Fotomultas canceladas: este es otro triunfo de una minoría

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Ciudadanía, ignorada; y el gobierno estatal se desentiende

Más allá de las grillas y las intrigas entre los grupos priistas, preocupa la cancelación del programa de las llamadas “fotomultas” del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, porque esto es un indicador de que las acciones de gobierno están sujetas a la manipulación y los líos entre grupos políticos, y que ni el gobierno estatal ni el federal tienen interés en garantizar no las fotomultas, sino el Estado de Derecho en la entidad.
En efecto, este fin de semana el apoderado legal de la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales S.A. de C.V., Felipe Prado Trejo dijo que no pondrá en riesgo la integridad de sus trabajadores, por lo que anunció su retiro de la entidad, al considerar que no existen las condiciones para aplicar este programa.
Entre las razones para justificar su retiro, denunció la existencia de una campaña en contra de la empresa así como amenazas de quemar las instalaciones y equipos, e incluso la extorsión de una persona (no ofreció nombres) que haciéndose pasar por periodista le exigió una cantidad de dinero para permitirles continuar operando. Incluso dijo que intentaron modificar diversos documentos, y que al incendiar sus oficinas, los delincuentes sustrajeron una serie de carpetas con información de la empresa. “Nos retiramos porque no existen condiciones”, remató.
Este retiro de la empresa operadora de los fotorradares, ocurre, por un lado, en medio de una guerra declarada al interior del PRI entre el grupo que respalda al edil Javier Villacaña Jiménez, y quienes quisieran no verlo avanzando en su gestión y como un posible aspirante a la candidatura a Gobernador en 2016; y por el otro, esto se da en un contexto muy descompuesto, en el que la Sección 22 ha demostrado que tiene el poder de la gobernabilidad en sus manos, y que ni el Gobierno del Estado, ni el federal, tienen capacidad o interés en generar los equilibrios para garantizar el orden público.
Y es que es claro que las llamadas fotomultas pueden ser polémicas y hasta molestas, pero es también evidente que el retiro de la empresa no se da en el contexto de un abierto rechazo ciudadano, sino de la operación sigilosa de grupos particularmente interesados en que esta medida no se aplique. Tan es así, que por eso en los días previos hubo una polémica intensa porque algunos medios dieron a conocer supuestas actas notariales que involucraban a la empresa operadora de los fotorradares con el fiscalista prófugo Sergio Castro, y a su vez trataban de evidenciar los lazos de éste con el tesorero municipal, Carlos Melgoza Martín del Campo, como si las fotomultas fueran un negocio de ambos.
Al ejecutar esas maniobras, los detractores del gobierno de Villacaña se dedicaron a jugar con medias verdades. ¿De qué hablamos? De que intentaron probar, a través de actas notariales manipuladas, el vínculo de Sergio Castro con la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales; y de que se valieron del hecho de que Melgoza sí tiene, o ha tenido, relaciones empresariales con las operaciones que realiza Castro López.
Y en un círculo social tan pequeño y conocido como el oaxaqueño, desde siempre se ha sabido que Melgoza y Castro tienen como actividad el negocio conocido popularmente como outsourcing. Sin embargo, eso no significa que sean, o hayan sido socios, o que esa posible relación la hayan llevado necesariamente a la operación de los fotorradares. Más bien, los adversarios de Villacaña utilizaron ese antecedente para desacreditar dicho programa. El problema para ellos, es que el propio Edil no tuvo empacho en mostrar las actas notariales correctas, y en reiterar que esto era un acto de hostigamiento en el que las fotomultas eran el pretexto y no la finalidad de las descalificaciones.
Sin embargo, eso no calmó a la empresa operadora, que el sábado anunció el retiro de su inversión. ¿Las razones? Falta de garantías de seguridad, extorsiones, amenazas, intrigas y falsificación de documentos. Ello, evidentemente, no marca —o no debería, en razón de que hay todo un proceso jurídico de contratación, que obliga a las partes a ciertos deberes aún en el caso de un incumplimiento— el fin de la relación entre el Ayuntamiento y la empresa.
Y sobre esto también deben una explicación los gobiernos estatal y federal, que también participan —aunque son omisos— de las facultades de brindar seguridad, orden y gobernabilidad, que son indispensables no para la operación de este programa, sino para la convivencia y la tranquilidad de los oaxaqueños.

¿Y EL ESTADO DÓNDE QUEDÓ?
El destino de las fotomultas no se decidió por la ciudadanía, sino por unos cuántos. Esto es muy importante no perderlo de vista, pues pareciera que una vez más en Oaxaca triunfan las minorías organizadas. ¿Quiénes? Las que, por un lado, traen una pugna permanente, política, con el grupo que encabeza el edil Villacaña por el futuro electoral de la capital, y la entidad; y por el otro, los grupos organizados que han demostrado ser profesionales en poner en jaque al gobierno, y en arrebatarle la gobernabilidad, como si ésta fuera patrimonio de alguien y no un tema de interés público.
¿Por qué nadie en el Gobierno del Estado ha asumido la parte de la responsabilidad que corresponde, si frente a la cancelación —o al menos postergación, hasta que el Ayuntamiento encuentre otra empresa dispuesta a invertir y a sortear los problemas que enfrentó la compañía que repudió la operación de las fotomultas— de una medida relacionada con la seguridad pública, se denuncian amenazas, hostigamiento, intentos de extorsión y demás, y todos en el gobierno estatal lo toman como si no fuera su problema, o como si esto fuera algo natural y propio de la entidad?
Esto no debiera ser tomado tan a la ligera. Podemos estar en contra de tal medida por considerarla recaudatoria, ilegal o simplemente molesta. Pero lo que no se puede aceptar es que por intrigas y presiones un asunto de interés público sea resuelto, únicamente a partir de lo que deciden esos grupos organizados según sus estratagemas y conveniencias, y no lo que fue comprobado fehacientemente o lo que de verdad es conveniente para la ciudadanía.

LOS PATOS Y LAS ESCOPETAS
¿Qué dirá ahora Alberto Esteva, que hace unos días dijo que si el Ayuntamiento lo pedía, ellos le “ayudarían” a desalojar a los comerciantes del zócalo? ¿Creerá que así puede seguirse lavando las manos, como si la seguridad fuera sólo una atribución del Ayuntamiento?

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