A nadie debería sorprenderle que en nuestro estado haya tantas ex autoridades que son, al mismo tiempo, corruptas e impunes. Esa, que es una combinación malévola para el Estado de Derecho, es una constante en Oaxaca ante la incapacidad de las instituciones para cumplir con sus fines de perseguir y castigar efectivamente la corrupción. Los casos de Luis Ugartechea, José Julio Antonio Aquino, y varios más, son sólo sintomáticos de esa situación de corrupción e impunidad que nadie, dentro o fuera del poder, se atreve a enfrentar.
En efecto, en su edición de ayer miércoles, TIEMPO informaba en su primera plana que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los ex Ediles de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, Luis Ugartechea Begué y José Julio Antonio Aquino, respectivamente, “desaparecieron” en su gestión más de 30 millones de pesos. Ugartechea más de 20 millones de pesos y José Julio diez millones.
Así, se decía que, por ejemplo, en la gestión del ex alcalde panista de Oaxaca de Juárez, recursos por 4 millones 901 mil pesos fueron sustraídos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, entre otros quebrantos. Y la ASF precisó que cuando el municipio fue administrado por Ugartechea Begué no se dispuso de un adecuado sistema de control interno que permitiera identificar y atender los riesgos que limitaban el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría.
Igualmente, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en la gestión de José Julio Antonio Aquino, ex edil de Santa Cruz Xoxocotlán, se “desaparecieron” 10 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) sin que la autoridad municipal justificara su destino. Lo que parece más grave es que a pesar de que hubo diversos requerimientos para que Antonio Aquino comprobara los recursos, éste nunca lo hizo. Y lo peor es que hoy en día en el municipio no existe registro e información contable porque los recursos no fueron registrados, administrados, aplicados, ejercidos y destinados como lo establece la norma, y tampoco el ex edil presentó documentación comprobatoria de gasto.
¿Qué significa todo esto? Que, con toda frialdad, corrupción e impunidad, las ex autoridades evadieron responsabilidades y hoy intentan justificar dinero que, desde el inicio, podrían no haber gastado correctamente. La Auditoría Superior de la Federación determinó esos faltantes debido a que no hubo la documentación comprobatoria de esos recursos y tampoco pudo establecerse claramente el destino que se les dio.
Esa sola situación ya genera una responsabilidad importante para las ex autoridades. Pero ello no necesariamente implica que éstas vayan a ser de verdad castigadas, o que se integren expedientes judiciales tendientes a castigarlos. En el fondo, lo que hace falta es más que simple voluntad y cualquier solución debe pasar por reformas a la ley para dejar la ominosa práctica de que el único castigo por los quebrantos cometidos sea la denuncia y el repudio públicos.
REVISIONES SIN CAUCE
En el ámbito estatal llama la atención que, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado únicamente establece un programa anual de auditorías, en las que lleva a cabo revisiones a un porcentaje (reducido) de entes auditables, y todos los demás —los que no tuvieron la suerte o la desgracia de la auditoría— queden en una situación de “perdón” fáctico por los posibles malos manejos, y que tampoco exista la posibilidad de reconocer a quienes en una revisión sí habrían podido salir bien librados.
Lo más grave es que aún existiendo las auditorías y habiendo podido determinar quebrantos, ello no signifique que las autoridades omisas o corruptas puedan terminar en prisión. ¿Por qué? Porque como lo informaba TIEMPO hace algunos días, la Auditoría Superior tampoco tiene capacidad de ejercer acción penal a través de la integración de averiguaciones previas que debieran corresponder a los posibles actos de corrupción, y porque la Procuraduría General de Justicia no cuenta con capacidad de procesar todas las denuncias de corrupción que le hace la ASE, y llevarlas ante un juez para tratar de imponer sanciones.
El asunto es más complejo de lo que parece. Como bien sabemos, la Auditoría Superior no tiene capacidad para auditar a todos los entes susceptibles de una revisión (es decir, los 570 municipios, además de las dependencias del gobierno estatal, los poderes Legislativo y Judicial, las empresas paraestatales, los órganos autónomos, y demás instituciones que reciben o funcionan con fondos públicos); luego, tampoco tiene capacidad para revisar a fondo a todos los entes a los que sí audita, debido a que la insuficiencia de personal no les permite invertir todo el tiempo y personal requerido para revisiones verdaderamente a conciencia.
Y como si algo faltara, tampoco tiene la posibilidad de ser la ASE quien pueda instruir por sí misma acción penal en contra de las autoridades, o ex autoridades a las que les haya determinado quebrantos o irregularidades. Debe hacerlo a través de la Procuraduría de Justicia, que hoy en día no cuenta con todo el personal específicamente capacitado que debiera necesitar para integrar todas las averiguaciones que le remitiera la Auditoría. Y todo eso se vuelve un conjunto de cuellos de botella que al final lo que hacen es impedir toda posibilidad de que se aplique la ley a quienes resultaron con una responsabilidad administrativa o judicial por su desempeño público.
Esto parece patético, porque ese conjunto de fallas se vuelven también una invitación abierta para que cualquiera intente aprovecharse del presupuesto público, a sabiendas de que difícilmente habrá de ser castigado u obligado a reintegrar lo que mal gastó. Eso explica la existencia de tantas ex autoridades que primero gozaron de los beneficios económicos que les dio la corrupción, y hoy gozan de impunidad frente a las autoridades.
A NADIE LE IMPORTA
Lo peor es que hoy en día esta es una discusión que aunque le preocupa mucho a la ciudadanía, a la autoridad no le genera la más mínima empatía. Estos son temas que no se discuten en el Congreso, no se impulsan en el Ejecutivo, y tampoco preocupan en el Judicial. Pareciera que, como en otros muchos casos, todos ellos están coludidos para protegerse y para llevar a la quiebra al Estado de Derecho.
