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+ Padres piden permanencia internacional; a EPN le pega condescender
Es una verdadera paradoja que hoy el principal cuestionamiento que los organismos de investigación internacional, y los propios padres de los normalistas desaparecidos, le hacen al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto, sean justamente los relacionados con la decisión presidencial de no ventilar ninguna hipótesis que relacionara a los estudiantes de Ayotzinapa con la delincuencia organizada. Es una paradoja que eso ocurra, pero es necesario reflexionar seriamente sobre las consecuencias institucionales que puede traer la insistencia general, de que sean organismos ex profeso, y no la justicia ordinaria, este que indague este abominable asunto.
En efecto, el jueves el presidente Peña Nieto sostuvo un segundo encuentro con los padres de los normalistas desaparecidos, que no terminó ni en concordia, ni en entendimiento, ni en una mejor posición para el gobierno federal. En la reunión, el Presidente se comprometió con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a que no habrá “carpetazo” y las investigaciones se mantendrán hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.
Además, Peña Nieto ordenó a la PGR crear la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y giró seis instrucciones, a saber: Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar; sumar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; que se continúen los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos.
La cuarta instrucción fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014.
La quinta instrucción presidencial fue que, atendiendo la recomendación del Grupo de Expertos, la PGR integrará un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, en el cual podrá participar, si así lo acepta, el especialista José Torero; la sexta orden es la creación de la fiscalía para búsqueda de desaparecidos.
De todo esto, lo más relevante es que el Presidente prácticamente se allanó a la exigencia de que se creara una instancia específica para investigar los hechos, e incluyó al GIEI, que sistemáticamente ha sido un detractor de la investigación del gobierno federal, paradójicamente a partir de que denunció que la PGR había abandonado la línea de investigación relacionada con el llamado “quinto autobús” que podría explicar los hechos pero que involucraría a los normalistas con la delincuencia organizada.
Desde hace meses, el gobierno federal decidió no seguir esa línea de investigación —y desde noviembre del año pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam, así lo señaló— que (casi por decreto) no había ninguna relación entre los normalistas y el crimen y que por ende no se sugeriría ninguna línea de investigación al respecto para no ofender a los padres de los desaparecidos.
INSTANCIAS EX PROFESO
Los padres de los normalistas entregaron un documento al Presidente, en el que plantean exigencias muy puntuales, comenzando por pedir que dicho documento no se analice, sino que se asuma. Llaman la atención algunas cuestiones. En especial, el punto 3 de dicha carta, que a la letra dice lo siguiente:
“3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria:
“a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora; b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos; c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia; d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense; e) Presente periódicamente los avances de la investigación; f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos; g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula; h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.
“Sin esas condiciones, es imposible cumplir con el replanteamiento recomendado por los expertos. Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ExGobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ExProcurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ExProcurador, Jesús Murillo Karam; del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría” (http://bit.ly/1NRWTTW).
DESCONFIANZA, POR DOQUIER
No deja de llamarnos la atención que haya tanta disposición federal en este asunto. Como lo apuntamos en nuestra entrega anterior, más bien parece que el gobierno federal tiene enormes ganas de quitarse la carga de encontrar, comprobar y decir la verdad. Por eso quiere incluir a grupos internacionales. La intención es que le crean. Pero en el intento está ahondando la desconfianza en las instituciones investigadoras de nuestro país.
