Estado, c贸mplice t谩cito de los ediles corruptos

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Las normas, intrincadas; instituciones d茅biles

Aunque la Auditor铆a Superior del Estado (ASE) dice que el n煤mero de auditor铆as y recursos revisados a los Ayuntamientos oaxaque帽os constituyen una cifra sin precedentes, en realidad la sociedad oaxaque帽a debiera estar preocupada. No se trata s贸lo de los ediles corruptos que para impedir la revisi贸n de sus actos, esconden, sustraen y destruyen los archivos municipales, sino sobre todo de que la ciudadan铆a exige honestidad y castigo a la corrupci贸n pero a cambio de ello el Estado le ofrece normas inoperantes e instituciones incapaces de cumplir con esa misi贸n. Ese es el caso oaxaque帽o.
En efecto, en su portada de ayer lunes TIEMPO daba cuenta de dos notas relacionadas con este tema. En la primera de ellas, la principal, informaba que la ASE detect贸 que al revisar el ejercicio 2013 de los municipios de la entidad, un total de 232 ex presidentes municipales robaron documentos comprobatorios y contables por m谩s de 4 mil millones de pesos para evadir la rendici贸n de cuentas sobre su ejercicio.
En la otra, daba cuenta que al ex edil de la capital, Luis Ugartechea, la propia Auditor铆a le observar铆a un monto de hasta 300 millones de pesos por irregularidades cometidas s贸lo en el ejercicio 2013. Aunque es una buena noticia que la ASE est茅 intentando castigar a las ex autoridades corruptas, no lo es tanto que intente hacerlo en condiciones tan estructuralmente adversas. Los oaxaque帽os debi茅ramos exigir cambios de fondo en algunas cuestiones, que saltan a la vista, y que vale la pena revisar.
Primero, al informar sobre el programa anual de auditor铆as del ejercicio 2013, la ASE afirm贸 que logr贸 realizar 105 auditor铆as a igual n煤mero de municipios, los cuales en conjunto ejercieron alrededor de 5 mil millones de pesos de un total de 13 mil 287.9 millones de pesos, que recibieron los municipios del Estado y la Federaci贸n para su funcionamiento. En t茅rminos de cobertura, dice la ASE, la fiscalizaci贸n correspondiente a este informe abarc贸 el 38 por ciento de los recursos y el 18 por ciento en cuanto al n煤mero de municipios.
Seg煤n la ASE, esto significa un hecho 鈥渟in precedentes en la historia de Oaxaca鈥濃 que en realidad no debiera tenernos tan contentos. 驴Por qu茅? Porque s贸lo basta ver las cifras antes citadas en una perspectiva distinta: si en la entidad hay m谩s de 630 entes 鈥攅ntre dependencias del gobierno estatal, municipios, paraestatales y organismos aut贸nomos鈥 que reciben recursos p煤blicos para su funcionamiento, entonces tendr铆a que ser deber del 贸rgano fiscalizador, auditar todos los a帽os el funcionamiento de cada uno de esos entes.
Eso es lo que marca la l贸gica. 驴Por qu茅 no ocurre? Porque en los hechos, el Estado oaxaque帽o 鈥攍os Tres Poderes鈥 no ha tenido la disposici贸n suficiente de dotar a la Auditor铆a Superior de los recursos econ贸micos necesarios para cumplir con ese cometido. Por esa raz贸n, la ASE debe circunscribirse a hacer una especie de sorteo o insaculaci贸n de los entes a los que va a auditar, y a establecer 鈥渞eglas鈥 a partir de las cuales lleva a cabo revisiones o a los entes que tienen un gasto p煤blico anual superior a cierto par谩metro, o a los que enfrentan reiteradas denuncias sobre corrupci贸n, o los que realizaron obras o acciones que requieren una especial atenci贸n.
Sin embargo, al final lo 煤nico que queda claro es que a la ASE no le alcanzan sus recursos 鈥攜 los periodos marcados por la ley鈥 para poder auditar a todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales que manejan recursos p煤blicos, y que s铆 debieran estar sometidas a un proceso permanente de revisi贸n de su actividad y el manejo de su presupuesto.
Incluso, teniendo como marco de referencia lo dicho en l铆neas anteriores, resulta una p茅sima noticia que en una entidad en la que se transfieren 13 mil millones de pesos a los municipios s贸lo se hayan podido revisar alrededor de 5 mil. Esto es apenas alrededor de dos quintas partes del presupuesto total ejercido, lo que implica que en los 8 mil millones de pesos que se quedaron sin revisar pudo tambi茅n haber ocurrido todo tipo de quebrantos que fueron t谩citamente aceptados y 鈥減erdonados鈥 por la ley y las instituciones. Esto debiera tenernos verdaderamente indignados.

LIMITANTES DE LA LEY
Podr铆a ser tomado como una buena noticia que el a帽o pasado se realizaron 110 auditor铆as. El problema es que los otros 520 entes auditables en el Estado se quedaron fuera de toda revisi贸n, y no s贸lo eso: como dos de los principios que rige a la fiscalizaci贸n superior son los de anualidad y posterioridad, ello significa que lo que no se revis贸 en 2014 del ejercicio anterior, ya no podr谩 ser revisado.
Esta es una especie de 鈥渂endici贸n鈥  de impunidad para todos los que cometen actos de corrupci贸n, y tienen el beneficio de no haber sido alcanzado por las revisiones de la Auditor铆a. E incluso, quienes s铆 son revisados y se les encuentran irregularidades, todav铆a tienen la posibilidad de solventar la aplicaci贸n o ejercicio de recursos que fue irregular, y una vez que esto queda saldado todav铆a tienen varias oportunidades para defenderse antes de que se les llegue a determinar una responsabilidad firme.
No es raro escuchar a personas que dicen que de todos modos la fiscalizaci贸n es un gasto oneroso que no lleva a nada, porque sostienen que menos del cinco por ciento de las ex autoridades puede ser procesada a partir de los actos de corrupci贸n o desv铆os que se les comprueban. Incluso sostienen que a pesar de todo pueden dormir tranquilos. 驴Por qu茅 pasa eso?
La respuesta est谩 en que la ASE s贸lo puede determinar el quebranto e imponer sanciones administrativas y econ贸micas; pero para que un acto de corrupci贸n pueda ser castigado con penas corporales (prisi贸n), las revisiones de la ASE deben ser sometidas a la consideraci贸n del Ministerio P煤blico, que es quien debe integrar los datos en una averiguaci贸n previa. Este es otro problema porque no siempre los Agentes del Ministerio P煤blico tienen el grado de especializaci贸n suficiente como para consignar su averiguaci贸n ante un juez, y que 茅ste libre las 贸rdenes de aprehensi贸n para sujetar a las ex autoridades a un proceso penal.

驴L脥O SIN REMEDIO?
Hay quien, demag贸gicamente, dice que la soluci贸n a esto es darle m谩s facultades a la ASE. En realidad, lo que debiera haber es voluntad por parte de los Poderes del Estado para dotar al 贸rgano fiscalizador de fuerza institucional y capacidad presupuestal para cumplir con sus funciones. No lo hace, porque no quiere un ente fiscalizador robusto. Y eso lo termina haciendo c贸mplice de los corruptos.

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