La centralización educativa va rumbo al fracaso

 

+ Derrota, no indolencia, de EPN frente a Oaxaca

 

La Secretaría de Gobernación dio por concluida finalmente su reforma educativa, y su plan recentralizador de la educación al acordar pagar, sin intermediación del gobierno de Oaxaca, los atrasos quincenales de los trabajadores de la sección 22 y acatar, sin cuestionamientos, la plantilla de trabajadores tal y como la elaboró el magisterio. Esto es —o debiera ser visto— como uno de los más grandes fracasos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en el mediano y largo plazo.

En efecto, luego de varios días de vandalizar la ciudad de Oaxaca, una representación de la Sección 22 fueron recibida en Gobernación por el subsecretario Luis Miranda. Ahí acordaron normalizar los pagos atrasados a los más de tres mil profesores afectados, así como que los integrantes de la 22 cobren de la manera tradicional a través de un comprobante de pago, con talón de cheques y por medio de la nómina de la CNTE.

Otro de los puntos importantes que quedó asentado en la minuta es que Gobernación reconozca la nómina del IEEPO que aglutina a 81 mil 300 integrantes, lo que contrasta con la nómina que tiene la SEP con un total de 67 mil 408 docentes. Este acuerdo, se informaba ayer, sería consultado con las bases, donde analizarán retirar el plantón en el zócalo, y si continuarían las movilizaciones.

Esto significa, en uno de los extremos, la declaración de subsistencia de la CNTE; y, por el otro, también significa la claudicación total del gobierno federal. Pues en lo que toca a la Coordinadora, era de todos sabidos que su capacidad de movilización se centraba en varios aspectos que, según lo acordado con Gobernación, seguirán intactos. Uno de ellos tiene que ver con la discrecionalidad de la nómina educativa.

Pues, de entrada, el gobierno federal ya aceptó integrar oficialmente a la nómina a los profesores incluidos inusitadamente por la Sección 22 en el llamado “plantilleo”, lo cual constituye una diferencia a favor de la Coordinadora de más de 13 mil 800 personas a las que ahora se les debe pagar únicamente en base al acuerdo político firmado el martes en Gobernación. Esto significa, evidentemente, que el gobierno federal ya aceptó formalmente la contratación automática de personal docente al margen de cualquier evaluación. Y ello significa, también, no sólo que ahora se le pagará a personas que el gobierno federal no sabe en qué trabajan exactamente, sino sobre todo la preservación del núcleo duro de movilización de la Sección 22 para las labores de presión política.

Si esa es una de las grandes fortalezas de la disidencia magisterial, que seguirá intacta, la otra le garantiza la vida al movimiento magisterial del sureste del país. Ayer lo mencionaba el investigador Carlos Ornelas en Excélsior: que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda seguirán pagando los salarios a los maestros paristas y a todos aquellos que falten a clases, mientras no haya una solicitud de los gobiernos de los estados para que esas dependencias procedan a hacer descuentos.

Esto es la vida para la 22 y para la CNTE en general. ¿Por qué? Porque en entidades como la nuestra, el gobierno es un aliado incondicional del magisterio, que mientras perviva el estado de debilidad institucional que subsiste hasta hoy en día en el gobierno estatal, nunca pedirá al gobierno federal que descuente salarios a los profesores.

En Oaxaca, por ejemplo, como hasta hoy no ha sido aprobada la legislación estatal en materia educativa armonizada con la federal, entonces no hay un marco legal que obligue al gobierno a expulsar del IEEPO a toda la plantilla de directivos que fue propuesta y nombrada desde el sindicato magisterial.

Es decir, que en Oaxaca la Sección 22 sigue y seguirá siendo juez y parte en la educación. Y que mientras eso continúe —y no sea desmantelado el poder corporativo y la fuerza política que tiene el sindicato, los cuales terminan subordinando al gobierno a su poder— la administración estatal nunca le pedirá a Gobernación que descuente a los profesores, y entonces los supuestos controles creados con la reforma educativa, seguirán siendo una gran y costosa falacia.

 

LA DERROTA DE EPN

Este fracaso es mayúsculo, porque es de fondo y no de forma. Hace siete meses (ver Al Margen 30.06.2014) apuntamos que sería una paradoja que frente a todo el planteamiento de reformas de corte centralizador que han venido haciendo los poderes federales en el país, y en cuya cúspide se encuentra la reforma educativa, la federación simplemente claudicara frente a Oaxaca.

Eso sería, afirmábamos, tanto como aceptar que su poder concentrador en realidad está diluido, y que es mucho más relativo de lo que hoy parece, además de que entonces los estados de la República fácilmente se podrían rebelar —como parece que lo está haciendo Oaxaca, con poderes fácticos sometiendo a los poderes constitucionales— a las decisiones federales en los temas que está centralizando.

Incluso decíamos que la otra situación que podría ser igual de grave que la primera, es que a la federación simplemente no le importara Oaxaca. “Esto sería algo gravísimo —y posible— porque entonces lo que estaríamos viendo es la apertura de un espacio de total vacío, en el que ni opera la democracia propia de las entidades federativas, ni opera la centralización —tomados éstos los dos extremos naturales de una situación como ésta— que en los últimos tiempos ha intentado reimplantar la federación, como una forma de fortalecer al Presidente en detrimento del poder de decisión de las entidades federativas, los gobernadores y los congresos locales”.

Hoy vemos que el real es el primero de los escenarios: es decir, que el gobierno de Peña Nieto no claudicó en su reforma educativa porque no le importe Oaxaca, sino porque la capacidad de controlar las atribuciones que la federación recentralizó, en realidad son mucho más relativas y débiles de lo que todos creíamos.

 

ADIÓS REFORMA

Así, estamos viendo el fin de la reforma educativa, a manos de una turba de empleados que ganaron en la medición de fuerzas para preservar sus intereses. Con esas decisiones, quizá logren levantar el plantón indefinido de Oaxaca —y hasta eso quién sabe—, y apaciguar momentáneamente a la Sección 22. Pero haberles dado todo constituye el precedente para que dentro de unos meses vuelvan a la carga como si de todos modos la Federación les debiera todo y no les hubiera dado antes nada, y el mal ejemplo para que otros grupos le tomen la medida al diluido gobierno de Peña Nieto.