El Congreso de Oaxaca se sigue siendo garante la opacidad

 

+ Ruta del dinero explica resistencia a auditoría

 

Si algo debe fundamentar la necesidad de una reforma constitucional para hacer una nueva Auditoría Superior del Estado, eso es la resistencia abierta y velada de los diputados locales por abrir al Congreso a la fiscalización a la que pretende someter a los demás entes públicos. Debe predicar con el ejemplo. El problema es que en los poderes del Estado en Oaxaca no existen ni los controles ni el pudor frente al repudio ciudadano.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta de que los diputados locales bloquearon la revisión que la Auditoría Superior del Estado había previsto al Congreso dentro de su programa anual de auditorías, luego del escándalo permanente que los propios legisladores habían protagonizado en los últimos años por el manejo discrecional —y la presunta malversación— de los más de 600 millones de pesos anuales que constituyen el presupuesto del Poder Legislativo. De acuerdo con lo publicado, la ASE dejó pendiente la revisión, a pesar de que ésta había sido una promesa pública del auditor Carlos Altamirano Toledo, y de que los diputados de la LXII Legislatura se habían dicho dispuestos a la revisión del último año de ejercicio de la diputación anterior.

Resulta que la LXI Legislatura terminó en medio de un escándalo —aunque hoy vemos que el primer año de ejercicio de la actual Legislatura rebasó por mucho la corrupción de sus antecesores— marcado por la opacidad en el manejo de su presupuesto, y por el evidente enriquecimiento y los beneficios indebidos de los que fueron objeto sus integrantes. Cuando concluyó la LXI Legislatura, diversos sectores de la ciudadanía se dijeron inconformes y por eso exigieron una revisión de lo ejercido.

Así, en un primer momento la LXII Legislatura dijo que abriría su administración a la revisión de la ASE. El problema es que, como lo apuntamos en nuestra entrega del 10 de febrero del año pasado, dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre quienes eran en ese momento coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura —depósitos millonarios realizados a cuentas bancarias personales de Alejandro López Jarquín y Francisco García López, del PRD y PRI, respectivamente— que antecedió a la actual.

Al parecer, apuntamos desde entonces, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

Hoy podemos ver que esa discrecionalidad fue estimulada con creces: por un lado, en la LXII Legislatura ya brotaron innumerables evidencias de las enormes sumas de dinero que se manejan en efectivo —con todas las dudas que conlleva el hecho de que el manejo de dinero en efectivo denota opacidad plena—.

Y por el otro, los diputados decidieron cerrarle la puerta a la revisión que realizaría la ASE, seguramente no tanto porque quisieran proteger a los integrantes de la Legislatura anterior —aunque en ello pudo haber también un acuerdo político con el Gobierno del Estado, ya que varios de los que fueron diputados ahora son funcionarios estatales— sino más bien porque permitir la revisión, constituiría el “mal ejemplo” para que cada año la ASE quisiera auditarlos.

 

UNA AUDITORÍA DE PAPEL

A pesar de la supuesta transición democrática que se vive en Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado es un remedo de lo que debería ser. Aunque el Ejecutivo prometió que establecería los mecanismos efectivos de fiscalización, y para eso envió una iniciativa que reformaba —y, sobre todo, reintegraba— la Auditoría Superior, aunque al final no propuso que se le dieran mayores alcances o fuerza institucional de las que ya tenía.

Por su parte, al aprobar sus nuevas reglas constitucionales y legales, el Congreso local tampoco le procuro mayores facultades, o recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad, basada en sus resultados.

Como todo eso no fue suficiente, en 2014 el Congreso creó otro elefante blanco al aprobar la creación de un órgano técnico de fiscalización, a cargo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, que encabeza el diputado Adolfo Toledo, que en esencia representa un incremento de burocracia que opera sin marco legal y hasta hoy sin resultados tangibles. Así, por un acuerdo político la Legislatura le creó al diputado Toledo su estructura burocrática, pero con recursos que le quitó a la ASE.

Eso no tendría mayor problema, si no fuera porque ya de por sí la Auditoría Superior opera con fuertes limitaciones económicas, que sólo le permiten revisar anualmente al 10 por ciento de los entes auditables del Estado; y que frente a los posibles quebrantos la misma ley no le da facultad para procurar una persecución judicial efectiva a los responsabilidades.

En esas condiciones, ¿cómo querer tener una Auditoría capaz de revisar ya no digamos que al Congreso, sino a muchas de las corruptas autoridades municipales, que a la vista de todos se burlan de la ciudadanía con sus excesos, con su impunidad, con sus nulos resultados, y con su nulo temor a las consecuencias que puedan tener sus desvíos de recursos.

Así, si la corrupción es institucional y estructural, entonces no habría por qué extrañarse que los diputados se resistan públicamente a la revisión, para preservar el millonario negocio anual que tienen en las manos.

 

¿MAESTROS?

Coincidimos con quienes piden que a los integrantes de la Sección 22 ya no se les llame “maestros” o “profesores”. Nadie encaminado al bien, y ni siquiera por una causa legítima, tiene justificación para romper y destruir. Ayer dieron una más de sus acostumbradas muestras de irracionalidad al causar destrozos y desmanes en la capital oaxaqueña.