¿Por qué el gobierno insiste en inexistencia de la sociedad civil?

+ El camino: exigir que la clase política responda a la ciudadanía

Desde hace mucho tiempo, ha sido el propio gobierno quien ha desalentado la idea de que la “sociedad civil” existe. Dice eso porque al gobierno organizado lo que le conviene siempre es una sociedad atomizada e incapaz de unirse en torno a causas o asuntos públicos y legítimos. Sin embargo, el riesgo que enfrenta hoy el propio Estado es que esa sociedad desorganizada, está también enojada. Y si la inconformidad no se encauza, entonces dentro de poco no quedará otro camino más que el de la violencia.
En efecto, en México ha habido un desaliento constante hacia la idea de la sociedad civil, porque el gobierno ha insistido en que ésta es en realidad una capucha de grupos que intentan ser una oposición irracional. A partir de esa idea, el binomio gobernante (gobierno y partidos políticos) han construido todo un entramado que hoy les permite tener el control del rumbo del Estado. Ese armazón está hecho para detentar el monopolio de las decisiones trascendentes. El problema es que dicho andamio fue construido en tiempos y para tiempos en los que también podían tener el control de la opinión pública. Y esos tiempos se acabaron.
Habría que diferenciar no los escándalos de corrupción, sino el tiempo en el que ocurren. Hace ya varias décadas, por ejemplo, que Carlos Hank González acuñó frases como “un político pobre, es un pobre político”, o la relativa a que él anhelaba hacer fortuna a través de la política, pero que al hacerlo “se pasó”. Esas, evidentemente, eran muestras fehacientes —y hasta socarronas— de la noción intrínseca de que en toda actividad política había provecho y corrupción, pero la diferencia de entonces con ahora es que antes la sociedad estaba aislada, y los medios de información tradicionales podían ser controlables para que eso no despertara inconformidades a gran escala.
Esos tiempos se acabaron. La masificación de la comunicación y la información permitieron una nueva relación entre la sociedad y el poder, en la que en medio ya no hay nadie y tampoco hay límites. Por esa razón, desde hace tiempo el gobierno dejó de ser capaz de controlar a la opinión pública, e incluso se estableció un nuevo parámetro en el que es menos rechazado permitir que se diga lo que sea, a intentar controlar a pequeños segmentos de la opinión general. Lo primero refleja un signo de apertura —incluso con sus riesgos—, mientras que lo segundo revela una intención manipuladora que frente a espacios incontrolables (como las redes sociales) se revela como intolerante, incapaz, desorientada y arcaica.
El problema es que, en el caso de México, la masificación de la comunicación eliminó muchas de las barreras de la manipulación y la censura, pero en cambio no se contribuyó en nada a la construcción de una sociedad participativa en los asuntos públicos. En lugar de eso, lo que se hizo fue una simulación en la que los propios partidos comenzaron a impulsar satélites supuestamente ciudadanos, que intentaron tener un rostro civil (es decir, apartidista) pero sólo para respaldar o rechazar intereses que eran paralelamente convenientes para los partidos políticos, y no para hacer identidad con la ciudadanía.

HACER CIUDADANÍA
En una concepción simple, un asunto es público cuando atañe a todos. Esa idea es la que debería hacer a la ciudadanía involucrarse en los asuntos del Estado, cuando éste —es decir, quienes están a cargo de materializar las funciones del Estado— demuestra su incapacidad para abordar ese problema. Hoy México se encuentra en una verdadera situación de crisis, no sólo por los hechos de Iguala o por las revelaciones de corrupción de las altas esferas del poder, sino sobre todo porque la clase política no ha alcanzado a responderle a la ciudadanía de la manera que ésta espera frente a las imputaciones de corrupción. ¿Qué hacer entonces?
La respuesta tendría que estar en la necesidad de construcción urgente de más ciudadanía. Es decir, de más noción entre la gente común de que también puede incidir en las decisiones que toma el Estado, a través de la manifestación de sus ideas, y de la multiplicación de éstas para impactar en la toma de una decisión obligando a la clase política a hacerlo. Hoy, por ejemplo, los mexicanos rechazamos frontalmente la corrupción de nuestras autoridades. Pero la clase gobernante no han tenido la altura de miras suficiente para responder a esa inconformidad ciudadana, con medidas suficientes para apaciguar la exigencia de respuestas.
Si hubiera un sentido más previsor de lo que se gana y se pierde en medio de una crisis, entonces tendría que ser el propio Estado quien debiera estar estimulando la conformación de una sociedad civil organizada y sólida, para hacer los contrapesos que necesitan y darle a los cambios institucionales la dimensión y la legitimidad que requieren. Al hacerlo así estaríamos entrando en una nueva fase de cambios obligados pero consensados, en los que la clase política ciertamente perdería discrecionalidad y estaría obligada a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, pero sin poner en riesgo su propia permanencia en las esferas de poder.
Sin embargo, en realidad nada de esto ocurre. Más bien, el Estado está sometido por los intereses de quienes lo tienen bajo su control, y por su resistencia a emprender el viaje rumbo a los cambios institucionales —y contribuir a la construcción de sociedad civil—, está provocando más riesgos de los que pueden ver. La ciudadanía, desorganizada y atomizada, no está empujando en un mismo rumbo, y muchos podrían incluso apostar por la violencia como una forma de generar cambios. Todo esto es posible, y se alimenta de la incapacidad de la clase gobernante para leer correctamente los tiempos, y tomar decisiones trascendentes basadas en ello.
Finalmente lo que parece es que la clase política está llevando sus lealtades mutuas hasta la ignominia. Y que eso está poniendo en un predicamento mayor al propio Estado, que si no cambia, dentro de poco tampoco será capaz de contener las expresiones de inconformidad que hoy en día ya descansan en el propio descrédito, y la inmovilidad, de la clase gobernante.

¿GOBERNABILIDAD O AMBULANTAJE?
Es una pregunta que nadie se responde, frente a lo que pasa en el Centro Histórico con los ambulantes que protege la Sección 22 del SNTE. ¿Por qué no viene Gobernación a enfrentar esta parte del problema magisterial, que ellos no sólo no han atendido, sino que han profundizado?