+ Combate a la corrupción debe partir de los municipios, no de la federación
Estamos a pocas semanas de que arranquen de nuevo las campañas para elegir autoridades municipales en Oaxaca, y es preocupante que no exista prácticamente ningún avance en la implementación del sistema anticorrupción. Preocupa no sólo por la parálisis del Congreso del Estado para hacer su trabajo, sino sobre todo porque mantener la legislación estatal tal y como se encuentra ahora, significa mantener una enorme puerta abierta a la corrupción y la discrecionalidad entre las autoridades municipales que no siempre están comprometidas con la honestidad y el trabajo a favor de sus comunidades.
En efecto, en Oaxaca parece que vivimos en un círculo vicioso, en el que no puede haber un mayor ejercicio de transparencia y fiscalización de los recursos que reciben las autoridades municipales, porque la gran mayoría de éstas sigue sin respetar las disposiciones relacionadas con la entrega de cuentas a la instancia fiscalizadora del Congreso del Estado. Como ello no ocurre, entonces la Auditoría Superior del Estado se ve en gran medida imposibilitada de hacer una revisión integral de las cuentas públicas municipales. Y ello genera un primer vacío de corrupción que, lamentablemente, tampoco se llena con el trabajo de rectificación legislativa que debieran estar haciendo los propios diputados locales.
En ese sentido, resulta que la Cuenta Pública es un documento fundamental para la rendición de cuentas, porque es nada menos que el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales, presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Por eso, si la Cuenta Pública es un documento esencial para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados.
Así, la única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.
¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.
Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN “MOCHO”
A nivel federal, todavía no existe una legislación secundaria que haga operativo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que resultó de una reforma a la Constitución federal realizada hace casi un año. Como el SNA no tiene aún forma legal, sólo existen los elementos constitucionales que, por el mismo mandato de la reforma, debieron ser reflejados en las constituciones locales.
En el caso de Oaxaca ya se creó un sistema anticorrupción pero no con los alcances que el mismo Ejecutivo proponía para hacer más ágil y posible la presentación ante la justicia de las autoridades municipales y estatales corruptas. De hecho, tal pareciera que en el fondo se sigue procurando la debilidad estructural de la Auditoría Superior del Estado, a la que no se le han brindado las atribuciones necesarias para ser ésta misma quien tenga la posibilidad de iniciar acciones penales —una cuestión que claramente debe ser discutida, por los alcances que representa y el doble filo que en un momento pudiera constituir como una herramienta de amedrentamiento político— en contra de las autoridades sobre las que tenga información sobre actos indebidos, y tampoco se ha hecho una adecuación correcta de los principios que establece el SNA a nivel nacional.
En ese sentido, la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad en el ejercicio de la fiscalización son fundamentales para un mejor trabajo de cualquier auditoría del país, que ahora ya no debe esperar a la fiscalización de ejercicios concluidos, y tener sólo un año de plazo para revisar las cuentas municipales…
Pero todo se queda en un problema casi tan grave como la antigua existencia de esas limitantes, como lo es el hecho mismo de que cada año la ASE en Oaxaca tiene menos recursos para realizar auditorías. Ese es un problema material de gran calado, que ni el gobierno ni el Poder Legislativo han querido enfrentar, porque pareciera que es una forma de mantener de fondo la debilidad del órgano fiscalizador.
ASE, DÉBIL
La Auditoría Superior sólo puede revisar anualmente a unos 100 municipios, de los 570 que existen. Es así porque ni poniendo a todos sus empleados, a todos, a hacer una auditoría por municipio, por empleado, le alcanzarían para cubrir el universo de entes auditables que tiene ante sí. Todo eso parece que nadie lo ve. Pero es una cuestión que mientras no se resuelva, seguirá generando una puerta abierta a la corrupción, que cada año deja enojados —e indefensos, para variar— a miles de oaxaqueños frente a sus autoridades municipales.
