No hay razón para seguir manteniendo el monopolio del transporte

Trasporte Publico

+ Liberarlo, una solución que es atajada por todos los que perderían

La posibilidad de “liberar” el transporte público concesionado en Oaxaca, ha sido más un amague político que una posibilidad técnicamente explorada por las autoridades estatales. Aunque el de transporte debiera ser un servicio especializado, tecnificado y competitivo, resulta que en Oaxaca también es rehén de las ambiciones políticas de grupos y personajes que no ven la conveniencia de un mejor servicio, sino la oportunidad de lucrar —económica y políticamente— con esa actividad.
En efecto, en su primera plana de ayer jueves, TIEMPO señalaba la urgencia de considerar la posibilidad de liberar el transporte público. Esta tendría que ser una propuesta serenamente valorada por las autoridades, ante la incesante afirmación de los empresarios del transporte urbano y suburbano —y qué decir de los taxistas citadinos y foráneos— de que esa actividad ya dejó de ser negocio, y que por eso deben ser los usuarios quienes deben pagar más por un servicio que no mejora, y que tampoco reconoce sus propias áreas de oportunidad.
Pues resulta que Oaxaca tiene, como lo decía la propia nota de TIEMPO, uno de los servicios de transporte público más caros y deficientes del país, ya que mientras en Oaxaca el costo por pasaje es de seis pesos, la tarifa del pasaje en autobuses urbanos en la mayoría de los estados de República se ubica en un promedio de 6 pesos, como lo estableció el Gobierno de Oaxaca desde el año 2013 en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.
¿Cuál es la diferencia? La calidad del servicio que se presta a cambio de esa tarifa. Y es que de acuerdo con una consulta realizada por reporteros de este diario, el pasaje más económico es cobrado en el estado de Chiapas, donde la tarifa es de 5 pesos y se presta con unidades de lujo. El boleto tiene un costo de 6 pesos en Cuernavaca, Morelos; también en Guanajuato, Sonora, Chihuahua, el Estado de México y Aguascalientes. En Puebla, donde la ruta es más larga, pues alcanza los 60 kilómetros, el costo del pasaje sigue siendo de 6 pesos.
Hoy el transporte público de pasajeros en Oaxaca clama por un servicio que, dicen, ya no es negocio. En un primer momento podría creerse que, en efecto, el servicio no es costeable. El problema es que la mayoría de los concesionarios locales se han empecinado en seguir teniendo un modelo empresarial anticuado, que fue productivo hace varias décadas, pero que no puede seguir siéndolo en las condiciones actuales. ¿De qué hablamos?
De que en Oaxaca, salvo muy contadas excepciones, casi la totalidad de las concesiones se encuentran atomizadas en poseedores que, solos, no pueden ser competitivos. Concretamente, aquí cada concesionarios es, en general, dueño de dos, tres o cinco unidades, con las cuales no logra salir adelante. ¿Por qué? Porque esa actividad, como todos los negocios en los que las inversiones son importantes, debe ser producto de un esfuerzo conjunto de competitividad y mejora continua para no caer en el rezago y las pérdidas.
Incluso, suponiendo que la posesión de las concesiones de transporte urbano y suburbano estuvieran así de atomizadas como en la realidad, la respuesta tendría que estar en las agrupaciones de concesionarios. El problema es que esas supuestas “grandes empresas” de transporte público se convirtieron más en cotos de poder —que se dedican a venderle a los concesionarios una especie de “derecho de piso” para la operación de sus unidades, y que con ese mismo garlito los manipulan para cuestiones políticas— que en verdaderos detonadores de mejores condiciones para sus agremiados.
De hecho, hoy en día en Oaxaca es bien conocido que, por ejemplo, dos de las más grandes cooperativas de transportistas urbanos y suburbanos de la capital, enfrentan graves problemas financieros por los créditos que tienen pendientes de cubrir con el fisco federal, y por sus pasivos laborales y con proveedores. Eso tiene, literalmente, con un pie en la cárcel a varios concesionarios que, sin embargo, continúan exigiendo que sean los usuarios quienes paguen por sus deudas malos manejos financieros.
En esas condiciones, esas empresas no pueden ser soporte, sino son un lastre, para el transporte público que no puede entrar a un proceso de modernización o competitividad, porque nadie tiene recursos para invertir; porque no permiten el ingreso de otros inversionistas interesados en la actividad; y porque ellos mismos se niegan a un reordenamiento que les permita tener condiciones equitativas de servicio y evite que unos se beneficien desproporcionadamente frente a otros que están a punto de la quiebra.

LIBERAR EL TRANSPORTE
La liberación del transporte, a grandes rasgos, significa eliminar el duopolio que hoy tienen, por un lado, las empresas de transporte urbano y suburbano; y por el otro, las organizaciones de taxistas; para someter al transporte público a una autorregulación. Es decir, a abrir el mercado para que cualquier persona que, a la luz de un estudio de factibilidad, tenga la capacidad de ofrecer satisfactoriamente el servicio de transporte público, se le otorgara una concesión.
Y con ello, no sería el Gobernador quien perdería tanto poder sobre el transporte público, como las organizaciones de concesionarios y trabajadores del volante, que son los que, en buena medida, definen actualmente el modo en que son repartidas las concesiones, y de ese modo manejan y presionan a los trabajadores del volante —que tras 15 ó 20 años de trabajo, aspiran a acceder a tener su propia unidad concesionada—, para que respalden sus decisiones y hagan lo que ellos ordenan.
Quienes también perderían son los políticos, partidos y funcionarios que a pesar de la gravedad del problema del transporte público, siguen insistiendo en utilizarlo como uno más de los elementos de presión política en contra del Estado. No es raro que el transporte responda siempre a intereses de ese tipo, y que buena parte del control se centre en la discrecionalidad que sigue existiendo en el otorgamiento de concesiones, y la facilidad que esto da para la corrupción en el sector.

¿ESPERAR QUÉ?
Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Qué espera la autoridad para comenzar a considerar este tipo de propuestas? Oaxaca merece un transporte no de lujo, pero sí digno. En el horizonte hay mucho más que sólo “ataúdes rodantes”. El problema es que aquí todos se resisten a verlo.