Estado, cómplice tácito de los ediles corruptos

Las normas, intrincadas; instituciones débiles

Aunque la Auditoría Superior del Estado (ASE) dice que el número de auditorías y recursos revisados a los Ayuntamientos oaxaqueños constituyen una cifra sin precedentes, en realidad la sociedad oaxaqueña debiera estar preocupada. No se trata sólo de los ediles corruptos que para impedir la revisión de sus actos, esconden, sustraen y destruyen los archivos municipales, sino sobre todo de que la ciudadanía exige honestidad y castigo a la corrupción pero a cambio de ello el Estado le ofrece normas inoperantes e instituciones incapaces de cumplir con esa misión. Ese es el caso oaxaqueño.
En efecto, en su portada de ayer lunes TIEMPO daba cuenta de dos notas relacionadas con este tema. En la primera de ellas, la principal, informaba que la ASE detectó que al revisar el ejercicio 2013 de los municipios de la entidad, un total de 232 ex presidentes municipales robaron documentos comprobatorios y contables por más de 4 mil millones de pesos para evadir la rendición de cuentas sobre su ejercicio.
En la otra, daba cuenta que al ex edil de la capital, Luis Ugartechea, la propia Auditoría le observaría un monto de hasta 300 millones de pesos por irregularidades cometidas sólo en el ejercicio 2013. Aunque es una buena noticia que la ASE esté intentando castigar a las ex autoridades corruptas, no lo es tanto que intente hacerlo en condiciones tan estructuralmente adversas. Los oaxaqueños debiéramos exigir cambios de fondo en algunas cuestiones, que saltan a la vista, y que vale la pena revisar.
Primero, al informar sobre el programa anual de auditorías del ejercicio 2013, la ASE afirmó que logró realizar 105 auditorías a igual número de municipios, los cuales en conjunto ejercieron alrededor de 5 mil millones de pesos de un total de 13 mil 287.9 millones de pesos, que recibieron los municipios del Estado y la Federación para su funcionamiento. En términos de cobertura, dice la ASE, la fiscalización correspondiente a este informe abarcó el 38 por ciento de los recursos y el 18 por ciento en cuanto al número de municipios.
Según la ASE, esto significa un hecho “sin precedentes en la historia de Oaxaca”… que en realidad no debiera tenernos tan contentos. ¿Por qué? Porque sólo basta ver las cifras antes citadas en una perspectiva distinta: si en la entidad hay más de 630 entes —entre dependencias del gobierno estatal, municipios, paraestatales y organismos autónomos— que reciben recursos públicos para su funcionamiento, entonces tendría que ser deber del órgano fiscalizador, auditar todos los años el funcionamiento de cada uno de esos entes.
Eso es lo que marca la lógica. ¿Por qué no ocurre? Porque en los hechos, el Estado oaxaqueño —los Tres Poderes— no ha tenido la disposición suficiente de dotar a la Auditoría Superior de los recursos económicos necesarios para cumplir con ese cometido. Por esa razón, la ASE debe circunscribirse a hacer una especie de sorteo o insaculación de los entes a los que va a auditar, y a establecer “reglas” a partir de las cuales lleva a cabo revisiones o a los entes que tienen un gasto público anual superior a cierto parámetro, o a los que enfrentan reiteradas denuncias sobre corrupción, o los que realizaron obras o acciones que requieren una especial atención.
Sin embargo, al final lo único que queda claro es que a la ASE no le alcanzan sus recursos —y los periodos marcados por la ley— para poder auditar a todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales que manejan recursos públicos, y que sí debieran estar sometidas a un proceso permanente de revisión de su actividad y el manejo de su presupuesto.
Incluso, teniendo como marco de referencia lo dicho en líneas anteriores, resulta una pésima noticia que en una entidad en la que se transfieren 13 mil millones de pesos a los municipios sólo se hayan podido revisar alrededor de 5 mil. Esto es apenas alrededor de dos quintas partes del presupuesto total ejercido, lo que implica que en los 8 mil millones de pesos que se quedaron sin revisar pudo también haber ocurrido todo tipo de quebrantos que fueron tácitamente aceptados y “perdonados” por la ley y las instituciones. Esto debiera tenernos verdaderamente indignados.

LIMITANTES DE LA LEY
Podría ser tomado como una buena noticia que el año pasado se realizaron 110 auditorías. El problema es que los otros 520 entes auditables en el Estado se quedaron fuera de toda revisión, y no sólo eso: como dos de los principios que rige a la fiscalización superior son los de anualidad y posterioridad, ello significa que lo que no se revisó en 2014 del ejercicio anterior, ya no podrá ser revisado.
Esta es una especie de “bendición”  de impunidad para todos los que cometen actos de corrupción, y tienen el beneficio de no haber sido alcanzado por las revisiones de la Auditoría. E incluso, quienes sí son revisados y se les encuentran irregularidades, todavía tienen la posibilidad de solventar la aplicación o ejercicio de recursos que fue irregular, y una vez que esto queda saldado todavía tienen varias oportunidades para defenderse antes de que se les llegue a determinar una responsabilidad firme.
No es raro escuchar a personas que dicen que de todos modos la fiscalización es un gasto oneroso que no lleva a nada, porque sostienen que menos del cinco por ciento de las ex autoridades puede ser procesada a partir de los actos de corrupción o desvíos que se les comprueban. Incluso sostienen que a pesar de todo pueden dormir tranquilos. ¿Por qué pasa eso?
La respuesta está en que la ASE sólo puede determinar el quebranto e imponer sanciones administrativas y económicas; pero para que un acto de corrupción pueda ser castigado con penas corporales (prisión), las revisiones de la ASE deben ser sometidas a la consideración del Ministerio Público, que es quien debe integrar los datos en una averiguación previa. Este es otro problema porque no siempre los Agentes del Ministerio Público tienen el grado de especialización suficiente como para consignar su averiguación ante un juez, y que éste libre las órdenes de aprehensión para sujetar a las ex autoridades a un proceso penal.

¿LÍO SIN REMEDIO?
Hay quien, demagógicamente, dice que la solución a esto es darle más facultades a la ASE. En realidad, lo que debiera haber es voluntad por parte de los Poderes del Estado para dotar al órgano fiscalizador de fuerza institucional y capacidad presupuestal para cumplir con sus funciones. No lo hace, porque no quiere un ente fiscalizador robusto. Y eso lo termina haciendo cómplice de los corruptos.