+ No agravia solvencia económica sino ostentosidad
Si Heliodoro Díaz Escárraga, o su hijo, fueran empresarios o beneficiarios de un premio de la lotería, nadie les cuestionaría un acto de frivolidad, por muy excesivo y pedante que éste fuera. Sólo que como no son empresarios, ni personas acaudaladas, y tampoco se les conoce otra actividad para ganarse la vida más que el servicio público y los proyectos políticos, una broma —cierta o falsa— sobre la adquisición de un vehículo de lujo, fue suficiente para que ambos fueran exhibidos y defenestrados de las responsabilidades administrativas que ostentaban.
En efecto, el 22 de diciembre pasado, en su cuenta de Facebook el hasta entonces empleado federal, Heliodoro Díaz Escárraga, posteó una foto de su hijo aparentemente conduciendo un vehículo Porsche color amarillo. En la leyenda que acompañaba la imagen, el priista hacía alusión a que ese automóvil era “su regalo” de Santa Claus, y que lo cuidara. De inmediato, capturas de pantalla de esa imagen comenzaron a circular en redes sociales, y al día siguiente esta información fue retomada por un diario de circulación nacional, que manejó dicha nota en portada. Esto generó un escándalo que rebasó por mucho la broma por la que aparentemente inició este asunto.
En un inicio, Díaz Escárraga afirmó que no era dueño del Porsche, que no se lo había regalado a su hijo; que éste simplemente se había fotografiado en el vehículo como anécdota, y que todo era producto de una broma. Sin embargo, un día después se hizo oficial la separación del cargo que éste ostentaba, y también del cargo del subdirector jurídico de Liconsa, que ocupaba su hijo Heliodoro Díaz Aguirre. A ellos la frivolidad, fuera cual fuera, les cobró una costosa factura. ¿Por qué?
Porque los Díaz Escárraga, como muchísimas otras familias de políticos en Oaxaca son plenamente identificadas. Además, porque se conoce perfectamente que el centro de sus actividades es la actividad del servicio público y porque, también se supone —aunque de forma muy relativa— que el servicio público debe estar regido por lo que en algún tiempo se conoció como la “justa medianía”. Es decir, vivir en condiciones de dignidad pero alejados de lo ostentoso, y de lo que no pudiera explicarse a partir de los ingresos obtenidos en su actividad, porque se supone que justamente la actividad pública permite ingresos para vivir en condiciones dignas, pero no de privilegio.
Ese es el primer parámetro que no entendieron los Díaz Escárraga, a pesar de la experiencia que se supone que tienen en la conducción de su vida pública. Pues aún siendo una broma, es imposible suponer que alguien que trabaja para el gobierno pueda ganar lo suficiente como para tener un vehículo que rebasa por mucho la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.
E incluso, aún teniendo la capacidad económica para comprar dicho vehículo —derivada de sus ingresos como funcionario—, de todos modos el agravio subsiste por la falta de prudencia y la contradicción que genera la suntuosidad en la conducción de su vida privada, de personas que se supone que trabajan para atender problemas sociales de la población que no tiene un ingreso seguro, ni casa propia, ni una subsistencia asegurada, y ni siquiera lo suficiente para poder hacer tres comidas al día.
LA PURGA
Al final, esta pareció ser una purga más que generan los errores que cometen quienes no son importantes para un proyecto político. Pues a pesar de lo cuestionable que resulta, cuando en nuestro estado y país han ocurrido conflictos de esta naturaleza en personas que son sustantivas para una institución o para un esquema de gobierno, el ventarrón es soportado y finalmente la responsabilidad subsiste sobre el escándalo. No obstante, en este caso parece que los Díaz Escárraga se quedaron atrapados en el escándalo y fueron víctima de los mecanismos por los que llegaron a las responsabilidades de las que fueron defenestrados.
Por un lado, Heliodoro Díaz Aguirre era subdirector jurídico de Liconsa, gracias a que el director General de esa empresa de participación estatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, fue compañero diputado de Díaz Escárraga en la LX Legislatura. Ahí ocurrió lo que casi siempre termina pasando: que como parte de sus “negociaciones políticas”, un político pacta con otro ciertos apoyos políticos, a cambio de la incorporación de uno de los suyos en un área de responsabilidad administrativa.
En este caso, a cambio de la incorporación de su hijo, pero al margen de la capacidad, la experiencia y la idoneidad para ser nombrado en el cargo que ostentaba. Esa fue la forma en que incorporaron a Liconsa a Díaz Aguirre. Y de no haber sido por el escándalo del Porsche, nadie habría cuestionado —incluso, nadie se habría enterado— que esa área de responsabilidad era ocupada por alguien que no necesitó demostrar capacidades o superar a otros funcionarios y/o profesionistas para ostentar dicha responsabilidad, sino simplemente un acuerdo —o favor— entre dos personas.
Algo parecido pasaba con Díaz Escárraga, que también ocupaba un alta responsabilidad pública y que también llegó a ésta gracias a un conjunto de acuerdos políticos. ¿Qué experiencia habría podido demostrar Díaz Escárraga para ocupar la responsabilidad de coordinador regional que ostentaba, si la designación en ese cargo se hubiera hecho estrictamente a partir del perfil profesional y experiencia, en igualdad de circunstancias para todos los participantes, y en el que él hubiera participado no como un ex diputado federal o un político oaxaqueño de carrera, sino como un ciudadano más?
Al final, lo que parece es que un escandalo de esos sirvió, primero para demostrar que la frivolidad sí tiene su costo para quien incurre en ella —así sea en tono de broma—; pero también para recordarnos a todos (y ese es el mensaje más importante, aunque ha sido poco atendido) que del servicio público se deben desligar la política y los acuerdos poco transparentes, que permiten la designación en cargos públicos de personas que la mejor carta que tienen es política y no de idoneidad para las responsabilidades que les serán conferidas.
RIQUEZA ESCONDIDA
Si el mecanismo de la declaración patrimonial de verdad funcionara —partiendo del supuesto de que los servidores públicos declararan todos los bienes que son de su propiedad y de sus parientes directos—, ¿cuántos escándalos como estos habría? Seguramente nos faltarían días del año, y espacios en la prensa, para revelarlos (y escandalizarnos).
