+ Derechos de los oaxaqueños, pisoteados impunemente por todos
El gobierno federal se ufana de haber logrado, en menos de una semana, conseguir que los profesores de la Sección 22 del SNTE regresaran del Distrito Federal a Oaxaca. Lo que no dijo es cómo lo consiguió, y mucho menos que la condición para su retiro de la capital del país, fue el sostenimiento, en Oaxaca, de sus acciones de protesta que, al final, no hacen sino continuar lastimando de forma estéril los derechos comunes y personales de los oaxaqueños.
En efecto, la semana pasada fue de locos en la Ciudad de México por las protestas del magisterio oaxaqueño. Durante tres días, la capital del país fue asediada por profesores de la Sección 22 del SNTE, que fueron a exigir a la Secretaría de Gobernación el cumplimiento de diversas demandas relacionadas con sus salarios y las condiciones en que realizan su trabajo. Concretamente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, le interesaba ir a la capital a continuar negociando la capitulación en su favor, de la reforma educativa que habría de ser implementada por el gobierno federal.
Al final, la Coordinadora y la Sección 22 consiguieron una victoria aplastante sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desde el segundo día de actividades de la Coordinadora en la Ciudad de México, la comisión negociadora de la Sección 22, y las autoridades federales, así como el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, acordaron que la Federación regularizaría los pagos a los profesores oaxaqueños que aún no habían cobrado sus quincenas. Y sólo después de que el gobierno federal acordó negociar con la 22 otros temas, éstos decidieron regresar a Oaxaca. ¿Qué temas quedaron pendientes?
Entre éstos se encontraban nada menos que los temas de la ley educativa de Oaxaca, así como de las 45 escuelas que aún permanecen en poder de la —disidente de la disidente—Sección 59, así como la posibilidad de abrir un diálogo para exigir la liberación de los profesores Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva y Leonel Manzano Sosa, así como de los activistas Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano y José Ambrosio Martínez, acusados del secuestro de los hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. No obstante, el acuerdo más importante que alcanzaron los profesores oaxaqueños con el gobierno federal —y que no se quedó en expectativa, como otros temas— fue el de no permitir la evaluación que contempla la nueva legislación educativa para los trabajadores de la educación.
Esto, como lo apuntamos en líneas anteriores, constituye la capitulación —la rendición total— del gobierno federal en favor de la Coordinadora y la Sección 22 del SNTE. El triunfo total se lo llevaron los maestros, porque lograron la parte del acuerdo que hacía falta, primero para que les reintegraran su salario a todos los profesores a los que aún no les transfiere el pago íntegro de sus quincenas el gobierno federal —hasta hoy, a nadie le ha descontado por inasistencias—; y segundo para dejar claro que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca en los términos que establece la ley, sino en los que negociaron los maestros y el gobierno federal.
La victoria parcial —si es que se le puede llamar victoria— que se llevó el gobierno federal… fue simplemente la de conseguir que la ciudadanía de la capital de la República no se irritara más de lo que ya estaba, logrando que los maestros oaxaqueños volvieran a Oaxaca lo antes posible, así fuera al costo de entregarles todo lo que se supone que les habían quitado con la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, y que se supone que como uno de sus asuntos torales, eliminaría el control del sindicato sobre los trabajadores de la educación.
LOS DERECHOS, PISOTEADOS
En ese contexto, los profesores acordaron que se irían de la Ciudad de México, y ya a nadie más le interesó saber y conocer el plan de acción que trazaron para los días de la post protesta en la capital del país. Y resulta que los maestros de Oaxaca resolvieron venir a seguir protestando aquí en Oaxaca.
Seguirán con sus paros intermitentes, con sus marchas de protesta y, sobre todo, con sus acciones beligerantes cada que tengan algún tema nuevo que abordar frente al Gobierno del Estado o el federal. Esencialmente, decidieron mantener el plantón que tienen desde el mes de julio del año pasado en el zócalo de la capital oaxaqueña, independientemente de que éste ya no tenga ninguna razón de ser.
De eso no se interesó el gobierno federal, como tampoco de que como un accesorio del plantón en el primer cuadro de la capital oaxaqueña los profesores insistan en llevar vendedores ambulantes que son cobijados por cobradores de piso y extorsionadores profesionales; al gobierno federal no le interesó que el primer cuadro de la ciudad —su comercio, su actividad turística y, sobre todo, los derechos de la ciudadanía— se vean trastocados gravemente.
Para el gobierno federal, con el solo hecho de que ya no estén a la vista parece suficiente, sin importarles que lo que no se vive en la capital del país sólo se viene a reflejar en Oaxaca, y que lo justo sería que los maestros se fueran definitivamente a seguir trabajando, en lugar de sostener protestas supuestamente preventivas.
¿Quién se preocupa, entonces, porque la ciudadanía —los oaxaqueños, los habitantes, los que caminamos día a día en esas calles ocupadas; los que no podemos hacer nuestras labores cotidianas porque la ciudad es un caos; los que han perdido su trabajo por la falta de actividad económica; los que están a punto de perder sus inversiones y cerrar sus comercios— podamos tener a salvo nuestros derechos mínimos a vivir con tranquilidad y paz, y a disfrutar de los espacios públicos que, por ese solo hecho, son de todos y no únicamente de los maestros?
El gobierno federal no se ocupa de nada de eso. No se ocupa del ambulantaje, de la inseguridad, y de todos los problemas que trae aparejado el hecho de que ellos hayan enviado de regreso a los maestros a Oaxaca para que, con su victoria, continúen presionando hasta conseguir lo poco que aún les hace falta por ganar.
COCHUPOS
¿De verdad era tan necesario que Freddy Gil le diera un librazo a José Zorrilla durante su comparecencia? ¿A quién le convenía más que éstas se suspendieran indefinidamente? Con el paso de los días, lo que se deja ver es que la supuesta agresión no fue más que un montaje para terminar anticipadamente la “evaluación anual” de los funcionarios estatales.
