NAIM, Tren Maya, y la extraña relación de AMLO (y los gobernadores) con el federalismo


Poco se ha notado que, en discusiones paralelas, los principales factores del poder político en México han dejado solo a uno de los grandes proyectos nacionales, mientras que han decidido abrazar inopinadamente a otro que ni siquiera conocen. Es el caso de los destinos concomitantes del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y del llamado Tren Maya. Hoy, ambos proyectos enfrentan sendos déficits de aprobación y consenso tanto entre los representantes del poder, como de la ciudadanía. Y aún así, a la vista de todos —y de esa deficiencia compartida— se está decidiendo temerosamente el destino de ellos.

En efecto, por un lado se encuentra el destino del NAIM, sobre el cual existe un ánimo decidido del gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador por maniobrar todo lo necesario hasta lograr su cancelación. Pudiera sorprender el hecho de que frente a esa intención, el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto simplemente ha decidido claudicar todo intento real de defensa; y que al mismo tiempo, la ciudadanía mexicana se encuentra sometida a un diálogo ensordecido entre quienes, desde el equipo de transición, quieren que el proyecto se cancele, y a los que, desde el gobierno saliente, simplemente parece haber dejado de importarle cuál sea el destino de ese mega proyecto, aún con las implicaciones que ello conllevará no para un grupo o para un partido, sino para el país.

En la vía paralela, se encuentra el proyecto del Tren Maya. Éste fue esbozado por primera vez por López Obrador cuando ya era presidente electo. Dijo desde su anuncio, que éste sería un proyecto de reactivación económica para la región sur sureste del país, y de inmediato convocó a los gobernadores de las entidades federativas relacionadas con la eventual construcción de este esquema ferroviario, para que juntos trabajaran generando condiciones para que dicho proyecto lograra cristalizarse. Por lo menos han ocurrido tres reuniones al más alto nivel (entre el presidente electo y su equipo, con los gobernadores de toda la región contemplada en la obra), a pesar de que aún no existe ni siquiera el esbozo ejecutivo —mucho menos los planos, expedientes, estudios de costos, etcétera— de las implicaciones económicas, sociales, culturales, turísticas y ambientales que tendría dicha obra.

En esta lógica, queda claro que ambos proyectos de infraestructura son de alcance nacional, más allá del clasismo que cada uno de ellos representa. Por un lado, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido rechazado a partir de la explotación eficaz del sentimiento de rechazo y no pertenencia, que ha tenido como objetivo un sector de la población que por lo menos se declara indiferente —o en abierto rechazo del proyecto— a partir de la idea de que nunca se han transportado a bordo de un avión, y que probablemente nunca lo hará.

A la par de ello, frente a la ciudadanía, el proyecto del NAIM parece estar corriendo el mismo destino político que el régimen gobernante que lo impulsó, independientemente de su viabilidad y utilidad para la economía y el desarrollo del país. El hecho mismo de haber sido un proyecto apadrinado e impulsado por el fustigado Presidente Peña Nieto —depositario de una derrota electoral histórica en el México del último siglo—, parece haber también sellado el destino del NAIM: un proyecto de gran calado que, sin embargo, se quedó solo y sin defensa ante el rechazo de la ciudadanía al régimen que lo impulsó, y sobre el que nadie quiere argumentar a favor ante el temor de ganarse la animadversión del régimen entrante, que rechaza dicho proyecto casi por sistema y porque de hecho esa fue una de sus banderas de lucha electoral durante los tiempos de campaña.

¿Y EL FEDERALISMO?

Lo que quizá no se ha alcanzado a ver con claridad, es que tanto el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como el Tren Maya —e incluso en mayor medida la terminal aérea que el tren—, representan proyectos detonantes de la economía nacional. Es decir, ni uno ni otro son, o deberían ser vistos como proyectos caprichosos de una u otra administración federal, sino como parte de una visión de país de mediano y largo plazo que lo que busca es seguir estimulando el crecimiento de la economía, la confianza del país frente a la inversión extranjera, y la generación de empleos.

En gran medida, dichas inversiones tienen como objetivo implícito —o deberían tenerlo— la utilidad y la potenciación no de una región, sino de todo el país. Por eso, el aeropuerto está planteado como un proyecto nacional que por esa razón perdió el sentido local de ser sólo de la Ciudad de México, para denominarse únicamente como Aeropuerto Internacional de México. La razón es que su utilidad no sólo beneficiaría a la capital nacional, sino que podría ser un polo de desarrollo económico para todo el país, debido a que éste no sólo fungiría como una terminal de pasajeros sino también como un gran centro de recepción e intercambio comercial entre México y los países con los que sostiene relaciones de negocios y de intercambio de mercancías.

En esa misma lógica, quién sabe qué tanta utilidad nacional podría tener el Tren Maya, comenzando porque nadie conoce la realidad sobre su viabilidad financiera en el mediano y largo plazo, y como un proyecto autofinanciable y autosostenible en todos los aspectos. Podría ser una obra de gran calado, pero siempre subvencionada por las arcas públicas.

El aeropuerto, hasta donde se sabe, es una inversión porque en el largo plazo termina siendo un negocio para quien invierte. Tan es así, que hoy varias de las operadoras de aeropuertos mexicanos son empresas privadas altamente rentables que incluso cotizan en los mercados de valores. En el caso del NAIM, la coinversión del gobierno federal con capitales privados en los mercados de valores, tendría como propósito la rentabilidad y la utilidad financiera en el mediano plazo a favor de las arcas federales.

La incógnita en toda esta discusión, es respecto a qué postura han tomado los gobernadores frente a ambos proyectos. Queda claro que respecto al Tren Maya, hay un consenso de los gobernadores del sureste del país a favor de su construcción. Lo relacionado con el NAIM es una completa incógnita, a pesar de que ésta es una obra de calado verdaderamente nacional.

LOS MIEDOS

Al parecer, la idea del desarrollo nacional está siendo sometida por los resquemores relacionados, primero, con la subida inopinada a la ola del nuevo grupo gobernante que tendrá al país en las manos a partir de diciembre próximo; y segundo, con el hecho de que la oposición al proyecto del nuevo gobierno, o la defensa del polémico y rechazado aeropuerto, podría traer aparejada la animadversión del régimen obradorista, que pinta para ser muy poco, o nada tolerante al disenso, aún cuando éste tenga como base la defensa del federalismo, del que nadie en México parece hoy querer acordarse.

La CNTE abre su juego: fustigando los foros, va por la derogación —sin diálogo— de la reforma educativa

Un abrazo fraterno a mi colega y amiga Carolina Espina, ante el fallecimiento de su señor padre. Respetuosamente.

Hoy queda claro que Andrés Manuel López Obrador no necesitaba ni al SNTE ni a la CNTE para ganar la elección presidencial, pero que se rodeó de ellos —a pesar de que son el agua y el aceite— para afianzar el consenso social que ya tenía a su favor. Lo hizo aduciendo la derogación de la reforma educativa. El problema es que no es lo mismo ser oposición que gobierno, y por eso hoy —que todavía no llega al poder, pero que ya cogobierna fácticamente con la administración federal saliente— cuando intenta dialogar con sus aliados electorales, está recibiendo sus primeras dosis de realidad. La reacción violenta de la CNTE en Guerrero no es sino preámbulo —anunciado— del enorme problema al que se enfrentará por el destino de la reforma educativa.

En efecto, el pasado domingo uno de los foros convocados por el Presidente Electo para recabar propuestas y definir la nueva política educativa del país, fue cancelado luego de que un grupo magisterial irrumpiera y se desataran hechos violentos, agresiones con sillas y otros objetos, en un centro de convenciones de Acapulco.

Maestros de la CETEG —organismo espejo de la CNTE en aquella entidad—, marcharon y llegaron al recinto, acusando que ahí había integrantes del “charrismo sindical”, que aprobaron la reforma educativa; esto, en referencia a maestros del SNTE. Los de la CETEG quitaron vallas, subieron al templete, y lanzaron gritos en contra del SNTE y la exdirigente Elba Esther Gordillo; en respuesta, maestros de la sección 14, comenzaron a corear el nombre de su organización, y de ahí pasaron a los insultos y luego a los golpes, por lo que dicho foro fue cancelado.

Para muchos esta fue una reacción inusitada. En la interpretación lineal, se pensaba que al haber una promesa y un eje discursivo concreto y aceptado —la cancelación de la reforma educativa— por los simpatizantes magisteriales de Morena tanto en la CNTE como en el SNTE, lo único que debían hacer es construir juntos las rutas para llegar a ese resultado, y luego establecer los mecanismos y las reglas bajo las cuales se va a regir el magisterio nacional luego de quedar cancelada la reforma educativa.

El problema es que nadie en Morena vio —porque no quiso ver— que el diálogo y la concertación entre las dos facciones magisteriales es imposible, y que sus diferencias son históricas. No había forma de prever entendimiento cuando las discordancias de la CNTE y la SNTE no tienen su origen en la reforma educativa y, acaso, ésta no ha sido más que una simple coyuntura de coincidencias.

De hecho, ayer el portal Diálogos Oaxaca reportaba que a pesar de que Oaxaca es de una las entidades dominadas por la CNTE, es de las que menos propuestas ha aportado a la plataforma de la consulta educativa denominada “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que promueve el gobierno electo de López Obrador. Hasta la fecha, indica la información, se han subido 48 mil 171 ideas a la página “Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación” que, junto con los foros que se realizan en el país desde el 27 de agosto, tiene como objetivo la construcción de la política educativa que implementará el próximo Gobierno federal. Del total, Oaxaca registra sólo 50 propuestas, es decir el 0.1 por ciento, en el portal en las cuatro categorías: educación básica, educación media superior, educación superior y otros servicios educativos.

¿Cuál es la razón? La misma nota lo aclara: la Sección 22 acordó realizar un Congreso Político para integrar sus propuestas en la materia y remitirlas de forma directa al Gobierno electo y no a través de los foros organizados por el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma. “El mecanismo no es exactamente los foros. En los foros lo que hemos ido a manifestar es nuestro posicionamiento político, sobre todo, sobre las consecuencias o los desastres que ha dejado la reforma educativa”, señala la nota, al tiempo de establecer que la disidencia considera que los foros impulsados por Moctezuma son insuficientes, pues una consulta tiene que abarcar la totalidad de los maestros, no sólo los que puedan llegar a los encuentros o registren sus propuestas en la plataforma.

Es decir, que para ellos los foros educativos ni son un mecanismo constructivo, ni son relevantes.

HOY, IGUAL QUE SIEMPRE, IRÁN POR TODO

La postura actual de la Sección 22 en Oaxaca, y de la CETEG en Guerrero —ambos, referentes de la CNTE— eran previsibles. Aquí escribimos el 4 de abril: “Si AMLO se convierte en Presidente, la Coordinadora y la Sección 22 no esperarán a que manifieste voluntad por la derogación de la reforma educativa, sino que desde el primer día de su gestión —y quizá desde antes, porque el cambio de la Legislatura federal ocurrirá desde el mes de septiembre, y posiblemente Morena llegue a tener mayoría— comenzarán a exigirle el cumplimiento de su palabra a través no de las vías institucionales, o las que llegara a plantear AMLO para lograrlo, sino como ellos mismos lo quisieran en forma y fondo.

‘¿Qué querría la CNTE y la Sección 22?’, nos preguntábamos en aquel entonces. Y la respuesta hoy, cobra puntual sentido: “Querrían lo que han dicho, como forma de derogación: es decir, la emisión de un decreto presidencial que deje sin efecto la reforma educativa. Pero además, como fondo del planteamiento, ellos asumirán la postura de que no quieren la reforma actual —por eso piden su derogación—, pero que además tampoco aceptarán cualquier otra forma de evaluación de la educación pública, que no sea las que ellos mismos establezcan.”

Esto es exactamente lo que estamos viendo: grupos políticos que están de acuerdo en la meta inicial (la derogación de la reforma educativa), pero que no están dispuestos a aceptar consensos y tampoco a negociar sus posturas. Ellos no quieren diálogo con el SNTE ni con el gobierno, siempre que uno u otro no estén dispuestos a plegarse a sus consideraciones. Por eso, el foro educativo que se supone que fue creado para recabar propuestas y construir la vía alternativa, para la CNTE no es sino un espacio de denuncia política en el que no caben las propuestas, porque éstas deben emanar de un proceso distinto en el que sólo ellos pueden dictar las condiciones.

DESTINO: EL CAOS

Evidentemente, ni el gobierno de López Obrador ni el SNTE querrán plegarse a las condiciones, o a la visión educativa o política de la CNTE. Unos y otros conocen el valor de sus respectivas porciones de legitimidad. Y por eso, la reforma educativa no parece tener otro derrotero que el del caos, la confrontación y la reiteración de escenarios violentos como el que vimos hace algunos días en Acapulco; o acciones legislativas impulsadas por los diputados federales de la CNTE, que más allá de su planteamiento político no son sino una invitación velada para que las autoridades de la SEP —las actuales y las próximas, obligadas a cumplir y hacer cumplir, mientras viva la actual legislación educativa— violen la ley.

La ciudadanía debe hoy asumir el papel de dique, frente a la tentadora mayoría de AMLO

Puede ser entendible la euforia de los diputados federales de los partidos aliados en la coalición Juntos Haremos Historia, al asumir como tales en la LXIV Legislatura federal. Esa euforia los llevó a corear airadamente la frase “es un honor estar con Obrador”, y el posible entendimiento surge de la larga lucha política librada por Andrés Manuel López Obrador, por más de 15 años, hasta llegar a la Presidencia. Lo que no debiera ser entendible, y tampoco aceptable, es el riesgo que puede llegar a implicar la militancia incondicional no con un partido o una causa, sino con un hombre, en tiempos en los que debería fortalecerse el imperio de la Constitución, y la división de poderes.

En efecto, el pasado sábado cuando inició el primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura federal, y en la Cámara de Diputados se llevaba a cabo la sesión de recepción formal del Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo, hubo una expresión particularmente llamativa. La bancada mayoritaria de Morena en el Congreso de la Unión, interrumpió el posicionamiento del PRI en la sesión del Congreso General, en voz de su presidenta nacional, Claudia Ruiz Massieu, para reclamar por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Claudia Ruiz Massieu hablaba de que los priistas no son mercenarios de la política que cambian sus lealtades de acuerdo al proyecto en el gobierno en turno, cuando un grito ensordecedor desde las curules de Morena enumeró, uno por uno, a los 43 normalistas desaparecidos y exigieron justicia al final.

Unos minutos después Ruiz Massieu hablaba de los logros del gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto y de los costos políticos que le dejó a esta administración las reformas hacendaria y energética, cuando desde las curules de Morena se escuchó el gritó: “¡Es un honor estar con Obrador!”, en varias ocasiones. Ruiz Massieu dijo que el Poder Legislativo es contrapeso y eso incluye a los grupos parlamentarios oficialistas y deben saber decir que “no”. “Seremos una oposición valiente, crítica y constructiva. Ni abyecta (…) no obstruiremos lo que sirva y el PRI es un partido grande”, dijo Ruiz Massieu.

Estas expresiones merecen una consideración en específico. Porque si bien es cierto que la llegada de una bancada mayoritaria de un partido opositor al PRI, resulta una noticia relevante en el contexto político nacional —máxime por la historia particular del obradorismo y de Morena en la arena electoral mexicana—, y que lo es todavía más que esa sea la mayoría legislativa más copiosa e importante que se ha construido en los últimos veinte años de la historia democrática de México, también es cierto que aún con los antecedentes de Morena y del obradorismo, y de este arribo al poder tras un larguísimo trayecto siempre cuesta arriba, lo que debería siempre prevalecer es, por un lado, el principio de la división de poderes, porque eso es lo que va a garantizar siempre la salud del ejercicio del poder en México; y por el otro, la vigilancia permanente de la ciudadanía para impedir la toma de decisiones contrarias a lo que desea, y espera, la mayoría ciudadana del próximo gobierno.

En esa lógica, pareciera que las expresiones de apoyo son inicialmente producto de la euforia por el arribo al poder. Sin embargo, esa euforia no se debe convertir en una especie de “borrachera de poder” y mucho menos el preámbulo del pliegue incondicional de diputados y senadores de Morena a los designios de su Jefe Político, ahora convertido en presidente de la República.

Hay —se supone— una militancia y una convicción ideológica afín al Presidente Electo. Pero eso no debe significar el regreso de los caudillos ni de “el país de un solo hombre”. Eso fue justamente lo que desacreditó al priismo —los excesos cometidos al amparo de la disciplina partidista—, y en el fondo es contra lo que votaron más de 30 millones de mexicanos el pasado 1 de julio.

EXCESOS

La militancia partidista es parte de la democracia. Las mayorías y minorías también lo son, y de hecho los sistemas políticos y las democracias actuales están construidos de tal forma que se supone que deben soportar lo mismo la existencia de pluralidad de partidos en los órganos legislativos, que mayorías y minorías definidas. Esa es la razón por la que hoy llama la atención que una amplia mayoría, llegada al poder como consecuencia del hartazgo frente a las formas antiguas de hacer la política, ahora asuma actitudes excesivas.

Una crónica publicada ayer en El Universal sobre el desarrollo de la sesión de Congreso general, y los excesos de algunos sectores de Morena en el Poder Legislativo Federal, dejaba ver esos rasgos: luego de relatar los problemas que enfrentaba el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, para conducir la sesión legislativa, el reportero Juan Arvizu daba pautas específicas de la actitud soberbia y excesiva de la misma bancada que dentro de tres meses dejará de ser opositora para asumir un papel que lo mismo puede ser de contrapeso que de apoyo incondicional.

“Renace el desorden. Siempre en la amplia extensión morenista. Uno ofrece su ayuda, desde el flanco del PRD que quedó en la derecha del salón. “Agradezco, pero no lo necesito tanto”, señala el político de miles y miles de batallas [Muñoz Ledo], con una certeza: “La conducción [de la sesión] es exclusiva del presidente del Congreso”. Ha hablado con energía.

“Pone luz en esta encrucijada en la que están sus huestes, a las que pedirá que sean maduras: “Esta es la hora cero de la nueva República”. Pero no oyen. Morena trae una nutrida sección de ruidosos imparables, que recuerdan ese bloque priísta que se afamó con el mote de Bronx. No paran de gritar a los antagónicos y de aplaudir a la mínima mención de Andrés Manuel López Obrador.

Las otras bancadas quedaron reducidas por el resultado electoral. Un morenista tiene la curul de mayor poder. Es Mario Delgado. En el pasillo central son morenos. En la fila uno, hoy se sientan los hombres del poder verdadero: el senador Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero celebran el discurso y el tono del joven de izquierda. Mientras, la mayoría de Morena se aplasta en el entusiasmo que genera su porra de identidad: “¡Es un honor estar con Obrador!”. Eso dan en la hora cero.” (https://bit.ly/2LUHvcs).

DIVISIÓN DE PODERES

Lo que quisiéramos ver es una división de poderes de avanzada, con un Presidente que goza de una bancada mayoritaria, pero con no el posible cheque en blanco en la mano —que le permitiría hacer y deshacer, a placer— que siempre es nocivo y engañoso para la democracia. ¿Qué queda? Que los ciudadanos, hayamos o no votado por López Obrador o por Morena, asumamos y ejerzamos nuestro papel de ciudadanía crítica, y sometamos de manera permanente a escrutinio el ejercicio del poder. Esa es una de las pocas vías que quedan para limitar y controlar, lo que esas amplias mayorías legislativas parecen no tener muchas ganas de hacer.

Encarar la desaparición forzada de personas, será uno de los temas ineludibles para el próximo gobierno

Dentro de las muchas referencias que a estas alturas de las campañas presidenciales, los ciudadanos ya tenemos sobre la vaguedad de las propuestas y planteamientos de los candidatos, hay uno de enorme sensibilidad por el que prácticamente se ha pasado por alto: la de la necesaria justicia que debe procurarse a los miles de desaparecidos que hay en el país, y particularmente a quienes reclaman la comisión del delito de desaparición forzada de personas. No sólo se trata de los 43 de Ayotzinapa, sino de todas las personas que siguen sin justicia y sin consuelo en México, al no tener ni siquiera certeza de dónde se encuentran los restos de sus desaparecidos.

En efecto, los desaparecidos constituyen uno de los temas más sensibles y dolorosos para la nación mexicana. Por nación debemos entender el conjunto poblacional que comparte coincidencias sociales y políticas, y que es quien le da sustento y legitimidad a las potestades del Estado como ente soberano. En México, una de las situaciones recurrentes en el marco de violencia y criminalidad que ha azotado al país en los últimos tiempos —más allá de la llamada guerra contra el crimen organizado—, ha sido la denuncia relacionada con la desaparición de personas, sin pasar por alto que en no pocos casos se acusa y se responsabiliza al propio Estado por la comisión del delito de desaparición forzada de personas.

En este sentido, uno de los casos recientes más emblemáticos es el de la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues más allá de cualquier proclama o consigna política o electoral —que hoy abundan—, lo que es cierto es que el Estado mexicano no ha tenido la disposición suficiente para investigar a fondo no sólo la forma en la que esos jóvenes fueron detenidos y desaparecidos, sino también a los responsables. Junto a ello, una de las cuestiones que debiera apremiar al propio Estado —sobre todo, de cara al futuro en el que hoy todos los aspirantes presidenciales prometen justicia y bonanza—, tendría que ser la relacionada con el reconocimiento de su responsabilidad institucional en estos hechos, y con la reparación respectiva.

Ahora bien, la Corte estableció que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Tesis aislada. Registro: 2007426. Septiembre de 2014. Semanario Judicial de la Federación).

Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, dijo también que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.

ES EL ESTADO

Lo que sigue es comprender por qué si no fue el Presidente Enrique Peña Nieto quien ordenó o toleró la detención-desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que si incluso tampoco fueron otros funcionarios estatales de primer nivel como el entonces gobernador guerrerense Ángel Heladio Aguirre Rivero, de todos modos —como dice la proclama, repetida hasta el cansancio por los detractores del actual gobierno, aunque quién sabe qué digan si el 1 de julio gana su candidato— sí fue el Estado.

Sobre este punto, apuntaba Alonso Madrazo (http://bit.ly/1tygiLH) que en el debate público y en las redes sociales se dice, por algunos, que el presidente Enrique Peña Nieto es el culpable por los lamentables hechos de Ayotzinapa. En este punto particular, Madrazo se atrevía a decir con total seguridad, que esta conclusión era errónea.

“Para que Enrique Peña Nieto sea responsable individualmente por los hechos de Ayotzinapa, su conducta tendría que encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 del Estatuto de Roma que, en general, dispone que un individuo será criminalmente responsable si se acredita que fue el que cometió, ordenó, facilitó o que contribuyó en la cristalización del crimen internacional. Por lo anterior, me parece casi imposible sostener un argumento en el cual se trate de atribuir responsabilidad individual a Peña Nieto, sin perjuicio de la responsabilidad que probablemente pudieran afrontar otras autoridades involucradas directamente con los hechos que han conmocionado al país.

Ahora bien, por otro lado, si estamos en un supuesto de responsabilidad estatal, la pregunta podría ser la siguiente: ¿es atribuible al Estado mexicano la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa? O, de manera breve, ¿fue el Estado? La respuesta es un categórico sí.

De acuerdo al derecho internacional es necesario que existan dos elementos para que se considere que haya responsabilidad internacional estatal: Artículo 2: Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado. Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.

Ahora bien, en el artículo 4º se define que conducta es atribuible al estado. Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado. 1. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado. 2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.

ASUMIR RESPONSABILIDADES

Frente a todo esto, quedan algunas preguntas: ¿Independientemente de quién gane la presidencia, habrá voluntad para comenzar el proceso de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas? ¿Habrá capacidad y disposición para investigar estas graves violaciones, caiga quien caiga? En este punto tan sensible, la agenda debe abandonar su carga partidista y electoral, y situarse como uno de los puntos que más lastima y agravia a los mexicanos, y que por ese solo hecho no puede continuar con la política de apatía y menosprecio que ha seguido hasta ahora.

Operativos contra vehículos con placas foráneas: algunas coordenadas sobre el fracaso de esta medida

En el último bimestre de 2017, el gobierno estatal presentó un programa emergente de regularización para los vehículos emplacados en Oaxaca, que tenían adeudos en el pago del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos. Al iniciar el año 2018, la administración estatal puso en marcha un segundo programa a partir del cual, quienes estuvieran al corriente en el pago de los impuestos de sus vehículos de motor, recibirían un beneficio que disminuiría sensiblemente la carga fiscal sobre los mismos. Todo parecía ir bien, hasta la reciente implementación de operativos policiacos —ilegales— para hostigar a quienes circulan en la entidad, pero tienen emplacados sus vehículos en otros estados.

En efecto, durante la semana previa se denunció sistemáticamente en redes sociales, que en diversos puntos de la entidad se realizaron operativos, encabezados por la Policía Vial Estatal, para verificar la concordancia entre la procedencia geográfica de las placas de circulación de los vehículos de motor, con el origen de la licencia del conductor del vehículo. La laxitud de los operativos permitía que, en medio de esas verificaciones, prácticamente por cualquier motivo el conductor fuese sancionado con la imposición de infracciones, e incluso la retención del vehículo por la falta de portación de placas, licencia, tarjeta de circulación, entre otros.

A partir de ello, de inicio deben quedar claros algunos puntos. El primero, y más importante, es que en realidad la expedición de las placas vehiculares y tarjeta de circulación, es una facultad que de forma originaria tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que desde hace años delegó a las entidades federativas en el marco de la coordinación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Por eso, igual que como operó la tenencia vehicular hasta su desaparición como impuesto federal —que era materialmente cobrado por los estados, y el ingreso se acreditaba contra los recursos que la federación debía transferirle a la entidad federativa—, la expedición de placas quedó en manos de los estados a pesar de ser un asunto originalmente federal.

Ahora bien, si tomamos como referencia algunos intentos más o menos similares al actual, tendremos que entonces regresar al año 2011, cuando el gobierno estatal exploró por primera ocasión la posibilidad de configurar como evasión fiscal el hecho de que un automovilista tuviera licencia de manejo expedida por el Gobierno del Estado de Oaxaca, y condujera un vehículo de su propiedad matriculado en otra entidad federativa.

Trataron, en esencia, de aplicar de manera estricta y restringida el principio de que todas las personas tienen el deber de pagar los impuestos en el lugar de su residencia. Sólo que no consideraron que si bien ese principio es aplicable para los temas fiscales, el tema del emplacamiento vehicular de servicio particular está acompañado de otras reglas ya que, como se apuntó en párrafos anteriores, esa es una facultad del gobierno federal que desahoga a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sólo que, a su vez, la SCT delegó a las entidades federativas lo relacionado con el emplacamiento de todos los vehículos que no prestaran los servicios que la misma SCT se reservó como de competencia federal —los que son conocidos popularmente como “de servicio público federal”—, ya que desde finales de los 90s la tenencia era un impuesto federal que cobraban los estados, y se lo abonaban ellos mismos a cuenta de los recursos que la Federación debía transferirles. Por eso SCT entregó el emplacamiento a los estados, pero esto no lo tradujo en la pérdida de facultades, y de entrada por eso todas las placas expedidas en todas las entidades, tienen plena validez en el territorio nacional.

COBRO, IMPOSIBLE

Ahora bien, ¿por qué en 2011 el gobierno estatal —a través de la Secretaría de Finanzas y de Seguridad Pública— no pudo aplicar sanciones a quienes tenían emplacados sus vehículos en otro estado donde existen beneficios fiscales al cobro de la tenencia, pero portar una licencia de conducir expedida por la autoridad de Oaxaca?

Evidentemente lo intentaron, pero luego vieron los problemas que esto provocaría: intentar la configuración de la evasión fiscal a partir del origen del emplacamiento contra quién emitió la licencia de manejo que portaría el conductor, significaría algo así como cobrar un impuesto al tránsito interno, el cual se encuentra expresamente prohibido en la Constitución federal, además de que, para poder hacer punitivo el cobro, se enfrentarían a la necesidad de configurar correctamente la evasión fiscal a partir de argumentos tan endebles como los antes señalados, además de que las placas de circulación siguen siendo expedidas por los estados mediante acuerdos con el gobierno federal, vía la SCT.

Además de eso, tienen otro problema: el acto de molestia. En realidad, parece que quienes estos días han intentado generar una especie de terrorismo fiscal relacionado con el origen de las placas de circulación en los vehículos, no ven que todos sus operativos son en esencia ilegales. No tendrían forma de acreditar válidamente la forma en que ejecutaron un acto de molestia en contra de particulares, ya que no existiría ninguno de los elementos válidos para ello.

No podrían acreditarlo, a partir de que en la gran mayoría de los casos no existiría un acto previo del particular que diera pie al acto de molestia por parte de la autoridad. En un retén, por ejemplo, no se necesita ir infringiendo ninguna norma ni reglamento vial para ser de todos modos detenido y molestado por la autoridad. En el caso de los operativos para detectar conductores ebrios, las autoridades judiciales han determinado que el acto de molestia es válido ya que éste resulta ponderadamente superior frente a los riesgos que implica el hecho de que existan conductores peligrosos, por ebrios, frente al volante. Sin embargo, eso no sería ni cercanamente similar si lo que intentaran acreditar es que el acto de molestia ocurrió para una verificación administrativa o fiscal.

Lamentablemente, como la autoridad sí sabe que tendría todos esos trastabilleos jurídicos si decidiera llevar frontalmente a juicio la portación de placas de otras entidades federativas, lo que hace es utilizar rutas alternas: detiene a los conductores, los amedrenta con el origen de las placas y la licencia de conducir, y luego aprovecha para verificar que los documentos estén “en regla” para tratar de aplicar cualquier cantidad de infracciones.

CULPABLE O NO…

Al final, lo logran porque hay muchos conductores indolentes que transitan con sus vehículos sin placas, sin tarjeta de circulación o, lo que es más común, sin la licencia de conductor que, no sin alegar, les permitiría brincar el cerco policiaco puesto para espantar a los parroquianos e incrementar la expedición de infracciones y vehículos remolcados a los corralones. Para esos efectos, “la licencia de Dios”, con la que muchos conducen su vehículo, no es salvedad para ser infraccionados.

Ante la amenaza de las fakenews, ¿tendremos que migrar a la era de la información verificada?

Estos son los tiempos en los que abundan las llamadas ‘noticias falsas’. Esa información está esencialmente basada en una apariencia, y lo que busca es influir en el ánimo de las personas para que asuman cierta postura o tomen alguna decisión, independientemente de la veracidad o mentira de lo que se difunda. Por esa razón, pareciera que estamos viendo el arranque formal de una nueva era, en la que ya no es suficiente quedarse con la información publicada, sino que todo tendrá que resumirse en la verificación de la información a manos de terceros. La desconfianza, en un extremo, y la manipulación en el otro —ambas como expresiones simultáneas de la posverdad—, reflejadas en su máxima expresión.

En efecto, hoy es un fenómeno mundial el de las noticias falsas. En los Estados Unidos, casi todos los días su presidente acusa a algún medio de información de propagar noticias falsas, aunque en realidad ha habido pruebas fehacientes de que él mismo —Donald Trump— es quien recurrentemente recurre a la información falsa para tratar de reforzar alguna de sus posiciones, o de sus locuras. De acuerdo con el sitio web verificado.mx, en Estados Unidos, durante el proceso electoral que llevó a Trump a la presidencia, más de 10 millones de electores potenciales tuvieron acceso a noticias falsas difundidas en redes sociales.

Hoy sabemos, apunta la iniciativa Verificado 2018 en su texto de presentación, que sí hubo “intervención rusa” en esa elección, precisamente sembrando noticias falsas. Y que los propios equipos de campaña de los partidos Demócrata y Republicano las usaron como estrategia electoral para quitarle votos a sus adversarios. No solo eso. También hay falsos periodistas que crean sitios dedicados a propalar noticias falsas básicamente para ganar dinero y que, aun cuando no sea esa su intención central, influyen en electores dispuestos a creer casi cualquier cosa. A esto se suman las estrategias de bots en Twitter, que impulsan hashtags a favor de uno u otro candidato. O la difusión de memes con imágenes descontextualizadas.

Verificado 2018 reconoce que más de un medio de comunicación ha caído en la difusión de noticias falsas por la premura que imprimen los tiempos digitales o se ha hecho eco de encuestas falsamente firmadas por una empresa conocida. En México, señala, todavía no es un fenómeno masivo. Y la injerencia rusa es —por el momento— solo una posibilidad, no un hecho. Pero aun así, la mayoría ya hemos leído que la esposa de Andrés Manuel López Obrador “es venezolana”, lo que es falso. O conocemos una versión editada de algún video de Ricardo Anaya hablando en inglés, en el que supuestamente respalda el muro de Trump.

El propio López Obrador ha criticado a medios de comunicación por no denunciar a su adversario del PRI, pero ha usado como ejemplo un video editado, en el que “se le hace decir” a José Antonio Meade lo contrario de lo que en realidad dijo.

Las noticias falsas, imprecisas o malintencionadas y las campañas de desinformación serán vida cotidiana en esta elección, la más grande en la historia de México, en la que se disputan más de 3,400 cargos de elección popular y podrán votar casi 88 millones de personas. No solo está en juego la Presidencia de la República, sino también todo el Congreso y nueve gobiernos estatales. La iniciativa Verificado 2018 tiene como objeto ‘cazar’ noticias falsas para tratar de aclararlas.

Hasta ahora, la experiencia ha sido agridulce, ya que se acusa que en realidad ha sido un sitio que le ha dado preferencia a la información relacionada con López Obrador, desdeñando la verificación de los datos falsos que se difunden sobre otros candidatos presidenciales, particularmente José Antonio Meade del PRI.

TIEMPOS DE VERIFICACIÓN

“Todo es reputación”, dice Gloria Origgi en un interesante texto (https://bit.ly/2IsdXVI) publicado en la edición electrónica de la revista Letras Libres. Hay, señala, una paradoja infravalorada del conocimiento que desempeña un papel fundamental en nuestras democracias avanzadas e hiperconectadas: cuanto mayor es la cantidad de información que circula, más confiamos en lo que llamamos aparatos reputacionales para evaluar esa información. La paradoja reside en que la enorme disponibilidad y acceso a información y conocimiento que tenemos hoy no nos ha empoderado o hecho cognitivamente más autónomos. Más bien, nos ha hecho más dependientes de los juicios y evaluaciones que hacen otros de la información a la que nos enfrentamos.

Experimentamos un cambio paradigmático fundamental en nuestra relación con el conocimiento. Estamos pasando de la “era de la información” a la “era de la reputación”, donde la información tendrá valor solo si está ya filtrada, evaluada y comentada por otros. Hoy día, la reputación se ha convertido en el pilar fundamental de la inteligencia colectiva. Es la guardiana del conocimiento, y las llaves para abrir esa puerta las tienen otros. La manera en que la autoridad del conocimiento se construye en la actualidad nos hace dependientes de las opiniones inevitablemente subjetivas de otras personas, que generalmente no conocemos.

El cambio de paradigma desde la era de la información a la era de la reputación se debe tener en cuenta cuando intentamos defendernos de las fake news y otros tipos de técnicas de desinformación que están proliferando en nuestras sociedades contemporáneas. Un ciudadano adulto de la era digital no debería ser competente en señalar y confirmar la veracidad de las noticias, sino que debería saber reconstruir el camino reputacional del fragmento de información en cuestión, evaluando las intenciones de quienes lo hicieron circular, e imaginándose los objetivos de las autoridades que le prestan credibilidad.

Cuando estamos a punto de aceptar o rechazar nueva información, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿De dónde viene? ¿Tiene buena reputación la fuente? ¿Quiénes son las autoridades que le dan validez? ¿Qué razones tengo para no estar de acuerdo con estas autoridades? Este tipo de preguntas nos ayudarán a entender la realidad de mejor manera que buscar directamente la fiabilidad de la información en cuestión.

En un sistema hiperespecializado de producción de conocimiento no tiene sentido intentar investigar por nuestra cuenta, por ejemplo, la posible correlación entre las vacunas y el autismo. Sería una pérdida de tiempo, y probablemente nuestras conclusiones no serían rigurosas. En la era de la reputación, nuestras valoraciones críticas deberían dirigirse, no hacia el contenido de la información, sino más bien hacia la red social de relaciones que ha dado forma al contenido y le ha dado un cierto “rango” merecido o inmerecido en nuestro sistema de conocimiento.

FAKE NEWS

Todo está tan al alcance de un clic en los botones “like” y “share” (me gusta, y compartir) en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Hemos asumido la importancia que ese aparente acto inocente tiene, cuando no podemos saber el origen de cierta información?