El Caso Iguala no debe quedar en el ámbito penal

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+ El Estado ahora debe reconocer su responsabilidad

El martes el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa para anunciar el cierre de la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Dijo que el expediente judicial sigue abierto y que éste se completará cuando se aprehenda a los demás participantes que aún no han sido ubicados y presentados ante las autoridades competentes. Esta, que pareciera la conclusión del asunto, en el fondo encierra una evasiva más del Estado mexicano frente a su deber de asumir su responsabilidad y buscar el mecanismo de reparación a las víctimas de este hecho.
En efecto, el Titular de la PGR dijo que existe certeza del móvil de los hechos en los que los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos, y que también la PGR tiene un panorama claro de quiénes participaron, y qué grado de responsabilidad penal tiene cada uno. Anunció que luego de cuatro meses de los hechos se detuvo a más de 90 personas y que se han realizado centenares de peritajes para robustecer la investigación.
El Procurador sostiene —y tiene razón— cuando dice que todos los responsables serán castigados con cárcel. Pero nada dice Murillo Karam de la responsabilidad del Estado, que aunque no nace de lo que los detractores del Presidente quisieran, sí existe en el caso de referencia, y es uno de los temas que necesita ser enfrentado por el propio Estado mexicano para demostrar que tiene voluntad de hacer justicia. ¿De qué hablamos?
De que el Procurador está hoy en día tratando de satisfacer la idea de justicia de una gran cantidad de mexicanos, que asume que todo delito se paga con cárcel, y que por ende todos los responsables por el caso de los normalistas de Ayotzinapa deben pagar por la vía de ser privados de su libertad. Esta idea es correcta, aunque incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que esto debe ocurrir con cualquier persona cuando actúa como particular, pero no únicamente cuando actúa en calidad de servidor público, y menos cuando comete un delito que incluso es calificado como de lesa humanidad.
Y es que resulta que si José Luis Abarca, su esposa, y todos los involucrados en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubieran sido simples ciudadanos —incluso capos de la droga, líderes e integrantes de una banda de la delincuencia organizada, o gente que simplemente perdió la razón y tiene tendencias psicópatas— entonces sí se tendría que estar hablando eminentemente de una responsabilidad penal que la autoridad debía castigar con cárcel.
El problema es que en este caso participaron —cuando menos— un Presidente Municipal, y elementos de dos corporaciones de seguridad pública municipal (José Luis Abarca y las Policías Municipales de Iguala y Cocula, respectivamente) en un conjunto de hechos que sobrepasan por mucho la sola comisión de delitos, y que se inscriben en la comisión de delitos que lastiman a toda la humanidad. Por si eso fuera poco, su calidad de servidores públicos los coloca en una situación distinta, mucho más delicada y trascendente que la de un simple particular, y esto genera una responsabilidad de la cual ni ellos, ni el Estado mexicano, hoy podría sustraerse.

RESPONSABILIDAD
DE ESTADO, IGNORADA
En nuestro país, cuando en 2011 fue reformada la Constitución de la República en materia de derechos humanos, se estableció que uno de los deberes del Estado era el de promover, garantizar y reparar las violaciones a derechos fundamentales. Eso significa que no únicamente el Estado debe ser una especie de “policía” respecto a todos los que quebranten los derechos de las personas, sino que también tiene el deber de intervenir activamente en la reparación de esos quebrantos.
Eso es lo que debiera ocurrir, a partir de un reconocimiento de la responsabilidad de Estado por los hechos de Iguala. En otros momentos, en este mismo espacio hemos apuntado razones sobradas para considerar —en un plano teórico y jurídico, y al margen de los partidismos y las banderas políticas que abundan en contra del Presidente y su partido—, por qué sí existe una responsabilidad de Estado en estos hechos, y por qué en ello es determinante el que José Luis Abarca y las dos corporaciones policiacas municipales involucradas hayan tenido la calidad de servidores públicos en el momento en que ocurrieron los hechos, y hayan actuado valiéndose de esa autoridad para ordenar y ejecutar las desapariciones forzadas de los estudiantes.
Ese argumento, evidentemente, dista mucho de la intención de quienes acusan “fue el Estado”, pero lo hacen intentando generar la idea de que fue el Estado porque Peña Nieto habría ordenado las desapariciones, o porque éstas habrían ocurrido en el contexto de una acción coordinada de represión ordenada desde el gobierno de la República. Fue el Estado, sí, pero porque Abarca y los policías municipales de Cocula e Iguala eran agentes del Estado en el momento de que participaron —idearon, ordenaron, colaboraron, ejecutaron o permitieron los hechos— en las desapariciones y ello abre la puerta a la responsabilidad de Estado que el gobierno del presidente Peña Nieto se niega a reconocer.
¿Por qué se resiste a reconocerlo? Quizá porque considere que no es el momento aún de reconocerlo. Pero más seguramente, no lo hace porque en el fondo también se debe encerrar la idea en el gobierno federal de que el reconocimiento de la responsabilidad de Estado implicaría algo así como aceptar que ellos ordenaron o participaron en las desapariciones, cuando en realidad una cuestión y otra son totalmente distintas.
Al final, el Estado tendrá que reparar a las víctimas de estos hechos en algún momento. No será raro que una vez agotadas las instancias nacionales, los padres de los desaparecidos acudan a tribunales internacionales para exigir la parte de la justicia que aquí no se les dio. Esa parte de la justicia es la que debiera corresponder a la reparación por parte del Estado, tal y como la Corte Interamericana en su momento ya condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y otros casos en donde ha quedado demostrada la responsabilidad internacional del Estado por hechos similares a los de Iguala el 26 de septiembre pasado.

MEZQUINDAD
En medio de esto hay un enorme velo de mezquindad, de quienes insisten en los desaparecidos para abonar a sus causas políticas. Es terrible que un asunto tan abominable sirva para fines tan frívolos como los de un resultado electoral.

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