+ PGJE, PGR y Policía Estatal callan ante ilegalidad
La comparecencia ante el Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, revivió varias de las cuestiones que siguen pendientes de ser respondidas, y que el olvido parece que está a punto de perdonar. Los diputados le cuestionaron su insensibilidad e incapacidad para enfrentar los problemas que tiene la dependencia que encabeza, y los problemas que provocó con los policías. Pero a Esteva nadie le preguntó qué pasó con las órdenes de aprehensión que tenía pendientes, y tampoco cómo logró conseguir una nueva carta de antecedentes penales distinta a la que inicialmente se le había extendido.
En efecto, ni los coyunturales ni los de fondo son temas menores. Ayer durante su comparecencia ante la LXII Legislatura, Esteva fue duramente increpado por los diputados locales, quienes abiertamente lo invitaron a que renunciara a su cargo. Lejos de cualquier defensa, todos le reprocharon su incapacidad para enfrentar, manejar y resolver las diferencias que tiene con un grupo importante de elementos de la Policía Estatal, y para asumir el mando policiaco que se supone que debiera tener, y que por razón de esos mismos conflictos hoy se encuentra depositada de facto en la Secretaría General de Gobierno.
Por si eso no fuera suficiente, al recinto legislativo entraron a protestar elementos de la Policía Estatal que aseguraron no haber recibido aún ninguno de los beneficios pactados desde septiembre pasado con la SSP para levantar su plantón. Los elementos, que forcejearon con la seguridad del Congreso, hicieron su manifestación y luego continuaron viendo la comparecencia como si nada ocurriera.
Este hecho es llamativo porque resulta que hoy los elementos estatales que fueron a protestar, son los mismos que consiguieron que Esteva no pudiera ingresar, desde aquel entonces, al Cuartel General de la Policía Estatal, al que hoy sólo puede acceder el Comisionado. En ese contexto, que los elementos le fueran a protestar al propio Congreso es una muestra de la falta de control y capacidad política que tiene Esteva para manejar una situación como esa.
Todo esto provocó lo que bien podría calificarse como una “tormenta perfecta”. Esteva no pudo defender las cifras sobre la inseguridad, y lo más acertado que alcanzó a decir es que hay otras entidades que enfrentan problemas de delincuencia mayores a los de nuestro estado. Poco o nada pudo decir frente a los señalamientos por el crecimiento de las cifras de secuestro, homicidios dolosos, extorsiones y varios otros de los que diariamente se duele la ciudadanía oaxaqueña, y de la que los diputados fueron portavoces.
Por eso, si en la coyuntura Esteva salió pésimamente librado —a estas alturas es impresentable, y sólo se sostiene en el cargo por una decisión política de mantenerlo ahí— nadie se acordó de preguntarle qué ocurrió con uno de los temas cruciales relacionados con su arribo a la SSP, y que tiene que ver con su famosa carta de antecedentes penales, que luego simplemente le corrigieron como si fuera una simple carta de presentación.
EL MISTERIO DE LA CARTA
Con fecha 27 de diciembre de 2013, la propia SSP, a través de la Dirección Jurídica y mediante oficio número SSP/PE/DJ/23860/2013, hizo saber que Esteva tenía una carta de antecedentes penales. Ese fue el documento que conocieron inicialmente los diputados locales, justo el día en que Esteva había acudido al Congreso —ya con el nombramiento del Gobernador en la mano— para cumplir con el requisito constitucional de la ratificación en su cargo.
“Se encontró —decía ese primer documento, cuya copia aún hoy puede ser fácilmente consultada y ubicada en internet—: Orden de aprehensión emitida el 6 de mayo de 2003 en el proceso 151, por violación a la ley de Amparo y orden de Aprehensión en el proceso 29 del Juzgado 7º Penal del Reclusorio Norte, con estatus vigentes a ejecutar por la Procuraduría General de la República”, se leía en el oficio, firmado por el comisionado Roberto César Alfaro Cruz.
La supuesta filtración de ese documento, fue la razón para que el Gobernador cesara a Alfaro Cruz. El Comisionado de la Policía Estatal fue sustituido —al día siguiente de la difusión de los antecedentes penales de Esteva— por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; y hace poco más de un año, el lunes 30 de diciembre de 2013, Esteva fue ratificado por el Congreso de Oaxaca, al presentar una nueva carta de no antecedentes penales, firmada por el nuevo funcionario y sin los hechos delictivos mencionados en el oficio.
Hoy, frente a todo eso, no están de más algunas preguntas: ¿Qué pasó con las órdenes de aprehensión que se supone que estaban pendientes de cumplimentar?; si Esteva es un hombre apegado a la ley, ¿cómo consiguió que Plataforma México, y los demás archivos que se consultan para conocer si una persona tiene o no antecedentes penales, pudieran modificar sus datos de forma tan rápida?; si no fue así, ¿entonces le expidieron un documento con datos falsos sólo para salvarlo de la situación y asegurarle su arribo al cargo?
Los diputados, y la sociedad, debían hoy estar preocupados por conocer cuál fue la historia real detrás de la eficientísima corrección de datos que logró Alberto Esteva Salinas, y si en ello hubo apego a la ley o se cometieron delitos. De esto debía dar cuenta la PGR, la PGJE, y el mismo Comisionado Víctor Alonso, que hoy podría estar encubriendo ese conjunto de hechos, por un erróneo sentido de la institucionalidad hacia su cargo y hacia sus superiores jerárquicos. Sobre todo esto no ha habido una sola referencia. Pero debiera ser uno de los temas cruciales sobre el cuestionado titular de la SSP en Oaxaca.
LAS FOTOMULTAS
El programa de las llamadas fotomultas impulsado por el Ayuntamiento citadino, no parece un proyecto ideado para utilidad de las finanzas públicas —estatales y municipales— en Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí, por razón del elevado costo de la tenencia, circulan más vehículos con placas foráneas, que locales. Si la fotomulta sólo podrá aplicar para las placas de Oaxaca —porque la multa se enviará por correo al domicilio registrado al momento de la expedición de la lámina—, entonces el programa no parece tan atractivo como forma de recaudación y control del tránsito, y más bien es una invitación abierta a que haya más (aún más) fuga de contribuyentes de las arcas estatales, hacia los atractivos subsidios y las placas de otras entidades, a las que no les podrían aplicar las sanciones de la fotomulta.
