban los trabajos legislativos. Ni siquiera porque este es un problema de incumbencia general, alguien tuvo el decoro de informar exactamente por qué ocurrió este chantaje —si no hay explicación ni causa legítima, entonces todo se reduce a eso— y cuál fue la solución pactada entre los legisladores.
En esto, vale la pena distinguir varias cuestiones. Una, inicial, tiene que ver con la compleja conducción política de los diputados a lo largo de las últimas semanas. Pues resultaría imposible tratar de entender este como un hecho aislado. Más bien, debemos recordar que hace apenas un par de semanas se resolvió el conflicto entre fracciones por la integración de la Mesa Directiva; que por esos mismos días, el propio diputado Pineda Gopar fue a agredir —verbalmente, a golpes, da lo mismo— al también legislador Jefté Méndez; y que para enmarcar esta cadena de problemas está en marcha hoy en día una campaña dirigida ex profeso a ventilar las irregularidades del manejo financiero del Poder Legislativo en el último año.
Al final, todo esto es parte de una disputa mayor, que tiene que ver con el manejo de los factores de poder al interior del Congreso. La fracción perredista, que hoy preside la Junta de Coordinación Política y que tiene a su cargo el manejo financiero del Congreso, quiere reventar al PRI a través de la exhibición de los —muy posibles— actos de corrupción realizados por el ex Presidente de la Jucopo (Alejandro Avilés, del PRI) en contubernio con el tesorero del Congreso, Mauro Alberto Sánchez Hernández, que se supone que es una posición administrativa cuyo nombramiento recayó en el Partido Acción Nacional.
Como en esto se encuentran involucrados dos partidos (PAN y PRI), lo que parece es que el primero está incapacitado para ser un factor de equilibrio entre el PRI y el PRD (y recordemos que al interior de la bancada panista también hay una rebelión por la incertidumbre en el manejo de los recursos de la fracción por parte de su coordinadora, Antonia Natividad Díaz Jiménez); y como por este factor la disputa se hace llana entre tricolores y amarillos, el resultado es esta inexplicable parálisis legislativa, que impide los trabajos del Congreso aunque nadie puede explicar, con razones legítimas y apegadas a la ley, por qué ocurre todo esto.
FREDDY, EN EL ESPEJO
Ayer, algunos que buscaban equivocarse intencionalmente, señalaron nuevamente al equipo de seguridad y resguardo del Congreso como responsable de esta toma. Nadie reparó en que más bien, una primera responsabilidad existe en quienes llevaron a Freddy Gil al Congreso; y después en quienes dentro de su propia bancada lo han acicateado para que despliegue el porrismo que conoce perfectamente.
Y es que paradójicamente, Freddy Gil Pineda Gopar constituye uno de los liderazgos más desbocados pero funcionales en el Congreso. En su paso por la LXII Legislatura, Pineda no ha hecho sino constatar, una y otra vez, que en Oaxaca funciona la violencia, la irracionalidad, el descaro y el uso de prácticas incivilizadas para conseguir lo que se propone.
Eso es lo que ha hecho siempre. ¿Cuántas puertas ha ido a patear impunemente el flamante Diputado por el distrito IX? ¿A cuántos servidores públicos ha golpeado, intimidado, escupido y jaloneado, para ser atendido? ¿Cuántas veces, dentro del mismo Congreso, ha hecho el papel de porro que grita, insulta, degrada y agrede verbalmente a sus mismos compañeros? Porque al final del día, resulta que todos le aplauden; que por eso es el más eficaz de todos los diputados en la “gestión social”, y es al que mejor atienden cuando tiene va a pedir algo, independientemente de si explica o no, o de si comprueba o no, que en verdad es para beneficio de sus representados.
Y finalmente, junto a esto debieran todos entender algo que también es harto paradójico: les guste o no, lo acepten o no, Freddy Gil es diputado; está protegido por la Constitución en el ejercicio de sus funciones; por eso los elementos de seguridad del Congreso no están autorizados a cuestionarle su capacidad de ingresar y permanecer en las instalaciones del Congreso, y tampoco de vigilar a quien le acompañe.
PROCACIDAD
Sus acciones, entonces, son resultado de su delirante irresponsabilidad como representante popular; pero por eso mismo debieran todos reprocharle a él —y a su fracción, que lo echa por delante— por esas actitudes, antes que seguirse “confundiendo” al tratar de responsabilizar a unos elementos de seguridad que se vuelven nada ante la inmunidad constitucional —el llamado “fuero”— de un diputado que ni tiene escrúpulos ni controla sus impulsos o la forma en cómo defiende sus intereses, en un Congreso al que ya le tiene sin cuidado lo que la sociedad piense de sus integrantes.