¿Otra vez la seguridad de Oaxaca quedará en manos de Robledo?

Con URO, Rueda, Quezadas y Alan; hoy podría ser Julián Leyzaloa

Sería muy paradójico que en materia de seguridad pública, la historia en Oaxaca fuera cíclica. Pues ante la renuncia de Alberto Esteva Salinas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se ha mencionado la posibilidad de que sea nombrado como relevo un militar en retiro de nombre Julián Leyzaloa. De confirmarse, esto implicaría el regreso a Oaxaca de los servicios de asesoría en materia de seguridad pública del controvertido almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien tiene amplios antecedentes no sólo con el actual grupo gobernante, sino que también prestó servicios a la administración del gobernador Ulises Ruiz.
En efecto, tan luego se difundió la renuncia de Esteva Salinas, comenzó a correr el rumor de que Leyzaloa podría ser el nuevo titular de la SSP. Esto se atajó provisionalmente ante el anuncio de que el encargado del despacho de dicha Secretaría sería el actual comisionado de la Policía Estatal, Víctor Amado Alonso Altamirano. Sin embargo, entre una y otra posibilidad existe un mar de antecedentes que vale la pena ser revisados para entender lo que hoy ocurre ante la incertidumbre de en quién recaerá el cargo que dejó vacante Esteva Salinas.
Leyzaloa es cercano al grupo de trabajo del almirante Robledo, que trabajó codo a codo con varios de los integrantes —y sus mentores políticos— del actual gobierno cuando éstos tenían responsabilidades en la Secretaría de Gobernación, en tiempos en los que el ex gobernador Diódoro Carrasco era titular de esa dependencia federal. Varios de esos personajes regresaron al gobierno de Oaxaca cuando Gabino Cué ganó la gubernatura. Particularmente, uno de ellos, Roberto Pedro Martínez Ortiz, no recibió ningún cargo pero sí tuvo la posibilidad de enviar a dos de sus discípulos —Marco Tulio López Escamilla y Manuel de Jesús López López— a ocupar las responsabilidades de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Procuraduría de Justicia, respectivamente.
Esto pudiera llevarnos a pensar que Robledo y Martínez Ortiz integran el mismo grupo, porque tienen antecedentes políticos en el mismo punto de origen (que es el diodorismo). La diferencia, sin embargo, se centra en que mientras Martínez Ortiz continuó teniendo presencia a través de la gente que formó en el servicio público y en tareas policiales, Robledo Madrid intentó la vía de la prestación de servicios profesionales de asesoría en materia de seguridad pública a las entidades federativas, y a su vez continuó ocupando cargos públicos, destacando entre ellos el de Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y de director de la Policía Federal Ministerial, en la PGR.
Esa combinación de funciones y servicios privados ejercida por Robledo Madrid —que hoy que el término está de moda, bien podría constituir un evidente conflicto de interés— tuvo su origen en que él fue parte del grupo que, junto con Genaro García Luna, constituyeron todo el modelo policial que rige en la federación actualmente, y se hicieron de padrinos políticos poderosos, como el ingeniero Carlos Slim, a quien le compraron toda la tecnología para la implementación de Plataforma México. Con esos antecedentes, Robledo pudo “vender” a las entidades federativas réplicas del modelo policial federal a las entidades federativas, a través de servicios de asesoría en materia de seguridad pública. Esa fue la ruta que utilizó el estado de Oaxaca, en tiempos de Ulises Ruiz, para la implementación de la migración jurídica y técnica de la Secretaría de Protección Ciudadana a la Secretaría de Seguridad Pública en 2009.
El problema es que, al vender el modelo policial a estados como el nuestro, el despacho del almirante Robledo Madrid no únicamente pedía un pago económico como el que se hace frente a la prestación de cualquier servicio profesional, sino que además solicitaba que fueran ellos quienes suministraran al personal de mando que ocuparía las posiciones principales de la dependencia encargada de la seguridad pública, y que fuera a través de ellos como se ejercieran los recursos destinados a ese rubro.

RUEDA, QUEZADAS, ETC…
Así fue como llegaron al gobierno de Oaxaca Javier Rueda, Jorge Alberto Quezadas y Alan Loren Peña Argueta; el primero como secretario de Seguridad pública; el segundo como Comisionado de la Policía Estatal; y el tercero como Director de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los tres eran enviados del despacho de Robledo Madrid, y los tres ejercieron a plenitud —con todo y sus excesos y debilidades— los cargos que les fueron conferidos, hasta el final del gobierno de Ruiz en 2010.
Hoy esa historia podría repetirse, si no fuera porque pareciera que al interior del grupo gobernante hay una abierta puja por ver quién vence. Julián Leyzaloa parece ser la carta que ofreció el despacho de Robledo Madrid, quien a través de su despacho, estaría intentando conseguir un nuevo contrato para la prestación de servicios de asesoría, y como en el pasado, también estaría tratando de suministrar mandos para operar la estructura policial que él mismo creó hace algunos años, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana desapareció, para dar paso a la SSP que estaba homologada con los estándares federales que también se siguen utilizando.
Sin embargo, hoy parece tener la oposición del grupo de Roberto Pedro Martínez Ortiz, quien estaría impulsando a Víctor Alonso Altamirano para ser ratificado como titular de la SSP. Esa fue una posición que perdió cuando López Escamilla dejó la dependencia y le fue entregada a Esteva Salinas. Alonso Altamirano —que llegó al servicio público con Martínez, pero que luego sobrevivió en la PGJE gracias a la identidad que forjó con el grupo de Jorge Franco— sería una vía posible para recuperar la Secretaría para dicho grupo. Al final, parece que no existe una decisión tomada. Pero lo que sí se puede ver es que en esto todo parece reducirse a una historia cíclica que sólo parece estar dando una vuelta más de varias que ya hemos visto los oaxaqueños.

CONSENSOS
Al margen de sus grillas, sería bueno que los diputados gritaran menos y escucharan más. El secretario General de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, lanzó un llamado urgente en su comparecencia: urge revisar a fondo la Ley Orgánica Municipal, para evitar que los conflictos domésticos de los municipios sigan impactando en la gobernabilidad. Ese es un tema sustantivo que bien valdría la pena revisar, si hubiera más interés en hacer algo edificante para Oaxaca.