Excusa legal y conflicto de interés, inexistentes en la práctica

Reto presidencial; lograr que esto no sea otro elefante blanco

En un país como el nuestro, en el que en la costumbre jurídica y administrativa del gobierno —en sus tres ámbitos, y en los tres poderes— no es común la noción del deber de excusarse, y de identificar el conflicto de interés como un elemento ético del servicio público, la primera gran batalla que debe dar el presidente Enrique Peña Nieto para limpiarse la cara, es la de realmente instaurar entre sus funcionarios la noción y la cultura del deber moral de participar en actividades públicas en las que ellos no sean juez y parte, o —simple— abstenerse de intervenir en ellas.
En efecto, el martes pasado el Presidente anunció cambios en su gabinete, y giró la instrucción de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indague si hubo o no conflicto de interés en la relación que existe entre la asignación de obra pública al grupo HIGA, y la adquisición, de su esposa y del Secretario de Hacienda, de bienes inmuebles a través de líneas de crédito otorgadas por esa misma empresa.
El anuncio, y la investigación que pudiera realizar la SFP, de entrada parecen llenas de lagunas, primero porque en México no existe una noción y una cultura clara sobre la necesidad de no generar conflictos de interés entre el servicio público y las actividades privadas; y segundo, —que es lo más importante— porque tampoco existe el marco jurídico adecuado para llevar a cabo esa práctica, que paradójicamente debiera ser más deontológica que jurídica.
Y es que en México la práctica de excusarse, no existe. Pues a reserva de equivocarnos, en los años recientes sólo hemos visto dos casos en los que servidores públicos se han excusado de participar en temas propios de sus funciones por la posibilidad de incurrir en un posible conflicto de interés. El primero fue voluntario, por parte del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, cuando se discutió la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Televisa”.
El segundo, que fue obligado, fue el que ocurrió el año pasado, cuando la diputada federal del PRD, Purificación Carpinteyro, se vio obligada a excusarse de participar en la Comisión legislativa que dictaminaría las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, luego de que se dieran a conocer grabaciones en las que ella mencionaba la posibilidad de utilizar información privilegiada para intervenir en un negocio de telefonía, a partir de su conocimiento previo de cuáles serían las nuevas reglas del sector.
En el caso del ministro Cossío Díaz, éste solicitó al pleno de la Corte excusarse de participar en la discusión sobre la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, debido a que anteriormente, cuando no integraba aún la Corte, él había hecho pronunciamientos específicos sobre ese tema. Esta ha sido, quizá, la manifestación más acabada y civilizada, sobre el posible conflicto de interés que puede nacer ya no digamos por haber sido empleado o socio de una empresa sobre la cual se debe tomar una decisión de Estado, sino simplemente por haber emitido opiniones previas.
Y en lo que respecta a Carpinteyro, ésta se vio obligada a excusarse del debate en materia de telecomunicaciones, “con el único interés de no enturbiar el proceso de debate, discusión y votación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones”, luego de la divulgación de audios en los que abordaba la posibilidad de iniciar un negocio que compitiera con Televisa. Vale la pena destacar que entre estos dos ejemplos de servidores públicos que se han excusado de participar en debates que se relacionan con sus actividades privadas, existe una distancia enorme: el ministro Cossío Díaz lo hizo voluntariamente, y adelantándose a cualquier cuestionamiento posterior.
Pero en el caso de Carpinteyro, si no se hubieran divulgado las grabaciones referidas, ella sí habría participado en los debates, habría votado los dictámenes —ella era la Presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones— y también habría participado en la votación final de dichas normas. Así, en el momento en que ella hubiera iniciado el negocio que mencionaba, habría generado un evidente conflicto de interés entre su participación en la confección de la ley, y la utilización de esa información para arrancar un negocio con ventaja frente a sus competidores.

TEMA ÉTICO, NO JURÍDICO
El presidente Peña Nieto instruyó a que en la SFP se establezca una Unidad Especializada en Ética y Prevención del Conflicto de Interés, y que a partir de ahora sea deber de todos los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles casos de conflicto de interés. Esto en realidad parece una vuelta más a la tuerca del burocratismo y del gatopardismo, porque la detección del conflicto de interés debe ser —como vimos en el caso del ministro Cossío— voluntaria y anticipada frente a un caso concreto, y no necesariamente un asunto de declaraciones previas y formatos que bien pueden ser evadidos y testimoniales, como hoy en día lo son muchas declaraciones patrimoniales de servidores públicos que no reflejan el total de sus propiedades y riquezas, y mucho menos la forma en cómo las obtuvieron.
De ahí parte el señalamiento de que éste debe ser un tema deontológico. Es decir, un tema ético, que no es común en el servicio público mexicano, que en todo este tiempo no se ha caracterizado por los autocontroles —y menos por los de tipo ético o moral—, sino por el cumplimiento de las normas una vez que se establecen mecanismos de sanción en contra de quien incumpla. E incluso frente a ello, también somos testigos de que las normas relacionadas han sido como las telarañas: sólo los insectos pequeños (en este caso, los servidores públicos) se quedan atrapados en ellas, mientras que los grandes simplemente las rompen.
Así, no es alentador el panorama. Ojalá que en este debate participe el Congreso, demostrando voluntad para aprobar pronto las normas que regulan a la Comisión Nacional Anticorrupción, que sorprendentemente —o deliberadamente— fue uno de los grandes temas sospechosamente “olvidados” en el Pacto por México.

¿Y OAXACA?
Aquí la persecución a la corrupción está reducida al maniqueísmo: todos en el pasado fueron corruptos, y hoy nadie lo es. Al menos eso queda reflejado ante la inexistencia de “sanciones ejemplares” para alguno de los muchos funcionarios corruptos de la actualidad.